La jueza investiga a un abogado de Chiclana por chantajear a constructores

El Tribunal de Instancia número 6 de Chiclana investiga a un abogado de la localidad por supuestamente extorsionar a varios promotores, constructoras, contratistas y particulares que tenían en marcha proyectos urbanísticos en la ciudad para conseguir, previo chantaje, importantes sumas de dinero.

La jueza instructora sostiene que el letrado interpuso entre los años 2021 y 2022 al menos 24 recursos en los juzgados contra licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Chiclana. Los indicios recabados durante la fase de instrucción de este caso, ya finalizada, apuntan a que el abogado podría haber solicitado diferentes cantidades de dinero a los titulares de los permisos -ocho en total- a cambio de retirarse de los procedimientos judiciales iniciados por él mismo y así obtener un lucro personal. 

En un auto dictado el pasado 13 de enero, recurrido ante la Audiencia Provincial de Cádiz por el investigado, la magistrada le imputa inicialmente tres delitos consumados de extorsión, cinco en grado de tentativa, además de un delito de blanqueo de capitales.

Esta causa nace a partir de la investigación abierta por la Fiscalía Provincial de Cádiz a raíz de la denuncia presentada por una de las empresas supuestamente chantajeada. Así, de las diligencias practicadas hasta este momento procesal se desprende indiciariamente que el abogado investigado tuvo acceso al sistema de información pública sobre las licencias de obras concedidas por el Consistorio chiclanero.

"A fin de enriquecerse injustamente, utilizó dicha información para interponer diversos recursos, al menos 24, contra la concesión de las licencias ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Cádiz y, posteriormente, solicitar a los titulares de dichas licencias un beneficio económico a cambio de desistirse de dichos recursos", explica la jueza en el auto.

Según la resolución judicial que acuerda seguir las actuaciones por los trámites de Procedimiento Abreviado, el abogado "se aprovechó del temor que generaba" la interposición de esos recursos a los constructores, "ya que podía suponer la paralización de las obras hasta su resolución y, por tanto, un importante perjuicio económico".

Posteriormente, en los contactos que se producían entre el investigado y los responsables de las sociedades supuestamente extorsionadas, el primero propondría un acuerdo económico para desistirse y posibilitar que las obras continuaran. El auto especifica que el letrado planteaba pactos para "olvidar el problema" o "solucionar la cuestión".

Tres empresas efectuaron ingresos a favor del abogado: uno de 35.000 euros, otro de 30.000 y un tercero de 24.200 euros. Otras mercantiles y particulares ignoraron las reclamaciones del letrado, que oscilaban entre los 20.000 y los 60.000 euros, especifica la instructora.

"Al objeto de dar apariencia de legalidad a los ingresos económicos y ocultar su verdadero origen", expone el auto, el investigado "exigió" a algunos promotores que firmaran un "reconocimiento de deuda" en el cual se hacía constar que él, a través de una empresa de la que era administrador único, había prestado servicios de asesoramiento jurídico y mediación.

La magistrada titular del Tribunal de Instancia número 6 de Chiclana considera que ya se han practicado las diligencias de instrucción necesarias, "por lo que se ha agotado la fase de investigación y debe adoptarse una decisión sobre la viabilidad o no de un ulterior debate penal". De ahí que concluya que los hechos imputables al abogado puedan ser constitutivos de tres delitos consumados de extorsión, cinco delitos de extorsión en grado de tentativa y un delito de blanqueo de capitales.

Obra en la causa la documentación relativa a los recursos que habría interpuesto el investigado en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 1, 2. 3 y 4 de Cádiz entre octubre de 2021 y febrero de 2022 frente a la concesión de las licencias de obras. También las diligencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, de 8 de abril de 2024, en las que se identifica a los titulares de las referidas licencias de obras. Esas diligencias policiales recogen el testimonio de varios empresarios que aseveran que el abogado les pidió dinero a cambio de presentar su desistimiento en los procedimientos abiertos a través de la interposición de los citados recursos. Tres de ellos han adjuntado documentación relativa al pago de las cantidades señaladas.

Asimismo, la recepción de determinadas cantidades "ha sido corroborada" por medio del oficio librado a las entidades bancarias para que remitieran los oportunos extractos de los movimientos de las cuentas bancarias relacionadas con el investigado.

El letrado, por su parte, ha aportado al procedimiento documentación "expedida por sí mismo" en la que asevera que el pago de las cantidades obedece al asesoramiento jurídico que él prestó a las promotoras. "Sin embargo, éstas negaron haber recibido dicho asesoramiento en dependencias policiales y ratificaron dicha declaración en sede judicial", concluye el auto.

Este medio ha contactado con el abogado, quien ha manifestado que sólo percibió ingresos de tres empresarios, previa firma de los respectivos acuerdos que justifican los servicios que proporcionó. Según el letrado, la resolución de la magistrada se sustenta únicamente en las declaraciones de los supuestos afectados y lamenta que ha aportado documentación a la causa que no ha sido admitida. El investigado asegura también que todos los recursos que interpuso ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz fueron estimados porque las licencias de obras se concedieron cuando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Chiclana estaba anulado por la Justicia, argumenta.

El juez ha dado ahora traslado de su resolución al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

Temor a represalias

Una denuncia interpuesta por una de las sociedades supuestamente perjudicada explica que los empresarios que "sucumbieron al chantaje y pagaron no se atreven a hablar, primero, porque el denunciado les hizo firmar una cláusula de confidencialidad y en algunos casos incluso una declaración de no haber mediado pago; segundo, por las normales dudas sobre la regularidad de dichos pagos, teniendo en cuenta que algunos se efectuaron en B y otros en A pero a favor de una empresa pantalla; y tercero, por temor a que el denunciado, como represalia, volviera a impugnar las licencias”.

La misma querella recoge que las constructoras que no han pagado “tampoco se atreven a hablar por no tener más pruebas que un par de conversaciones telefónicas y algún mensaje de whatsapp”.

Finalmente, apostilla la misma denuncia, “está el caso de los abogados de los promotores chantajeados, que si desvelan las conversaciones con el investigado, se arriesgan a ser denunciados por éste por vulneración del deber de secreto entre abogados”. 

“Anunciar un mal lícito (repetimos, lícito) como es instar la ejecución de las sentencias anulatorias de las licencias y la consiguiente demolición, pasa de lícito a delictivo cuando se exige dinero a cambio de no hacerlo”, concluye la querella.