El fiscal pide 6 años de cárcel para Antonio Perales por el fraude millonario de ayudas públicas en Bahía Competitiva

Cádiz/El caso Bahía Competitiva, una causa judicial abierta para esclarecer el mayor fraude que podría haberse cometido en la provincia de Cádiz con subvenciones públicas dirigidas a la reindustrialización de la Bahía, encara por fin un momento procesal decisivo, 15 años después de que estallase el escándalo por el desvío de las millonarias ayudas Reindus. La Fiscalía de Cádiz ha presentado su escrito de calificación provisional, donde figura una larga lista de procesados, 29 en total, las penas de cárcel solicitadas para cada uno de ellos, así como la cuantía defraudada: más de 15.500.000 euros.

Antonio Perales Pizarro, hombre fuerte del PSOE andaluz sobre todo por la importante presencia de su hermano, el ya fallecido Alfonso Perales Pizarro, que fue presidente de la Diputación de Cádiz, consejero de la Junta y diputado nacional, se sentará en el banquillo acusado de los delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, prevaricación y falsedad de documento mercantil y oficial en concurso con un delito de estafa. El fue que director del Plan Bahía Competitiva, dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Desarrollo de la Junta de Andalucía, se enfrenta a seis años de cárcel, multa de 30.000 euros y 19 años de inhabilitación para empleo o cargo público por "interferir a su antojo y presionar a los técnicos" en la tramitación de subvenciones públicas en su propio beneficio.

También acudirá a juicio el empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña, al que la Fiscalía procesa por constituir, organizar, promover, coordinar y dirigir una organización criminal para defraudar subvenciones públicas del Ministerio de Industria y de la Agencia IDEA de la Junta, falsear documentos oficiales y blanquear capitales. Junto a él estarán Joaquín Arespacochaga y su padre Juan Arespacochaga, también líderes, junto a Dávila Ouviña, de la trama criminal. La acusación pública solicita para cada uno de ellos la pena total de 26 años de cárcel, 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de más de 21 millones de euros. Además, en concepto de responsabilidad civil el fiscal plantea que el empresario gallego indemnice a Industria en la cantidad de 15.500.000 euros y que los Arespacochaga lo hagan en 757.438 euros y 50.000 dólares, sumas de dinero "de las que se apropiaron indebidamente", afirma.

Junto a los tres cabecillas y Antonio Perales, el caso Bahía Competitiva tiene también una trama política y técnica que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a sentar en el banquillo a ocho personas más por las "múltiples irregularidades" que cometieron en la tramitación de las ayudas Reindus de 2011. Son: María José Valencia, diputada de Empleo y vicepresidenta del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) en el último gobierno socialista de la Diputación; Rosa Mellado, gerente provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a la fecha de los hechos; Rosa Rodríguez, técnico del Plan de Bahía Competitiva en la comisión evaluadora de las ayudas; Teodoro Garrido, quien fue gerente del IEDT; Adelaida Moares, jefa de servicios del IEDT entonces; Gema Herrera, técnico de la Agencia IDEA y nuera del ex consejero socialista Luis Pizarro; y Teodoro Clavijo y Rosa Barreiro, técnicos de la Diputación de Cádiz y miembros también de la comisión de baremación. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos dos años de cárcel, diez años de inhabilitación para empleo o cargo público y 3.000 euros de multa.

La trama

El escrito de calificación fiscal recoge que Alejandro Dávila Ouviña, con el ánimo de obtener enriquecimiento injusto, durante el año 2010 y hasta julio de 2011, llevó a cabo las actividades ilícitas necesarias para obtener unos 100 millones de euros de subvenciones del Ministerio de Industria y de la Agencia IDEA de la Junta a través de un conjunto de empresas que carecían de solvencia económica y que simulaban inviables proyectos de más de 200 millones de euros con la única finalidad de conseguir "un desorbitado montante económico" de ayudas públicas y "confundirlas con su propio patrimonio".

Tres eran los propósitos de Ouviña según Anticorrupción: apropiarse de parte de los fondos públicos y destinarlos a fines particulares, como la adquisición de coches de alta gama (un Lexus y dos Audis); emplear las ayudas en la compra de un polígono en Alcalá de los Gazules -el cual no era objeto subvencionado- con el fin de especular con el mismo; y desviar el dinero público a fondos de inversión para sacar unos intereses cercanos a los 16 millones de euros que pretendía incorporar su patrimonio.

"Todo comenzó cuando los acusados Dávila Ouviña y Juan Arespacochaga adquirieron el control del proyecto más importante de todos, el de Cádiz Solar Center, que iba a desarrollarse en las antiguas naves de Delphi Puerto Real y crear 1.350 puestos de trabajo. Ese proyecto obtuvo una ayuda pública del Ministerio de Industria de 7.500.000 euros para la primera fase -a desarrollar en 2009- y otra de 3.500.000 euros para la segunda fase -a ejecutar en 2010-. En total, 11 millones de euros", apuntan las conclusiones provisionales del fiscal.

En el mismo año 2010, prosigue, Alejandro Dávila obtuvo del Ministerio otros 2.100.000 euros para la empresa Aquandalucía, con sede en la Zona Franca de Cádiz, y 2.400.000 euros para Soluciones Tecnológicas Ambientales, en El Puerto de Santa María.

Una vez que Ouviña y Arespacochaga recibieron los fondos públicos, explica el fiscal, en lugar de destinarlos a la ejecución de los proyectos, se apropiaron de ellos y los emplearon para adquirir vehículos, invertir en fondos particulares, comprar un polígono en Alcalá de los Gazules, La Palmosilla II, con fines especulativos y constituir nuevas empresas aparentando una solvencia económica inexistente.

Asimismo, esas nuevas empresas constituidas con dinero procedente de Cádiz Solar Center, Aquandalucía y Soluciones Tecnológicas Ambientales "también solicitaron al Ministerio de Industria y a la Agencia IDEA millonarias ayudas públicas en el año 2011 con la finalidad de destinar esa suma a fondos de inversión particulares", explica la Fiscalía.

Dado que los procesados no tenían recursos económicos para llevar a cabo el gran número de proyectos con los que intentaban convencer al Ministerio para la concesión de nuevas ayudas, se pusieron en contacto con el padre de Juan Arespacochaga, el también acusado Joaquín Arespacochaga, inspector de Hacienda en excedencia y con grandes conocimientos financieros, sostiene el Ministerio Fiscal.

Los encausados, añade, "urdieron un plan en virtud del cual se aparentaría ante las Administraciones Públicas la ansiada solvencia económica, clave para obtener las millonarias ayudas, amparándose en unos simulados fondos de inversión que les permitirían obtener unos 100 millones de euros en subvenciones que, a su vez, desviarían a fondos de inversión en el extranjero para lograr intereses por la cantidad de 16 millones de euros".

Para ejecutar este plan, todo el entramado empresarial pasó a estar controlado por los Arespacochaga "a través de una estructura societaria deslocalizada y formada por sociedades de inversión con residencia en Luxemburgo que, al mismo tiempo, estaban formadas por sociedades con residencia en Panamá, las Islas Niu, Samoa, Gibraltar, Madeira y así sucesivamente hasta llegar al punto de no poder saber quién era el titular real de las mismas".

Para la creación de esa trama fraudulenta fue "esencial" la participación de una abogada de la oficina de Joaquín Arespacochaga, de un director de banco y de una red de testaferros, todos acusados en el procedimiento por "emitir facturas y certificados falsos" y aportar documentación con "una relación de trabajadores ficticios" a cambio de dinero.

Antonio Perales

En este punto del relato de los hechos que describe la Fiscalía entra en escena Antonio Perales, director del Plan Bahía Competitiva, quien mantenía una estrecha relación con el empresario gallego Dávila Ouviña. El fiscal asevera que Antonio Perales tenía en 2011 "un poder destacado" en el procedimiento de tramitación de las ayudas públicas, ya que "verdaderamente la concesión de las subvenciones Reindus, aunque formalmente le correspondía al Ministerio de Industria, el informe base de la concesión dependía de una comisión formada por dos técnicos de la Diputación de Cádiz, uno del Plan Bahía Competitiva y otro de la Agencia IDEA de la Junta.

Las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal señalan que Antonio Perales "interfirió a su antojo y presionó constantemente a sus técnicos con correos electrónicos, llamadas y reuniones para pedir explicaciones antes y después de las comisiones de baremación de las ayudas movido por ocultos intereses particulares". "Aunque Antonio Perales no tuviese un conocimiento cierto de la intención final de Alejandro Dávila y los Arespacochaga de apropiarse de las ayudas públicas, sus decisiones siempre se basaron en un interés crematístico propio y de sus allegados", precisa el escrito de acusación, que advierte que el empresario gallego "se granjeó la confianza de Antonio Perales y compró su voluntad" al "colocar a una sobrina de Perales en una de sus empresas o alquilarle un piso de su propiedad a uno de sus trabajadores", entre otros "beneficios indirectos para el entorno familiar" del entonces director del Plan Bahía Competitiva.

Finalmente, aunque se llegaron a emitir por los técnicos de la Diputación de Cádiz informes favorables para otorgar millonarias ayudas para el año 2011 e incluso se dictó la resolución provisional de concesión de subvenciones por Industria, "no se llegó a entregar el dinero por el Ministerio al ser advertido por la Agencia IDEA de la Junta de la posible existencia de certificados falsos de solvencia en los expedientes", concluye la Fiscalía.