La oposición bloquea la ZBE en Sanlúcar por falta de información y negociación

El gobierno de IU advierte de que el rechazo deja a la ciudad en incumplimiento legal y pone en riesgo subvenciones estatales y europeas

PP, PSOE y Vox critican la ausencia de consenso, la falta de informes económicos y el coste estimado de 500.000 euros para su implantación

Sanlúcar respirará futuro con la esperada y tardía Zona de Bajas Emisiones

Pleno ordinario de septiembre en el Ayuntamiento de Sanlúcar.
Pleno ordinario de septiembre en el Ayuntamiento de Sanlúcar.
Manuel Reina

30 de septiembre 2025 - 17:23

La oposición en bloque tumbó este lunes en el pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda la aprobación inicial de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), propuesta por el Gobierno local de IU en cumplimiento de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a implantar este tipo de medidas. El Ejecutivo defendió la ordenanza como un paso necesario dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, subrayando que su aprobación no es “un capricho, sino una exigencia legal” y que el rechazo deja a Sanlúcar en situación de incumplimiento normativo, con el riesgo de perder fondos europeos y estatales destinados al transporte público y otras ayudas vinculadas a la transición energética.

El delegado de Movilidad y Tráfico, Narciso Vital, insistió en que la ZBE suponía un avance en el modelo de ciudad, con aplicación progresiva, excepciones para residentes, trabajadores, vehículos de emergencia, servicios esenciales o personas con movilidad reducida, y un régimen sancionador limitado a las infracciones graves. La alcaldesa, Carmen Álvarez, lamentó la postura de PP, PSOE y Vox, a quienes acusó de bloquear una obligación legal que afecta al conjunto de la ciudadanía.

Desde la oposición, los tres grupos coincidieron en criticar la falta de consenso y la ausencia de informes económicos detallados. El portavoz socialista, Víctor Mora, denunció que el Gobierno local intentaba “imponer” la ordenanza sin negociar ni explicar las consecuencias para los vecinos, a los que, dijo, se expondría a multas de hasta 200 euros o a la necesidad de cambiar de vehículo. Añadió que el coste de implantación alcanzaría los 500.000 euros y acusó a la alcaldesa de haber impedido en el pasado la solicitud de una subvención de 15 millones de euros, detonante final para la salida del grupo socialista del pacto de coalición.

Por su parte, el portavoz del PP, Juan José Marmolejo, aseguró que el proyecto carecía de participación y planificación, y reprochó al Gobierno municipal que pretendiera hipotecar al Ayuntamiento sin información suficiente ni partida presupuestaria. La portavoz de Vox, Carmen Infantes, calificó la ZBE como una medida “clasista” que “perjudicaría a quienes no pueden permitirse cambiar de coche” y aseguró que se trataba de “una excusa para poner multas”.

El rechazo de la ordenanza deja en suspenso la puesta en marcha de la ZBE en Sanlúcar. El gobierno municipal ha reiterado su voluntad de volver a presentar la propuesta, mientras que la oposición mantiene que no dará su apoyo sin negociación previa, transparencia e informes económicos que respalden la viabilidad del proyecto.

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