Unas 9.000 familias piden el salario social de la Junta, más del doble que en 2012

La Consejería de Igualdad, Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía tiene previsto ingresar hasta 18 millones de euros (de los que ha pagado ya 10 millones) a casi 9.000 familias en situación de marginalidad, desigualdad o exclusión social de la provincia, que han demandado el ingreso mínimo de solidaridad o salario social. Esta prestación, que está en marcha desde 1990, ha experimentado un incremento en los últimos años por la situación de crisis económica y del año pasado a este, las unidades familiares demandantes han pasado de 3.582 a las 8.996 en lo que llevamos de año, más del doble.

Según destacaron ayer tanto la delegada provincial de Igualdad, Miriam Alconchel; como el delegado del Gobierno andaluz Fernando López Gil, de estas cifras se sacada el dato positivo "del compromiso" de la administración andaluza con estas personas, pero lamentan "el incremento de la necesidad" en la provincia y Andalucía. "En las últimas ocho comisiones que hemos celebrado para aprobar estas prestaciones hemos ido multiplicando las familias y sólo la semana pasada aprobamos ayudas por valor de 5,7 millones de euros", apuntó López Gil.

Alconchel explicó que esta "importante inversión" es una acción de la Junta que tiene como finalidad superar las situaciones de marginalidad y desigualdad entre la población andaluza y se enmarca en el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginalidad y Desigualdad. La renta consiste en una prestación económica mensual del 62% del salario mínimo interprofesional incrementada en un 8% por cada miembro de la unidad familiar que se acoge a esta solicitud hasta un máximo equivalente al 100% del salario mínimo interprofesional.

Las familias susceptibles de obtener esta prestación deben estar constituidas de forma estable, con un año de antelación como mínimo a la fecha de presentación de la solicitud; todos sus miembros deben estar empadronados en Andalucía un año antes de presentar la solicitud y disponer de unos recursos mensuales inferiores a la cuantía del ingreso mínimo de solidaridad. Una comisión provincial de valoración evalúa las solicitudes presentadas y la formulación de las correspondientes propuestas de resolución. Esta comisión está presidida por el delegado del Gobierno y está compuesta por otros representantes de la Junta, así como por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Andalucía.

Los representantes de la Junta dieron algunos datos por municipios. Así , Jerez, con 2.188 familias beneficiarias es la población donde ha habido más demandantes.

La Consejería de Igualdad, Salud y Bienestar Social, de la que depende esta prestación, se ha comprometido a atender toda la demanda de solicitudes de ingreso mínimo de solidaridad porque, para ello, la Junta ha incrementado el presupuesto destinado a esta ayuda en Andalucía en un 11,35% respecto al año anterior. El año que viene se prevé que para la provincia de Cádiz sea necesaria la inversión de hasta 23 millones de euros, un 30% más.