El Tribunal Supremo confirma el archivo de la causa contra los altos mandos de la Guardia Civil por el caso Barbate

El Tribunal Supremo ha confirmado el archivo de la causa contra los altos mandos de la gc por el caso Barbate y decidido inadmitir los recursos de casación presentados por varias familias afectadas en el procedimiento de las diligencias previas 60/2024, instruidas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate. Confirma así el sobreseimiento libre decretado inicialmente por la Audiencia Provincial de Cádiz. La decisión, fechada el 2 de octubre de 2025 y firmada por el magistrado Leopoldo Puente Segura, implica el cierre definitivo de la causa, sin posibilidad de recurrir por la vía ordinaria.

La resolución rechaza los recursos de casación interpuestos por las procuradoras Laura Cuevas y Antonia María Domínguez, en representación de varias denunciantes, que alegaban vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Las recurrentes sostenían que la investigación no había sido “suficiente y eficaz”, y que debían practicarse nuevas diligencias para esclarecer extremos que, a su juicio, permanecían sin aclarar.

Sin embargo, el Supremo concluye que el auto de sobreseimiento no es susceptible de recurso de casación, al no haberse llegado a formular una imputación formal contra persona alguna durante la instrucción. En consecuencia, entiende que no concurren los requisitos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija para recurrir un sobreseimiento libre en esta vía extraordinaria.

“Ni hubo auto de transformación a procedimiento abreviado, ni acto equivalente a procesamiento que señalara hechos, norma penal y autor concreto”, recoge literalmente la resolución.

El Alto Tribunal recuerda que la casación solo es posible cuando exista una resolución judicial previa que identifique hechos presuntamente delictivos y a sus autores, lo que en este caso no se produjo. También reitera que esta inadmisión no vulnera el derecho de acceso a la justicia, puesto que la cuestión ha sido valorada “por dos instancias judiciales”.

La Sala impone además las costas a las recurrentes y confirma la pérdida del depósito constituido.

Un caso que no llegó a consolidar imputaciones

El procedimiento que ahora queda definitivamente cerrado se remontaba a marzo de 2024, cuando el Juzgado de Barbate acordó la incoación de diligencias previas a raíz de una denuncia inicial. Tras meses de actuaciones, el juzgado decidió no continuar con la causa al no apreciar indicios suficientes, y acordó el archivo. Esa decisión fue recurrida, pero la Audiencia Provincial de Cádiz, mediante auto de 22 de noviembre de 2024 —posteriormente aclarado y subsanado en diciembre de 2024 y febrero de 2025—, confirmó el archivo y declaró el sobreseimiento libre.

El sobreseimiento libre equivale en la práctica a una absolución anticipada: declara que no hay base para continuar investigando ni juzgando a nadie, y que no se prevé que la situación cambie por nuevas pruebas.

Con la resolución del Supremo, esa decisión queda ahora firme y cerrada.

Barbate, una herida reciente

La decisión judicial se conoce en un contexto en el que Barbate continúa marcada por la tragedia que costó la vida a dos guardias civiles el 9 febrero de 2024, cuando una narcolancha pilotada por Karim El Baqqali arrolló su embarcación. Aquel suceso conmocionó al municipio, a la provincia y al país, reavivando el debate sobre la presión del narcotráfico en el Campo de Gibraltar y los recursos disponibles para combatirlo.

Los agentes David Pérez y Miguel Ángel González murieron cuando una narcolancha embistió la patrullera oficial en la que participaban. Las imágenes del incidente y la detención posterior de varios implicados provocaron movilizaciones, concentraciones y un fuerte impacto político. El Gobierno reforzó temporalmente el despliegue en la zona y se reactivaron reclamaciones históricas de los cuerpos policiales para mejorar medios materiales y legales.

La herida del suceso continúa abierta en Barbate, especialmente entre las familias de los agentes y las asociaciones de la Guardia Civil. De hecho, varias organizaciones profesionales se habían adherido a los recursos presentados en esta causa ahora cerrada —entre ellas JUCIL y AUGC— aunque en este procedimiento concreto no se juzgaban directamente aquellos hechos, sino otra línea procesal distinta.

La inadmisión del Supremo llega, por tanto, en un clima jurídico y social en el que todo lo relacionado con la jurisdicción penal en Barbate se analiza bajo un intenso foco público.

Reacciones: “Un cierre en falso” y “respeto a las garantías”

Fuentes próximas a las familias recurrentes lamentaron la decisión y consideran que se cierra la puerta a esclarecer hechos relevantes. Aseguran que la investigación “no se agotó” y que existían diligencias pendientes que podrían haber arrojado luz. “No pedíamos condenas, solo verdad”, resumen.

Por su parte, fuentes jurídicas consultadas señalan que el Supremo ha aplicado estrictamente la doctrina consolidada: sin imputación formal no hay casación posible. “La casación no es una tercera instancia”, recuerdan.

En círculos profesionales de la Guardia Civil, la reacción es dividida. Algunos portavoces insisten en que el cierre refuerza la sensación de impunidad que se percibe en casos vinculados al narcotráfico en la zona. Otros apuntan a que “el combate real está en la calle: en los medios, en el mar y en las plantillas”.

Un territorio bajo presión

Barbate y toda la comarca del Campo de Gibraltar permanecen en el centro de la lucha contra el tráfico de hachís entre África y Europa. La cercanía con Marruecos, la complejidad de la costa y la capacidad logística de las redes criminales generan episodios de violencia y tensión recurrentes.

Las asociaciones policiales denuncian desde hace años que las bandas actúan con más medios que las fuerzas de seguridad, con narcolanchas de alta potencia, comunicaciones cifradas y reclutamientos locales alentados por el paro estructural.

El Gobierno central ha anunciado reiteradamente planes de refuerzo, pero en el territorio la percepción es que la presión continúa creciendo.

Cierre definitivo

Con la decisión del Supremo, este procedimiento judicial queda sin vías de recurso. El auto lo dice de forma literal: “Contra la presente resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno”. El caso se archiva, pero el debate sobre seguridad, justicia y desprotección en Barbate sigue abierto.