Provincia de Cádiz

Cientos de viviendas de Chiclana no podrán acogerse a la regularización

  • Las edificaciones situadas en parcelas inferiores a 1.000 m2 que no estén segregadas legalmente quedarán 'fuera de ordenación tolerada' · No obstante, tendrán servicios básicos

Cientos de viviendas de Chiclana situadas en las Áreas de Gestión Básica no podrán ser legalizadas a corto plazo, a pesar del proceso de regularización que se va a llevar a cabo en este amplio ámbito de actuación. Las damnificadas por esta exclusión serán aquellas que se encuentren situadas en parcelas inferiores a los mil metros cuadrados, que no hayan sido segregadas con anterioridad de forma legal, esto es, sin recurrir a proindivisos, divisiones horizontales o actuaciones similares, y que no sean reconocidas a todos los efectos como tales.

De momento, la Gerencia Municipal de Urbanismo desconoce el número exacto de viviendas que podrían verse afectadas, por cuanto será necesario analizar cada uno de los casos de forma independiente para determinar cuántas se quedarán fuera de ordenación tolerada, catalogación que se les aplicará a estas casas.

En principio, Urbanismo cifra en unas 15.000 el número de viviendas situadas en los 18 millones de metros cuadrados que componen las nueve Áreas de Gestión Básica que se someterán al proceso de regularización, una iniciativa que incluye desde la urbanización de los terrenos hasta la legalización de las viviendas, pasando por la instalación de servicios básicos como alumbrado público, agua potable, alcantarillado, teléfono e incluso Gas Natural.

Estas 15.000 viviendas contarán en un plazo de entre ocho y diez años con esos servicios básicos, pero no todas dispondrán de los documentos que acrediten su condición de vivienda legal.

Esta condición estará limitada a las viviendas asentadas sobre parcelas reconocidas como legales por segregación previa, en el caso de terrenos inferiores a los mil metros cuadrados, o para las que superen esta extensión.

En la actualidad, la unidad mínima reconocida para poder construir una vivienda en las Áreas de Gestión Básica se sitúa en los mil metros cuadrados, según se recoge en el Plan General Municipal de Ordenación, el equivalente al PGOU de otras localidades.

Para que las viviendas que ahora se van a quedar fuera del proceso de regularización puedan ser reconocidas como legales es necesario una modificación en el Plan General, algo que por el momento está totalmente descartado, al menos a corto plazo.

En el caso de llevarse a cabo esta modificación, sería necesario que la unidad mínima para poder edificar se redujera a la mitad, ya que la mayoría de viviendas que se van a ver afectadas por esta exclusión están localizadas en parcelas de 500 metros cuadrados.

En principio, las zonas más afectadas serán las de El Marquesado y la Rana Verde, lugares en los que son frecuentes este tipo de parcelaciones. Precisamente la Rana Verde es la zona por la que se iniciará, salvo cambios de última hora, el proceso de regularización. Incluso ya se ha aprobado la ejecución de los trabajos de instalación de sistemas generales, una iniciativa que beneficiará a unas 1.800 familias y que facilitará el proceso posterior de urbanización de la zona.

A pesar de las limitaciones que impone el proceso de regularización para este tipo de parcelaciones, todas las viviendas tendrán acceso a los servicios básicos e incluso podrán tramitar el alta para el suministro de agua, luz, alcantarillado, gas natural o telefonía.

Estos propietarios participarán en los gastos de urbanización, deberán ceder también el diez por ciento de los derechos de aprovechamiento, que serán contabilizados económicamente en función del valor catastral, y contribuirán, también con dinero, en el caso de que hayan superado las unidades de aprovechamiento.

Sin embargo, no podrán obtener los mismos beneficios que las viviendas legales en cuestión de documentación. Esto es, aquellas viviendas que se queden fuera del proceso de regularización no podrán solicitar en el futuro ninguna licencia de obras, según ha reconocido a este Diario el delegado municipal de Urbanismo, José Pedro Butrón.

Por tanto, los propietarios de estas viviendas no podrán, por ejemplo, solicitar permiso para una ampliación de su casa, para hacer una piscina, construir un trastero, levantar un porche o, simplemente, mejorar su fachada.

Estas actuaciones, además, serán vigiladas con especial celo una vez se ponga en marcha el proceso de regularización. Para ello, la Gerencia Municipal de Urbanismo ya ha anunciado en reiteradas ocasiones su intención de extremar la vigilancia para evitar que sigan proliferando las construcciones ilegales.

Como compensación, no deberán hacer frente a uno de los pagos a los que sí están obligados el resto de propietarios que se someterán al proceso de regularización, como es el correspondiente a los honorarios de arquitectos y aparejadores por la realización del proyecto de la vivienda. Tampoco abonarán los gastos de notaría o cualquier otro derivado de la regularización en sí.

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