La revisión catastral a la que se han visto sometidos los inmuebles de Chiclana ha llegado justo en el peor momento. Al menos eso deben pensar las 15.000 familias que en el transcurso de los próximos ocho o diez años se van a ver inmersas en el proceso de regularización de viviendas que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Chiclana para normalizar la situación urbanística.

Y es que esta revisión catastral, que alcanza incrementos de hasta el 2.100 por cien en algunos puntos del extrarradio, va a repercutir directamente en las cantidades que los propietarios deberán abonar para regularizar o, lo que es lo mismo, legalizar sus viviendas.

Los propietarios de las viviendas que se regularizarán deberán hacer frente a pagos que bien podrían dividirse en cuatro bloques diferentes.

El primero de ellos estaría referido al costo propio de urbanización. Esto es, asfaltado, instalación de alumbrado público, construcción de las redes de saneamiento y abastecimiento, etcétera.

El segundo bloque abarcaría la cesión del diez por ciento de los aprovechamientos urbanísticos, una norma establecida a nivel nacional. En el caso de las Áreas de Gestión Básica resulta prácticamente imposible, o cuando menos muy complicado en algunas zonas, llevar a cabo cesiones físicas de terreno. En este sentido cabe recordar que la unidad mínima para poder edificar en las AGB, según el Plan General Municipal de Ordenación, es de mil metros cuadrados de parcela. Esto es, para obtener una parcela de esa superficie sería necesario que fuera cedida por un propietario que contara con un terreno de al menos 10.000 metros cuadrados.

Sin embargo, en las AGB proliferan las parcelas de 2.500, 1.000 e incluso 500 metros cuadrados de superficie. Por tanto, la cesión de aprovechamientos se tiene que cuantificar económicamente, en función del valor catastral. El Ayuntamiento, según ha anunciado el delegado de Urbanismo, José Pedro Butrón, va a reducir este porcentaje "al 60 por ciento" como medida de ayuda.

El tercer bloque será lo que deberán pagar aquellos propietarios que se hayan excedido en los aprovechamientos urbanísticos de su parcela, cálculo que se realizará, igualmente, en función del valor catastral.

El último de los pagos será el administrativo, englobándose en este apartado arquitectos, aparejadores, préstamos, etcétera.

Por ello, la Plataforma Vecinal, que engloba a cinco federaciones de vecinos, ha pedido ya oficialmente que se proceda al ajuste de los valores catastrales, ya que los mismos no sólo repercutirán en el incremento del recibo del impuesto municipal de bienes inmuebles, sino que afectará directamente también al proceso de regularización de viviendas, que se localiza además en zonas con fuertes subidas.