El derribo de los diez chalés ubicados en la zona de Majadillas Bajas de Chiclana se efectuó a primeras horas de la mañana de ayer cuando un amplio dispositivo de guardias civiles antidisturbios y policías locales cortaron las calles adyacentes para que la piqueta desarrollara la demolición de las viviendas ilegales.

Pero poco antes de la actuación, las fuerzas de seguridad detuvieron a 28 personas por resistencia a la autoridad que, tras prestar declaración, fueron puestos en libertad a lo largo de la jornada de ayer. Tras las detenciones, los agentes también se encontraron con la resistencia del promotor, Antonio Tocino Verdugo, familiares y allegados que se apostaron encima de los tejados de los chalés para que la excavadora no echara abajo las casas. Antonio Tocino esgrimía un cuchillo, pero poco después desistió de su intento de oponerse al derribo, al igual que el resto de familiares que bajaron de los tejados con la ayuda de guardias civiles y bomberos.

Media hora más tarde, la piqueta pasó a la acción y comenzó a derribar los chalés ante la presencia de numerosas personas que se congregaron en la zona, pese a las fuertes lluvias. La maquina excavadora recibió una pedrada que dañó uno de sus cristales, pero poco más se pudo hacer para que las casas se mantuvieran en pie por más tiempo. No faltaron las reacciones de desacuerdo por parte de vecinos que increparon a las fuerzas del orden y al Ayuntamiento de Chiclana por permitir la demolición de las viviendas.

Mientras tiraban los chalés, otro grupo de vecinos se desplazó hasta el centro para concentrarse frente a las puertas del Consistorio, donde se había establecido un dispositivo de seguridad con policías locales y efectivos de la Guardia Civil.

Los chalés derribados pertenecían al promotor y nueve de esas viviendas estaban ocupadas por familias que pagaban un alquiler de 550 euros al mes. Algunas de esas familias adelantaron ayer que piensan ir al juzgado a denunciar al promotor por no avisar con tiempo del derribo, ya que aseguraban desconocer que sobre esas casas pesaban una orden judicial de demolición. Manifestaron, además, que la mayoría de los alquilados se enteraron de que iban a tirar los chalés a las diez de la noche del día anterior al derribo.