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21 de los 33 procesados en el caso Popeye pactan su pena con el fiscal

Entre ellos, el considerado jefe del grupo de vecinos de La Janda dedicado a traficar con hachís

T. Ramos / Cádiz

20 de septiembre 2012 - 05:01

Sólo 11 de los 33 acusados de traficar con hachís que se sientan en el banquillo por el caso Popeye mantienen que son inocentes y tratan de obtener una sentencia absolutoria. La mayoría de los procesados, y entre ellos R.J.F., conocido como Popeye y considerado el jefe del grupo, se han declarado culpables y han pactado su condena con el fiscal.

Son 21 acusados los que se conformarán con la pena pactada entre los abogados defensores y la Fiscalía. Uno de los 33 procesados en este asunto, un marroquí, se encuentra en rebeldía, en paradero desconocido. Salvo ese acusado y otros dos de la misma nacionalidad que él, todos son vecinos de poblaciones de la comarca de La Janda. En su mayoría, del municipio de Barbate.

Señalado para varias jornadas de este mes, el juicio comenzó el pasado día 10 en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Tras ser informado de que 21 procesados optaban por pactar su condena, el tribunal les ha permitido ausentarse de la sala de vistas.

Mientras, continúa la vista oral con la presencia obligada de los 11 acusados cuyos abogados, entre ellos Manuel Montaño, sostienen que no hay pruebas suficientes para poder afirmar con toda seguridad que se dedicaban a traficar con hachís.

La Fiscalía afirma que sí las hay contra todos los 33 detenidos en 2010 en el curso de una operación policial que fue montada con el objetivo de desbaratar un grupo liderado por R.J.F, Popeye, un procesado que cuenta con dos condenas por tráfico de drogas. Una es de hace doce años y otra de 2008.

La Audiencia Provincial prevé que las sesiones del juicio continúen hasta el próximo día 25. Antes, el tribunal oirá algunas de las conversaciones telefónicas que fueron grabadas durante la investigación del caso.

Las escuchas han sido cuestionadas por algunas defensas: consideran que hubo irregularidades, que los pinchazos de algunos teléfonos fueron autorizados sin suficiente respaldo de una investigación previa sobre las personas que iban a ser privadas de un derecho fundamental.

No obstante, el tribunal de la Sección Cuarta que está juzgando este asunto probablemente dará por válidas las escuchas. En principio, según señalan fuentes cercanas al caso, no son apreciables en ellas fallos tan llamativos como los detectados en otras operaciones que sí han dado al traste con investigaciones sobre tráfico de drogas realizadas en la provincia de Cádiz.

La operación que llevó a desmantelar la red de tráfico de hachís liderada por Popeye comenzó de una manera peculiar. A.M.G.S., uno de los acusados, presentó en Barbate, el 17 de diciembre de 2009, una denuncia que originó la investigación que desembocó meses después en la detención de todos los procesados y en la captura de un cargamento de hachís.

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