Estiman en 8,5 millones los daños en la red de agua de Cádiz

La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) estima en 8,5 millones de euros los daños ocasionados por el tren de borrascas de finales de 2025 e inicios de 2026 en los sistemas de agua urbana de la provincia de Cádiz.

Esta estimación figura en un informe que la asociación ha presentado al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, junto con la solicitud de activación de mecanismos extraordinarios de financiación que permitan "restituir la funcionalidad de las infraestructuras sin comprometer el equilibrio económico del servicio ni la asequibilidad para la población", indica la entidad en una nota de prensa.

El informe ha sido elaborado a partir de datos oficiales, inspecciones in situ y validación por parte de los operadores responsables de las infraestructuras afectadas.

6,5 MILLONES PARA SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

De ellos 6,2 millones corresponden al saneamiento y la depuración -reposición de estaciones depuradoras, colectores estructurantes y estaciones de bombeo- y 1,75 millones al abastecimiento en alta para la restitución de conducciones, captaciones y sistemas eléctricos asociados.

La evaluación incorpora además 522.000 euros en actuaciones prioritarias orientadas a reforzar la capacidad de respuesta ante episodios extremos, como la actualización de los planes de emergencia de presas, la implantación efectiva de los planes municipales frente al riesgo de inundación y el desarrollo de herramientas digitales de coordinación operativa en tiempo real.

El secretario de Estado ha trasladado a AEOPAS su disposición a analizar la activación de instrumentos de apoyo extraordinario, dado el carácter esencial de los servicios de agua para la salud pública, la protección ambiental y la seguridad de la población.

AEOPAS valora "positivamente" la aprobación del real decreto-ley de medidas urgentes frente a los daños causados por las borrascas, especialmente por la habilitación de transferencias directas a los ayuntamientos para la reparación de infraestructuras y la flexibilización del marco financiero local, al constituir un instrumento que facilita la recuperación de los servicios esenciales.