La Zona de Bajas Emisiones de Sanlúcar costará 430.000 euros en 2026

El pasado lunes se celebró en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda un pleno en el que se debatió una cuestión urgente y trascedente para el futuro de la ciudad. Hace tres meses, el Consistorio hizo publico el borrador de la nueva normativa que regulará la Zona de Bajas Emisiones que afectara al Barrio Alto de Sanlúcar, una zona altamente transitada y céntrica de la localidad. Cabe recordar, por encima de cualquier debate, que se trata de una medida de obligado cumplimiento bajo el Real Decreto 1052/2022, que regula que debe existir una ZBE en todo municipio cuyo población supere los 50.000 habitantes.

Pese a ello, la oposición ha tumbado la primera intentona de Carmen Álvarez (IU), que gobierna en minoría con siete concejales de 26 posibles tras la salida del PSOE del pacto de coalición por un motivo, el cual, volvió a salir a la luz en el último pleno. La alcaldesa ha rehuido de explicar, debatir o negociar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones con el resto de partidos municipales y agentes sociales, pese a un intento el pasado mes de julio de un Consejo de Medio Ambiente que finalmente fue cancelado porque Ecologistas en Acción y Comisiones Obreras no podían asistir. Ahora, 90 días después, Álvarez pidió a los grupos de la oposición votar a favor a través de una nota de prensa en las horas previas al pleno amparándose en "responsabilidad y en cumplimiento de las normativas europea, estatal y autonómica". Como era de esperar, los 19 concejales que suman PP, PSOE y VOX, votaron en contra.

La mayor controversía del debate se vivió entre los antiguos socios de gobierno, IU y PSOE, tras la intervención de Víctor Mora, ex teniente de alcaldesa y ex alcalde de Sanlúcar, acusando a la regidora de mentir a los sanluqueños. En el propio pleno, Mora mencionó un informe de la Delegación de Movilidad en el que se afirma el requerimiento mínimo de 380.000 euros para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones. Además, el mantenimiento anual ascendería a unos 40.000 euros, por lo que, para 2026, harían falta 420.000 euros para que la ZBE eche a andar.

En declaraciones a Diario de Cádiz, el portavoz socialista recordó que en julio el interventor alegó que no era necesario un informe económico porque no generaba costes, “pero ahora nos encontramos con un documento que recoge una cifra aproximada entre 400.000 y 500.000 euros”. En este sentido, denunció que no hay partida presupuestaria ni se ha explicado de dónde saldrá ese dinero, “ni tampoco existe un informe del interventor que le dé validez”.

Mora también cuestionó la ausencia de medidas de apoyo a las familias que puedan tener dificultades para adaptarse a la ZBE: “No sabemos si se tiene previsto algún tipo de ayuda, subvención o reducción de impuestos”. Según añadió, “en junio no había estudio económico, pero en septiembre nos llega este documento con esas cifras; entendemos que debe haber un informe de Intervención y concretar de qué partida presupuestaria se va a coger, porque en los presupuestos actuales no hay ninguna que lo recoja”.

El socialista vinculó esta situación con la ruptura del pacto de coalición: “La alcaldesa no quiso acceder a los fondos europeos de 15 millones de euros porque decía que se requería un informe del interventor y de la secretaria general para 200.000 euros que debía de poner el Ayuntamiento. No entendemos cómo para 200.000 sí hacía falta y ahora para medio millón de euros, no”. Además, en el informe de Movilidad se afirma que se recaudarán entre 15.950 y 31.900 euros anuales en multas por la ZBE, una cifra que está muy lejana a la necesaria para costear el desembolso inicial y de mantenimiento.

Pese a que la ZBE es una actuación obligada por ley, el PSOE desconfía de la gestión de Álvarez para reunir a los portavoces y negociar su implantación. "Con siete concejales se ha instalado en el ‘ordeno y mando’, en la amenaza y en la imposición. No tenemos ninguna esperanza en que quiera tratar este tema. Lo volverá a llevar al pleno, saldrá que no y hará ruedas de prensa victimizándose. No esperamos más que eso”, concluyó el ex socio de la alcaldesa.

Multas de 200 euros por circular por la ZBE

Pese al voto en contra de la oposición, la Zona de Bajas Emisiones está prevista que se instale en un plazo de cinco meses al tratarse de una normativa estatal que, de incumplirse, podrían acarrear sanciones para la localidad. Carmen Álvarez ha asegurado en más de una ocasión que su implantación sería progresiva y gradual. En la memoría económica de la Delegación de Movilidad se detallan las sanciones para los usuarios que incumplan la medida: "Acceder a la ZBE sin autorización se considera infracción grave de tráfico (art.76.z3 del RDL 6/2015), sancionada con 200€ (100€ por pronto pago)".

Como ya se reflejó en el borrador de la ordenanza, la ZBE tendrá ocho puertas que prácticamente rodean el Barrio Alto sanluqueño: calle Baños; calle Banda Playa, San Diego, calle Mar, calle Correos, Fariñas, Eguiliz y Nuevo Mundo. De esta forma, la ordenanza regula el acceso a la Zona de Bajas Emisiones clasificando los vehículos según su impacto ambiental: solo los que tengan etiqueta de la DGT podrán circular libremente, mientras que los más antiguos y contaminantes quedarán restringidos. El control es más estricto de lunes a sábado entre las 8:00 y las 15:00, cuando solo se permite el paso a transporte y reparto con etiqueta B o superior, y fuera de ese horario el acceso se limita a vehículos autorizados o registrados. La norma incluye excepciones para residentes, personas con movilidad reducida, servicios de emergencia, trabajadores con garaje en la zona y vehículos extranjeros que cumplan estándares, además de prever autorizaciones temporales para casos puntuales.