A juicio la reclamación de 650.000 euros a nueve exediles de Sanlúcar
Exconcejales del PSOE, el PP, el PA, IU y Sanluqueños Independientes comparecen ante el Tribunal de Cuentas para responder por la condonación de deudas de sanciones urbanísticas entre 1998 y 2000
Esta semana se ha celebrado en el Tribunal de Cuentas el juicio por el supuesto menoscabo causado en los fondos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sanlúcar entre los años 1998 y 2000. Un posible alcance que suma en total unos 650.000 euros, incluidos intereses, con nueve exconcejales como supuestos responsables contables directos al haber aprobado, por un lado, el fraccionamiento del pago de sanciones impuestas por infracciones urbanísticas relativas a viviendas de primera y segunda residencia sin el cobro de los preceptivos intereses; y, por otro, las condonaciones de hasta un 40% de deudas por el mismo motivo.
Y es que, según indicaba la Cámara de Cuentas de Andalucía en la fase de instrucción, la Ley General Presupuestaria 47/2003, de 26 de noviembre, prohíbe "la concesión de exenciones, perdones, rebajas o moratorias en el pago de los derechos a la Hacienda Pública, salvo en los casos y en la forma que determinen las leyes".
Los implicados en este caso son, en concreto, los exalcaldes Agustín Cuevas (PSOE) y Juan Rodríguez (PP), éste último ya fallecido; así como los exediles socialistas Rafael García Raposo y Juan Carlos Gómez Villegas, el popular Marco Antonio Caballero, el todavía munícipe del PA Antonio Prats, el exconcejal andalucista Agustín Canto y los también exediles María de los Ángeles Díaz (IU) y José Manuel Silva Barragán, del partido Sanluqueños Independientes.
La mayoría de los aludidos son presuntos responsables contables por su actuación en una de esas tres anualidades. Las excepciones son Caballero, que figura en la supuestas irregularidades de los años 1998, 1999 y 2000; Cuevas, que aparece en las de 1998 y 1999; y Prats, que lo hace en los ejercicios 1999 y 2000. Esa cifra global de alrededor de 650.000 euros resulta de la suma de los más de 130.000 euros correspondientes a 1998, los casi 300.000 euros de 1999 y los cerca de 210.000 euros de 2000. De ahí que difieran las cantidades reclamadas a cada exconcejal.
En todo caso, el reintegro del dinero está planteado de manera solidaria y, por tanto, está sujeto al acuerdo entre los implicados. En caso contrario, se procedería a la ejecución del pago por medio de embargos. De hecho, a la espera aún de una resolución definitiva, en los dos últimos años se ha llevado a cabo un embargo cautelar de propiedades inmobiliarias, coches, motos, nóminas e incluso pensiones de estos exediles.
Al juicio no asistieron Cuevas, García Raposo ni Silva Barragán. La ausencia de este último fue justificada por motivos de salud, por lo que ha sido citado para el 4 de noviembre. También se desplazó hasta Madrid para declarar Verónica Guerrero, la viuda del exalcalde popular Juan Rodríguez. En calidad de testigos lo hicieron varios funcionarios del Ayuntamiento y la Gerencia de Urbanismo, además de la exregidora sanluqueña Laura Seco (PP).
Fuentes consultadas por este periódico apuntaron la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas dicte sentencia antes de final de año. Con todo y con eso, el fallo es recurrible ante el mismo y, en una posterior instancia, ante el Tribunal Supremo.
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