Un robo millonario que propiciaron "negligencias graves"

Los funcionarios del Ayuntamiento isleño que estaban al frente de la caja de efectivo hasta hace cuatro años, Clemente Ruiz y María José Lebrero de Celis, continúan siendo los principales sospechosos de la desaparición de 7,8 millones de euros de las arcas municipales que ocurrió entre 2002 y 2009.

Ayer, durante la celebración del juicio contable que dirime el Tribunal de Cuentas, ambos cajeros -principales imputados también en la vía penal- volvieron a quedar en el punto de mira durante la vista que se desarrolló en Madrid. La Fiscalía arropó las conclusiones del abogado del Consistorio isleño al exigirles responsabilidades directas por la millonaria cantidad que se ha esfumado de las oficinas locales de Hacienda. Les reclama la restitución de casi todo el dinero desaparecido en San Fernando: hasta 7,6 millones de euros -algo menos de la cantidad inicial- puesto que hay una parte que considera que ha prescrito.

Pero también se insistió durante la vista en la conducta negligente del resto de demandados, a los que se les piden responsabilidades subsidiarias en distinto grado (conforme a su puesto en la Administración y al tiempo que ha estado al frente del mismo). Especialmente, de los interventores -a Rafael Monzón y, sobre todo, a José Antonio López Fernández- y de la tesorera, María de las Virtudes Gómez Montero.

La Fiscalía, en este sentido, fue incisiva y puso en evidencia el descontrol que había en la caja de efectivo y, en este sentido, el caótico funcionamiento del área de Tesorería e Intervención al advertir que el robo pudo haberse detectado con antelación si los arqueos se hubiesen llevado a cabo correctamente, si los saldos se hubiesen conciliado, si las grandes cantidades acumuladas en avales se hubiesen depurado antes. Con un simple examen de las hojas de caja que anotaban la contabilidad, y que supuestamente Clemente falseó a diario podría haber salido a la luz el robo, se llegó a decir ayer durante la vista que se celebró en Madrid. A juicio del fiscal, el retraso de la contabilidad que argumentan reiteradamente estos funcionarios superiores no justifica que no se aplicaran debidamente los mecanismos de control. En sus conclusiones, llegó incluso a afirmar que tesorera e interventor intentaban justificar lo ocurrido "con la excusa de los avales".

Tras la responsabilidad directa de los cajeros, el juicio contable insistió en este otro aspecto: la "negligencia grave" de unos y otros -que llegó a decir el representante legal del Ayuntamiento y el fiscal- y que propició la desaparición del dinero. Claro que estos argumentos tuvieron su réplica: el abogado del interventor le recordó que era fácil hacer estas afirmaciones con la contabilidad al día y con la documentación que un proceso de dos años había puesto sobre la mesa.

La vista, por otro lado, no deparó grandes sorpresas. Ninguna de las partes demandadas se sacó un conejo de la chistera para explicar cómo pudo llevarse a cabo un robo millonario de manera diaria y sistemática sin que nadie se diera cuenta, esquivando todas las rutinas de control y sin que en siete años -entre 2002 y 2009- saltara en ningún momento la alarma. Tampoco acertaron a decir a dónde fueron a parar los casi ocho millones de euros que se esfumaron de las arcas municipales.

Antes bien, uno y otro se aferraron a los consabidos argumentos que se vienen escuchando desde hace más de cuatro años para rehuir cualquier tipo de responsabilidad ante lo ocurrido en las oficinas del área de Hacienda en La Isla, lo que hizo también que a menudo incurrieran en grandes contradicciones, sobre todo al referirse al funcionamiento de la caja y a la dinámica de los mecanismos de control.

Los cajeros, de un lado, recordaron una vez más que el desfase existente en la caja era de todos conocido en el Ayuntamiento de San Fernando desde hacía años sin que en ningún momento se hiciera nada por poner en orden las cuentas; interventores y tesorera apuntaron nuevamente a la falta de recursos humanos y materiales y al notorio retraso que arrastraba la contabilidad municipal, lo que camufló e hizo posible el robo durante tan largo periodo; y los alcaldes -que prácticamente pasaron de puntillas por el juicio a pesar de lo controvertida que ha sido su inclusión en la demanda- advirtieron otra vez que era imposible que se hubiesen dado cuenta de algo que no sólo había pasado desapercibido anteriormente a los funcionarios responsables del control y custodia de los fondos sino que incluso venía refrendado y validado previamente por éstos.

Pero, aunque las declaraciones de uno y otro aportaron pocas novedades tras cuatro años y medio a vueltas con el desfalco, sí añadieron detalles en torno a un suceso que, literalmente, puso patas arriba al Ayuntamiento y se convirtió en un auténtico tsunami cuyas consecuencias todavía hoy golpean a la política municipal y soliviantan a la ciudadanía isleña.

Llamó la atención que tesorera e interventor aludieran en la vista al enfrentamiento que tuvieron con la anterior concejala de Hacienda, Mercedes Espejo, tan solo un día después de salir a la luz el robo de la caja de efectivo -el 1 de abril- porque ésta se empeñaba en reabrir el servicio a toda costa aun cuando se desconocía en aquellos momentos -aunque ya se temía- la dimensión real de lo ocurrido.

También que ambos, tesorera e interventor, reconocieran que habían advertido a la Cámara de Cuentas de la existencia de un defase en la caja de efectivo cinco meses antes de que saliera a la luz el robo, en noviembre de 2008, justo cuando sus técnicos iban a comenzar los trabajos de campo rutinario en las oficinas de Hacienda para comprobar que todo estaba en orden. El desfase se atribuía a los avales que supuestamente se contabilizaban en la caja y que no se habían puesto al día debido al retraso que acumulaba la contabilidad municipal.

Esto era algo sabido pero no que, al no cuadrar las cuentas, se optara por poner a cero la caja a principios de 2009. Fue entonces cuando se advirtió la falta de dinero de las arcas municipales. Inicialmente, los 480.000 euros que el primer día se dijeron que habían sido sustraídos de la caja y que propiciaron la detención de los dos funcionarios que estaban a su cargo. Luego, la cifra ascendió hasta los 7,8 millones de euros que dejaron boquiabiertos a los ciudadanos. Sin embargo -dijo el interventor- si en esos primeros meses de 2009 no hubiese habido menoscabo, no se podría haber detectado el alcance de la caja. Era -insistió- prácticamente imposible descubrir el robo cuando la contabilidad no estaba al día.

Ambos, además, recordaron que el principal sospechoso, el funcionario Clemente Ruiz, gozaba del más alto nivel de confianza entre sus superiores, tanto que en ocasiones puntuales llegó incluso a sustituir al interventor cuando anteriormente era el tesorero del Ayuntamiento.

Por su parte, los cajeros declinaron cualquier tipo de responsabilidad en la desaparición del dinero. Clemente aludió a los diversos filtros y controles que a diario pasaban las cuentas y que nunca llamaron la atención de nadie, ni de compañeros ni de sus superiores. Todos sabían las claves de todos y las llaves del llamado cajetín estaban a la vista de forma que cualquiera de la oficina pudo haberlas cogido. Y su compañera, María José Lebrero de Celis, puntualizó al ser interrogada que nunca vio nada extraño, que nunca vio a Clemente llevarse dinero y aseguró que, si lo hubiera visto, lo hubiese denunciado. Eso sí, también aclaró que de contar el dinero en las oficinas de Hacienda se dedicaba en exclusiva él solo.