Análisis

Joaquín Aurioles

Andalucía y las cuestiones de Estado

Susana Díaz pide centrar la campaña en temas andaluces y además carga contra los que hablan mal de Andalucía. Es decir, que deberíamos sacar de la campaña las disputas que deben resolverse en Madrid o Barcelona, pero no para concentrarnos en problemas tan enquistados como el paro, la educación o la sanidad, porque cuando la crítica y la denuncia se mezclan con intereses electorales en nada contribuyen, parece decir, a mejorar el bienestar de los andaluces y atentan contra su dignidad.

Se suceden estos días las visitas de líderes nacionales que sólo coinciden en Andalucía en elecciones, acompañados de su artillería política. Incluso el Gobierno celebró su último Consejo de Ministros de octubre en Sevilla, como se había anunciado en verano. No sirvió, como se había prometido, para abordar en profundidad los principales problemas de la comunidad, pero ha servido para cargar todavía más de razones a la demanda de Díaz de mayor compromiso con los problemas locales a quienes vengan a hacer campaña. Se equivoca, en cambio, en su doble pretensión de, por un lado, acallar las voces críticas con un modelo político con evidentes señales de agotamiento, tanto por su fracaso en sacar a Andalucía de su atraso secular como por su incapacidad para frenar el deterioro de los servicios públicos fundamentales, y, por otro lado, de presentar como ajenos a los intereses inmediatos de los andaluces algunos de los problemas más candentes a nivel nacional. En particular, los que tienen que ver con el futuro modelo territorial del Estado, en cuya definición final Andalucía debe asumir un importante protagonismo en defensa de la equidad y la resistencia contra los privilegios asimétricos.

La mayoría de las dimensiones del problema territorial en España pueden resumirse en dos. Una es la coordinación política, que obviamente implica encontrar una solución definitiva al papel del Senado como cámara de representación territorial, pero también otras cuestiones más inmediatas, como la garantía de lealtad institucional y la defensa del multilateralismo como marco general de interlocución política entre comunidades y con el estado, aunque compatible con un espacio para el bilateralismo en aquellas cuestiones que sean de interés exclusivo de una comunidad. La otra es la financiación de las autonomías, seguramente la principal fisura en el edificio autonómico, cuando debiera ser uno de los pilares fundamentales de su estructura.

Aunque dedicaremos las próximas tribunas al análisis detallado de ambas cuestiones, creo que conviene llamar la atención sobre la cautela de Díaz al respecto. Su llamada para alejar de la campaña debates sobre temas no estrictamente andaluces choca con su robusto posicionamiento político en defensa de un modelo de estado equilibrado y equitativo, que no solo es acogido favorablemente entre los andaluces, con independencia de ideologías, sino también por otros líderes territoriales de su partido. Puede que se trate de evitar el posible perjuicio electoral de un conflicto interno dentro del PSOE o quizá de un simple aplazamiento estratégico, hasta que la campaña entre en su fase de máxima ebullición.

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