La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años y ocho meses de prisión para el ex alcalde socialista de Chipiona Manuel García Moreno, al que acusa de haber cobrado en 2010 una subvención de 3.500 euros para realizar un evento en la localidad que nunca llegó a celebrarse. Para justificar la concesión de esa ayuda, según el fiscal, el ex regidor chipionero falsificó documentación, para lo cual contó con la "estimable colaboración" de varios trabajadores municipales, la que fue Secretaria del Consistorio, un asesor, el entonces delegado de Juventud y un empresario, todos ellos procesados en este caso.

Anticorrupción considera que el que fue alcalde de Chipiona entre 2004 y 2011 es autor de un delito de prevaricación, de falsedad continuada en documento oficial y de fraude en la administración en concurso con un delito de estafa. Pide para él cinco años y ocho meses de cárcel e inhabilitación para cargo electo durante doce años. La Fiscalía pide idénticas penas para el ex edil de Juventud y para el cargo de confianza.

Tal y como recoge el escrito de calificación fiscal, el 29 de marzo de 2010 se firmó entre el Instituto de Juventud del Ministerio de Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un convenio en virtud del cual se canalizaba una subvención, prevista en los Presupuestos Generales del Estado, a favor de la citada federación para el desarrollo de actuaciones dirigidas a los jóvenes mediante la puesta en marcha de programas en el ámbito local.

El Ayuntamiento de Chipiona decidió solicitar esa subvención a la FEMP para realizar la 'Woorking Vision Lan Party Chipiona 2010'. Lo hizo a través de su delegado de Juventud, el acusado José Ignacio Martínez Verano, el alcalde de Chipiona entonces, el también acusado Manuel García Moreno, y su cargo de confianza adscrito a la Delegación de Juventud, el procesado José María Marín González.

Según sostiene el fiscal, Martínez Verano presentó el 7 de mayo de 2010 a la FEMP dicha petición para la realización de la Lan Party, que se pretendía celebrar del 8 al 12 de octubre de 2010. Así, pidió una ayuda de 18.000 euros, mientras que la aportación del Ayuntamiento a la cita se limitó a 3.400 euros.

El 12 de agosto de 2010, prosigue el escrito de calificación fiscal, se aprobó una ayuda a favor del Ayuntamiento de Chipiona, "pero únicamente de 3.500 euros frente a los 18.000 euros que se habían solicitado".

Como la cantidad que se iba a percibir por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias era insuficiente para poder hacer frente a los gastos derivados del evento, el Ayuntamiento de Chipiona no tenía claro si iba a aceptar o a renunciar la subvención, de ahí que estuviese tres meses sin contestara a la FEMP, "hasta que finalmente los principales responsables del proyecto, el delegado de Juventud, José Ignacio Martínez Verano; el cargo de confianza adscrito a Juventud, José María Marín González; así como el propio alcalde de Chipiona, Manuel García Moreno, decidieron de común acuerdo aceptarla, no realizar el evento y justificar la ayuda mediante facturas e informes falsos de su ejecución, para lo cual contaron con la estimable colaboración de una técnico municipal de la Delegación de Juventud, de una técnico de Personal; de la Secretaria accidental del Ayuntamiento, del director del Área de Comunicación y de un empresario", todos procesados en esta causa, precisa el fiscal del caso.

Conforme a lo previamente acordado, continúan las conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción, el 30 de noviembre de 2010, a sabiendas de que no se había realizado la Lan Party, se remitió a la FEMP una serie de documentación falsa con el ánimo de justificar el proyecto no ejecutado y cobrar los 3.500 euros de la subvención, que finalmente le fueron ingresados al Ayuntamiento.

Entre la documentación falsa que fue presentada por los acusados, afirma la Fiscalía, se encontraba una memoria resumen del proyecto en el que se consignaba ficticiamente la celebración del evento. En ese documento se describía, "faltando a la verdad", que entre el 8 y el 11 de octubre de 2010 se llevaron a cabo varias actividades, entre ellas, un taller sobre emancipación juvenil, unas conferencias sobre violencia de género y otras sobre prevención de embarazos.

Se hizo constar "también ficticiamente" que la cantidad aportada por el Consistorio fue de 12.811,77 euros y que el coste total de la cita ascendía a 16.311,17 euros. A su vez, se indicó "de manera falaz" que las jornadas se había impartido por distintos técnicos municipales. Además, se remitieron para justificar los gastos dos facturas falsas emitidas por un empresario, una de 1.699,60 euros y otra de 1.800 euros.

"A través de estas facturas falsas, el Ayuntamiento de Chipiona pudo justificar la inversión de los 3.500 euros para obtener la subvención y el empresario que las emitió cobró de esta forma parte del dinero que se le debía por el Consistorio por otros conceptos", apunta Anticorrupción.

Asimismo, se aportó un certificado emitido por la Secretaria del Ayuntamiento en el que aparecían reflejados diferentes gastos "que no se ajustaban a la realidad", ya que no se llegó a organizar la Lan Party.

Ese certificado, que tenía el visto bueno del alcalde de Chipiona, iba a su vez precedido de más documentación falsa, según el fiscal. Aparecía pues un informe del director del Área de Comunicación para acreditar de manera ficticia que se publicitó el evento y un informe de la Delegación de Juventud con una amplia lista de personal municipal que supuestamente trabajó en la Lan Party.

El juicio por el caso Lan Party aún no tiene fecha de celebración.