El gobierno de la Diputación de Cádiz ha despedido a Teodoro Garrido Curra, hasta ahora gerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT), debido a su reciente imputación en el proceso judicial que investiga el supuesto fraude de 21 millones de euros en torno al plan Bahía Competitiva. Garrido llegó al cargo a mediados del 2000, por lo que sumaba 13 años en el mismo.

Fuentes del gobierno provincial que preside José Loaiza (PP) confirmaron ayer este despido y precisaron que hace ya varios meses, cuando Teodoro Garrido declaró por primera vez ante la Policía, el propio gerente del IEDT ya puso su cargo a disposición. Entonces Diputación lo mantuvo en el cargo aunque advirtiéndole que adoptaría otra serie de medidas si terminaba siendo imputado, como así ha sido. Garrido fue citado a declarar el 4 de febrero en la sede de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla, donde defendió su inocencia en el presunto fraude investigado en el proceso de concesión de ayudas para la reindustrialización en el que tomaban parte el Ministerio de Industria, la Junta de Andalucía y la propia Diputación gaditana. Entonces Garrido no fue imputado, aunque esta situación cambió hace escasa semanas, cuando la jueza que instruye el caso fijó nuevas declaraciones.

De hecho, Teodoro Garrido pasará por el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz el próximo jueves día 17, donde ha sido citado por su titular, Lourdes del Río, para tomarle declaración a partir de las 11:30 horas. Justo una hora después, a las 12:30 horas, también declarará como imputada otra trabajadora de la Diputación Provincial, Adelaida Moares.

Esta supuesta estafa cifrada en 21 millones de euros se produjo entre los años 2010 y 2011. De los cargos que entonces operaban en el IEDT de la Diputación están imputadas, además de Teodoro Garrido, la ex diputada provincial María José Valencia (PSOE) y la mencionada Adelaida Moares, que se mantiene en la plantilla.