Al fin, tras el confinamiento obligado por el estado de alarma, estando en una fase de mayor laxitud, con las consabidas necesarias precauciones, el próximo jueves día 2 de julio, se inaugurará en el ECCO la exposición: 10 de marzo de 1820. Los mártires sacrificados por la tiranía.

Se trata de recordar una tragedia olvidada y sufrida por la ciudad hace 200 años, que tuvo en aquellos momentos, por lo impactante y traumático, un amplio eco nacional e internacional.

Aquel funesto 10 de marzo, mañana de viernes de cuaresma, se realizaban los últimos retoques del tablado que el Ayuntamiento había encargado instalar en el centro de la plaza de San Antonio, para lo que debía ser la inminente jura de la Constitución por parte de las autoridades civiles y militares. A tal efecto, y como era lo propio, se había convocado festivamente a la población a un acto largamente esperado. En el escenario de la inmediata tragedia, nadie, absolutamente ninguno de los ciudadanos, civiles y algunos militares allí congregados, podían imaginar el giro que daría la anunciada celebración. La asistencia multitudinaria se debía a la convocatoria lanzada por el propio cabildo municipal, de acuerdo con el capitán general de Andalucía y máxima autoridad real en aquellos momentos, Manuel Freire. Dicho acto fue también publicitado en el Diario Mercantil en aquel mencionado día.

Los balcones, azoteas y miradores de las casas del perímetro lucían engalanadas con colgaduras y otros motivos alusivos. En la fachada de la iglesia San Antonio, se había colocado una lápida provisional en la que se podía leer, como antaño, el nombre de “Plaza de la Constitución”, denominación que ostentó dicho recinto público antes que el Rey derogase el reiterado ordenamiento jurídico.

La actitud de la máxima representación real sobre la jura fue en todo momento, como ya se ha dicho, en multitud de ocasiones, indecisa y oscilante. Sin oponerse, pero sin intención de asistir al solemne acto. Adujo la necesidad de recibir las oportunas órdenes desde Madrid para su incondicional apoyo. Tampoco contribuyó a su clarificación el que estuviese de continuo acompañado del que fuera desde tiempo atrás el máximo aparato represor liberal local: Alonso Rodríguez Valdés, teniente de Rey y gobernador interino político y militar de Cádiz, y el general de la guarnición Álvarez Campana, ambos decididamente realistas y contrarios a cualquier osadía constitucional. Sin ir más lejos, muy cerca de su memoria se situaba el frustrado levantamiento del coronel Santiago Rotalde. Coincide gran parte de la historiografía de uno y otro signo, el clima de animadversión ‘in crescendo’ existente entre la tropa y la población de Cádiz. Un campo abonado para encender la chispa de los más desmedidos desmanes.

Sin esperar el comienzo de la función, antes de las doce del mediodía, apareció lo inesperado. La irrupción en la plaza del batallón de Guías (cuartel de La Bomba) por la calle Veedor, al igual que iban desembocando también por otras vías los de La Lealtad y milicias provinciales de Jerez y Sevilla, disparando por doquier y arremetiendo con las bayonetas y sables sobre el gentío, que huía desesperadamente en todas direcciones, siendo perseguidos, cazados y heridos con saña. No se escaparon de la sinrazón aquellos que estaban asomados desde los vanos de los entresuelos a los miradores, todos eran dianas perfectas para el fuego de los fusiles de la insubordinada soldadesca. No se discriminaron edades ni sexos. Los expedientes de socorros que generó la constituida Comisión de Limosnas desde el día 11 de marzo que el Archivo Municipal de Cádiz conserva aportan multitud de testimonios de lo que fueron aquellos días 10 y 11, continuando en mucho menor medida el 12 y el 13.

He aquí un informe del médico cirujano José de Castro: “Certifico que Tomás Gutiérrez anciano mayor de 80 años, fue herido de un bayonetazo en la frente en la mañana del diez de marzo y aunque se haya cicatrizada la herida, tiene escalofríos, mareos, y zumbido en los oídos, lo que denota conmoción del cerebro o derrame. Estos síntomas sobre una edad avanzada pueden tener funestas consecuencias”. O esta instancia de un vecino que quedó viudo: “Juan Barosela, vecino del nº 104 del barrio del Ave María, y viudo de Petrola Villadoma, a V. S. con el debido respeto expone: la irreparable pérdida que sufrió el desgraciado día 10 de marzo, que por uno de los asesinos fue muerta de un balazo en la casapuerta de su casa, en ocasión de bajar abrir a su marido, el que en aquel acto salió a solicitar el Santo Óleo que no pudo recibir, acaeciendo también de haberlo robado en el camino varios soldados llamados (indebidamente) de la Lealtad”. Salir a la calle para realizar cualquier tarea cotidiana suponía jugarse la vida si eras alcanzado por la ira de aquella milicia ebria y deambulante. Antonio Alcalá Galiano contaba en sus memorias que el silencio sepulcral que invadió a Cádiz tan solo era roto a destellos por los gritos de “¡viva el Rey!” y otros de similar tinte, proferidos por aquellos soldados incontrolados.

De suma crudeza resulta la exposición de Micaela Argumedo: “Señor Juez Constitucional, Micaela Argumedo, vecina de esta ciudad en el barrio del Ave María, viuda de Juan Gutiérrez, maestro que fue de zapatero, a v.s. humildemente expone, que retirándose a su casa dicho su marido el día diez de marzo anterior, fue acometido por una tropa de los soldados asesinos, que en aquel día desgraciado iban difundiendo la muerte por todas partes, y después de haber robado a un hijo que le acompañaba porción de dinero que llevaba fruto de algún trabajo de su oficio que había vendido, y maltratado a ambos a golpes de sable, dieron al padre varios en el cuerpo y algunos en la cabeza con las coces de los fusiles, de los cuales le resultaron vehementes dolores que pasó hasta el día diez del mes actual, que murió tan repentinamente a los 64 años de edad, que no pudo recibir los Santos Sacramentos, llenando de amargura y desconsuelo su familia, que consternada y sin recursos...”.

El sábado día 11, en el que continuaron los desmanes, el gobernador accidental de la ciudad, Alonso Rodríguez Valdés, envía un oficio al procurador mayor para que reúna a la corporación municipal “con precisa y puntual asistencia, pues así interesa al mejor servicio del Rey y tranquilidad pública”. El Cabildo concurre a las doce de la mañana, en el que asisten: el conde de Río-Molino, alguacil mayor; Ildefonso Núñez de Castro, regidor perpetuo; los regidores electos: Juan José del Cubillo, Francisco Fernando Muñoz, Martín de Guisasola, Miguel de Robles, José García Ballesteros, Laureano de Oruña y José Manuel Vadillo y Ángel Jiménez; los diputados del común: Clemente Sánchez Resa, Manuel Pérez González, Juan Bautista Vea Murguía y Manuel José de Yrigoyen; los síndicos, procurador mayor y personero, marqués de Casa la Iglesia y Juan Francisco Espelosín. Debió ser una sesión tensa a tenor de su brevedad. Valdés exhortó a los regidores a promover la calma. Paradójicamente los soldados no se calmaron hasta el 14. En la misma sesión, por primera vez, paralelamente a los muertos y heridos que siguen cayendo en las calles, se acuerda “formar una suscripción para socorrer a las familias de los muertos el día diez”. Se nombra al efecto una comisión que componen Cubillo, Vadillo y síndicos. No se tratan más asuntos.

En la sesión de cabildo siguiente, celebrada el día 13, de nuevo, el gobernador de la ciudad manifiesta una orden del capitán general de la provincia, Manuel Freire, en la que informa sobre el Real Decreto dado en Madrid el 7 de marzo. Se trataba de la jura constitucional, “interina”, provisional, de Fernando VII a una Junta provisional “compuesta de personas de la confianza del pueblo”. Más tarde la efectuaría ante Las Cortes.

Las víctimas, hombres, mujeres, ancianos y niños, aún no han sido cuantificadas de manera exacta por la historiografía. Estas víctimas, en su gran mayoría, contabilizadas a través de los expedientes de socorros, pertenecen a familias con escasos recursos, con lo que imaginamos que un recuento exacto pasaría necesariamente por la consulta de otras fuentes. El 27 de septiembre, el Ayuntamiento constitucional publica un edicto en el que da noticia de las cuantías y los repartos efectuados. En dicho edicto se inserta un estadillo con el número de familias beneficiadas (49) divididas en clases según necesidades de cada una. En el mismo estadillo constan también las familias de los heridos (154) con los montantes globales de limosnas repartidas. Y sabemos que fueron muchos más.

La exposición, cuya inauguración quedó temporalmente en suspenso por la epidemia de coronavirus (covid-19), constituirá una muestra y avance de uno de los objetivos de análisis que el Archivo Municipal se ha marcado durante el presente año, la reorganización, nueva descripción y posterior digitalización de la documentación relacionada con estos sucesos y la elaboración de un catálogo.

Dicha exposición cuenta con el apoyo y organización técnica de la Delegación Municipal de Cultura, colaborando otras instancias dependientes del Ayuntamiento y particulares, como la Fundación Joly, Biblioteca de la Academia Hispanoamericana, Biblioteca Municipal, Museo de Las Cortes y Onda Cádiz TV. El evento pretende rendir tributo y modesto homenaje a esos vecinos de Cádiz que se convirtieron, sin quererlo, en protagonistas de aquellos trágicos e indignantes sucesos que trascendieron el ámbito local y el suelo peninsular y que fueron recordados durante el resto del siglo XIX y primer tercio del XX. Y no queremos olvidar a los hospitales, facultativos médicos cirujanos ( adscritos a la Armada Nacional) que prestaron una eficaz y pronta asistencia a tantos agredidos, además de los múltiples gestos de ayuda fraternal y solidaria que mostró en todo momento la ciudadanía gaditana.