“Intervenir alijos no es tan importante como desarticular organizaciones”

Ante el ascenso constatado del tráfico de drogas en la provincia de Cádiz y el incremento de la violencia de las organizaciones criminales que operan en ella, la Fiscalía de Andalucía tilda el panorama de “desolador y muy peligroso”. Por ello, ve necesaria “una actuación contundente por parte del Estado” para evitar el alza del narcotráfico y los peligros que conlleva: aumento del poder de corrupción, ajustes de cuentas, robos de droga, uso de armas, además del aumento de la oferta, la rebaja de los precios y la mayor capacidad para la afectación a la salud pública de la población, “que, en definitiva, es el bien jurídico que se pretende proteger”.

“Desde la Unión Europea se advierte de los métodos cada vez más sofisticados para lograr el tránsito de drogas y la necesidad de establecer políticas de acción conjuntas que potencien la cooperación internacional”, indica la Fiscalía de Andalucía.

Asimismo, insiste en la relevancia de potenciar las investigaciones centradas en el blanqueo de capitales para atacar a las organizaciones criminales, “pues intervenir alijos no es tan importante como poder desarticularlas con sus jefes, pues de lo contrario captan nuevos miembros y siguen con sus negocios. Está claro que sólo interviniendo droga no se acaba con este fenómeno”, remata.

En el apartado de conclusiones, la Fiscalía andaluza mantiene las mismas propuestas que en años anteriores “al no haberse obtenido las respuestas que permitan mejorar situaciones que impiden obtener la finalidad esperada en el ámbito del Derecho Penal”.

Así pues, se plantean como soluciones: el incremento de medios para abordar las investigaciones por blanqueo de capitales; la necesidad de ampliar las plantillas en las Fiscalías para lograr Secciones Antidroga que permitan lidiar con la gran carga de trabajo; reformas penales como la inclusión del transporte de gasolina como delito; y el aumento de las penas del delito de defraudación de fluido eléctrico.

En cuanto las modificaciones procesales, la Fiscalía demanda la reforma de la LEcrim para conseguir procedimientos más ágiles y adecuados a la nueva criminalidad organizada. También una transformación de la planta judicial que permita separar los juzgados mixtos, todos ellos con causas de especial dedicación atascadas. Pide además modificar las normas sobre gestión de los efectos judiciales que consiga extraer el rendimiento de estos y salir del colapso actual que da lugar a un gasto de la Administración sin apenas beneficios.

Por último, solicita mecanismos que aseguren una certeza jurídica en relación a los límites de actividades legales e ilegales relativas al cultivo y el comercio de cannabis con una redefinición del tipo penal, incluyendo taxativamente que el cultivo de cannabis es delito salvo que se trate de un cultivo autorizado por la AEMPS o de un cultivo conforme a la normativa reglamentaria, que deberá revisarse implicando a los Ministerios de Industria y Agricultura.