La herida de Barbate sigue abierta

Como Grazalema, un pueblo 'esponja' de piedra caliza desalojado ante el riesgo de colapso por la ingente cantidad de lluvia que ha absorbido en los últimos días. Como el 'Conejo Malo' de Benito Antonio Martínez Ocasio, que ofreció un espectáculo en el intermedio de la Super Bowl que rompió audiencias y derribó concertinas sociales. Eso era Barbate hace dos años. El foco de atención máximo. El punto donde estaban puestas todas las miradas. El escenario donde la actualidad no dejaba de ser rabiosa. El 9 de febrero de 2024 los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez Carracedo perdieron la vida en el recinto portuario barbateño tras ser arrollados por una narcolancha que embistió a la pequeña zódiac en la que viajaban junto a otros cuatro compañeros. Todo sucedió muy rápido, en cuestión de minutos. El piloto de la semirrígida, según se desprende de la investigación llevada a cabo, realizó varias aproximaciones a escasos metros de la patrullera para, después, alejarse a una distancia suficiente que le permitió volver a gran velocidad hacia el lugar exacto donde se encontraban los agentes y colisionar contra su embarcación oficial. Un ataque intencionado, dice el juez, que provocó la muerte en el acto de Miguel Ángel y David. El trágico suceso conmocionó y sacudió al sistema. Quedó en evidencia la superioridad de medios del narco, la falta de recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la necesidad de tomar medidas para que un episodio de tan extrema violencia no volviera a repetirse. Pero dos años después de lo ocurrido, la herida de Barbate sigue abierta. Poco o nada ha cambiado, aseguran colectivos de guardias civiles y familiares de estos. Lo cierto es que algo sí ha cambiado: la violencia asociada al narcotráfico ha aumentado y no tiene visos de rebajar su nivel.

"La situación sigue siendo la misma o incluso peor. Los narcos emplean armas de guerra mientras que los agentes patrullan en una clara inferioridad de medios. A esto se suma la sensación de impunidad cuando se siguen viendo narcolanchas refugiadas de los temporales en la costa gaditana o repostando combustible a plena luz del día", comenta Mónica Mogica, portavoz de Nuestro Corazón por Bandera, una asociación de familiares de guardias civiles que nació, precisamente, a partir del ya conocido como caso Barbate.

"Los echaron al mar a pesar de sus advertencias. Avisaron por activa y por pasiva que los iban a matar y así sucedió", se lamenta Mogica, que destaca que los cuatro agentes que sobrevivieron a la brutal embestida de la narcolancha "están en un pozo del que no pueden salir". "No son los mismos; psicológicamente, están machacados, sus vidas han cambiado para siempre", dice la portavoz de Nuestro Corazón por Bandera.

Al cumplirse dos años de aquel fatídico 9 de febrero, "están reviviendo" el episodio que evidenció la violencia y soberbia de las redes que manejan el narcotráfico y la peligrosidad del trabajo de quienes luchan contra ello. Unos recuerdos que tendrán que aflorar de nuevo durante la celebración del juicio con jurado que se celebrará en la Audiencia Provincial de Cádiz, previsiblemente, a mediados de este año.

Karim, ante un jurado

El juez de Barbate que ha llevado la instrucción de la causa ha puesto fin a la misma en un reciente auto en el que ordena la apertura de la vista oral. Karim El Baqqali, el piloto de la narcolancha, y Yassine El Morabet, que viajaba con él en la embarcación, serán juzgados por un tribunal popular. El primero, por dos delitos de asesinato consumado y cuatro en grado de tentativa. El segundo, por seis delitos de atentado agravado porque, según sostiene el magistrado instructor, enfocó con un puntero láser en varias ocasiones a los guardias civiles "para reducir su visión" y, por tanto, "su capacidad de defensa y reacción" antes de la colisión.

Los otros dos tripulantes marroquíes que iban en la semirrígida con ellos serán juzgados en un procedimiento aparte, ya que el juez ha estimado que no hay pruebas suficientes que acrediten su participación en la maniobra de ataque a los agentes. Por ello, sólo se les puede juzgar por pertenencia a grupo criminal y contrabando, al estar en una embarcación prohibida.

"Esperamos que la Justicia haga su papel", comenta Mónica Mogica, que insiste en la necesidad de que este caso "marque un antes y un después" y se traduzca en "un escudo real" para proteger a los agentes que luchan contra los grupos criminales que trafican en la provincia de Cádiz.

"Promesas incumplidas"

Al respecto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha manifestado su "indignación y tristeza" por la "parálisis" del Gobierno para aplicar las demandas que plantea este colectivo. "Dos años después, la realidad a pie de costa no ha cambiado" y "la desidia política sigue siendo el principal obstáculo para la seguridad de los agentes".

Así, AUGC habla de "promesas incumplidas" y de una declaración de Zona de Especial Singularidad para el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz "olvidada", al seguir esta solicitud "guardada en un cajón".

La asociación subraya el "riesgo constante" que sufren los guardias civiles, que "siguen enfrentándose a embarcaciones de alta potencia con medios técnicos y materiales claramente inferiores". "Nada ha cambiado", reitera la entidad, que lamenta "el desmantelamiento de unidades especializadas y la falta de una estrategia integral por parte del Ministerio del Interior contra el narcotráfico", carencias que "sólo han servido para envalentonar a los delincuentes".

"No podemos permitir que el sacrificio de nuestros compañeros caiga en el olvido por un abandono institucional incomprensible. Dos años es tiempo más que suficiente para haber dotado a la provincia de medios de protección dignos y patrulleras capaces de plantar cara a las narcolanchas con seguridad", asevera AUGC, que exige al Ministerio del Interior el reconocimiento de profesión de riesgo para los guardias civiles, la declaración "inmediata" de la Zona de Especial Singularidad para el sur de España y un aumento "real y permanente" de la plantilla de Instituto Armado "en las zonas tensionadas".

También reclama la renovación "urgente" de las embarcaciones marítimas y la dotación de equipos de protección "adecuados". "Es hora de pasar de las palabras a los hechos", remata.

"No fue imprevisible"

Otra asociación de la Guardia Civil, Jucil, critica igualmente que la situación "no sólo no ha mejorado, sino que se ha agravado, con un narcotráfico cada vez más violento y organizado frente a unos agentes que continúan trabajando sin los medios adecuados".

Jucil, personada como acusación popular en el caso Barbate, exige que se depuren todas las responsabilidades. "No solo debe haber justicia, sino que tiene ser ejemplarizante para evitar que otras tragedias vuelvan a repetirse", afirma.

La asociación sostiene en que la muerte de los guardias civiles "no fue un hecho imprevisible, sino la consecuencia directa de años de abandono institucional, falta de planificación y ausencia de medios marítimos y terrestres suficientes, que ya había sido advertida reiteradamente por asociaciones profesionales y que, hoy, sigue sin corregirse".

Para Jucil, "esta carencia de recursos sitúa a los guardias civiles en una situación de riesgo permanente, obligándolos a enfrentarse al narcotráfico en clara inferioridad de condiciones".

La asociación de guardias civiles destaca que "hay un uso cada vez más frecuente de narcolanchas a plena luz del día, como desafío abierto al Estado, y un desplazamiento de las rutas del narcotráfico, que ya no se limitan al Estrecho, sino que alcanzan ríos como el Guadalquivir y otras zonas del litoral", además de "un aumento de la violencia, con presencia de armas de guerra, estructuras internacionales y una criminalidad cada vez más agresiva".

Las voces son unánimes. Todas reclaman que los nombres de Miguel Ángel González, de 39 años, natural de San Fernando y buzo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, y de David Pérez Carracedo, de 43 años, nacido en Barcelona, residente en Navarra y miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR), no se olviden y que el trágico episodio en el que fallecieron suponga un punto de inflexión. Sin embargo, dos años después, aseguran familiares y colectivos, la batalla la siguen ganando los narcos.

Un orden en cuestión y archivada

El pasado mes de octubre el Tribunal Supremo archivó definitivamente las denuncias que pedían investigar a los dos mandos de la Guardia Civil responsables del operativo desplegado en Barbate en febrero de 2024, cuestionado por enviar a los agentes en una zódiac, en inferioridad de condiciones, a enfrentarse a una narcolancha mucho más potente.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó el sobreseimiento decretado por la Audiencia Provincial de Cádiz, que asumía la postura de la Fiscalía de archivar las denuncias para que se investigaran posibles responsabilidades penales contra el general jefe de la Zona de Andalucía y el coronel de la Comandancia en Cádiz por los delitos de homicidios imprudentes, lesiones y contra la seguridad en el trabajo.