Seguían sonando aún con fuerza los ecos del escándalo de los EREs cuando el anterior Gobierno andaluz, el que conformaron el PP y Ciudadanos, se decidió a poner en marcha la primera Oficina Antifraude. Andalucía se subía así al vagón de las pocas comunidades autónomas –apenas hay cinco– que optaban con contar con un órgano independiente y autónomo que se encargara de velar por la limpieza de la Administración pública.

Y al frente de esta institución de nueva creación fue designado Ricardo Puyol (Granada, 1974), un juez que se hizo famoso en Marbella durante la instrucción del caso Malaya. Esta semana el juez Puyol ha estado en Cádiz reuniéndose con cargos de la Junta de Andalucía y de la Diputación para dar a conocer esta Oficina Antifraude. En esta entrevista analiza los primeros pasos de la misma y los objetivos que tiene por delante.

–Las denuncias en la Oficina Antifraude de Andalucía han pasado de 35 en 2022 a 314 en lo que va de este año. ¿A qué se debe este incremento tan espectacular?

–Se ha producido un incremento exponencial desde el momento en que se ha implementado el canal de denuncias. La página web ha facilitado enormemente el acceso de la ciudadanía a la Oficina. Además, ese canal es fácil, intuitivo, está muy bien indicado y funciona protegiendo en todo momento la identidad de la persona que denuncia. Desde el primer momento en que se puso en marcha esta Oficina, a finales de 2021, se empezaron a recibir denuncias. Lo que sucedía es que no teníamos todavía estructura administrativa. Las primeras gestiones que tuvo que hacer la Oficina fueron necesariamente de gestión pública, como negociar un presupuesto, dotarse de personal y reglamentar jurídicamente lo que es el procedimiento administrativo que vamos a seguir para investigar. Y eso se produce aproximadamente al año de mi nombramiento, sobre octubre de 2022. A partir de ahí sí empezamos a dar curso ya a las investigaciones de las denuncias recibidas.

–¿Y son muchas o pocas denuncias? ¿Qué cifra barajaban ustedes cuando echó a andar esta Oficina?

–Como esta institución es nueva, no tenemos un patrón estadístico para saber si son muchas o pocas. Creo que todavía, para el volumen que conforma el sector público andaluz, aún son pocas denuncias. Es que Andalucía tiene la segunda Administración general más importante de todo el Estado español, con casi 300.000 funcionarios, que son muchísimos. Y después tenemos una carga de municipios muy importantes, más de 800, y contamos con el mayor número de municipios de más de 10.000 habitantes de todo el país. Es decir, que hay muchas administraciones. ¿Se está denunciando mucho? Pues no lo sé pero creo que todavía falta un repunte. Hay que esperar a que se dé a conocer más la Oficina.

–La mitad de las denuncias presentadas están circunscritas al ámbito de la Administración local. ¿Eso es normal?

–Sí, eso es algo que yo preveía, sobre todo en el marco de los ayuntamientos más pequeños, que tienen un control un poco más difuso por parte de sus órganos responsables. Tengamos en cuenta que muchos de esos ayuntamientos no tienen un interventor sino que lo tienen que compartir con otros municipios, y además tienen menos medios. No quiero dar la idea de que sean más malos, no, sino que la supervisión es más complicada. Además, también es verdad que después de lo que pasó con los EREs encontrar ahora en la Administración General de la Junta un supuesto similar es muy difícil porque los controles se han reforzado y las supervisiones por parte de la Intervención son mucho más férreas, sobe todo en materia de gestión de fondos públicos.

–¿Y se priorizan las denuncias que llegan? Es decir, ¿la que provenga de un funcionario público, que evidentemente tiene acceso directo a cierta información, es más importante que la que presente una persona ajena a la Administración?

–Sí se priorizan las denuncias, claro, como sucede por ejemplo en cualquier Juzgado de Instrucción. Y eso se hace porque hay cosas que en principio tienen más gravedad que otras, partiendo siempre de que nuestro objetivo es la lucha contra el fraude, la corrupción o el conflicto de intereses. En cuanto a la procedencia de las denuncias, no ponemos ningún sesgo y examinamos asépticamente el contenido de la información que nos llega. En cuanto al funcionario público, toda la política comunitaria de protección de la persona denunciante o informante de hechos que pueden ser constitutivos de corrupción tienen su origen primario en la protección de funcionarios públicos de esa Administración que han podido recibir alguna represalia como consecuencia de denunciar hechos de los que tienen conocimiento. Ese es el germen de este tipo de instituciones, tal y como la concibe la Unión Europea. Claro que la información que suministra un funcionario público siempre tiene un contenido que puede tener mayor viso de verosimilitud pero no hacemos sesgos. Hemos recibido también información de ciudadanos que han contratado con la Administración pública, o que no han recibido una licencia urbanística o que la han impugnado… Hay muchas variables.

–¿Siguen existiendo aquellos chanchullos que tanto sonaban antaño de colocación de familiares o amigos en los ayuntamientos o de adjudicación de licencias a dedo?

–Hemos detectado algún supuesto de los que usted está haciendo referencia pero no es algo general. Afortunadamente cuando un territorio padece un gran caso de corrupción de gestión pública la Administración sí reacciona positivamente en el sentido de reforzar sus mecanismos de control. Pensemos que el problema de la corrupción no es tanto la delincuencia que genera o el daño que se produce. Me preocupa mucho más la percepción de la corrupción. Cuando una Administración ha incurrido sistemáticamente en un marco general de corruptela, eso genera un espacio de desconfianza, provoca un daño reputacional con unos efectos muy adversos. Porque es muy importante que la sociedad siga confiando en sus instituciones.

El director de la Oficina Antifraude de Andalucía, durante la entrevista con este periódico.

–¿Qué diferencia hay entre fraude y corrupción?

–El fraude hace más referencia a cuestiones patrimoniales, de corrupción dentro de la administración pública. El fraude es la utilización de mecanismos de engaño por parte de funcionarios públicos o de autoridades a partir de los cuales se potencia el beneficio que uno pueda obtener de un dinero público que está llamado a gestionar a partir de los principios de objetividad y de legalidad. La corrupción, por su parte, hace referencia a un concepto un poco más amplio. El marco de la corrupción abarca también conductas donde el beneficio no tiene por qué ser patrimonial porque puede ser un beneficio político. Es decir, eso de 'hago esto para que Fulano y Mengano me voten en una institución y así quedarme yo más tiempo en el poder'. O modifico una norma que no debía ser modificada o que no puede ser modificada con la intención de mantenerme yo en el poder o en una institución. Es decir que el concepto de corrupción siempre es más amplio.

–¿Hay alguna provincia andaluza que acumule muchas más denuncias que otras?

–Los datos por provincias son por ahora uniformes y no hemos detectado ninguna gran irregularidad en el conjunto de Andalucía. Sí estamos empezando a apreciar cuáles son los sectores en los que el número de denuncias está un poco incrementado, como la selección de personal, la contratación, etc. Es un poco lo que preveíamos.

–Entiendo que será muy importante mantener el anonimato del denunciante de un caso de corrupción. ¿Eso está totalmente garantizada hasta el final de la investigación?

–Lamentablemente ni el legislador comunitario ni el legislador español han adoptado las medidas conducentes a evitar que la identidad del denunciante se termine haciendo pública cuando, por ejemplo, se llega a un procedimiento penal en el marco de un gran caso de corrupción. Ahí entra ya la Ley de Procedimiento Criminal, el denunciante es fuente de pruebas y se tiene que someter al procedimiento. Yo propuse en su momento la necesidad por ejemplo de reformar la ley de protección de testigos y de peritos, pero a nivel ministerial no lo vieron oportuno. En Andalucía habría que hacer algo con las personas que vamos a proteger nosotros en la fase administrativa. Pero si se descubre un gran caso de corrupción, al final el fiscal va a tener que someter al procedimiento a la persona que informa.

"Los indultos y la amnistía trasladan la imagen de que la ley no es igual para todos. Y esa imagen es demoledora"

–La Oficina Antifraude puede sancionar aquellas actitudes de no colaboración en una investigación pero ¿qué hacen cuando concluyen esa tarea?

–En materia de prevención del fraude es importante que haya un organismo que detecte la irregularidad, que unitariamente, aplicando políticas activas de prevención del fraude, sea el que detecte la irregularidad. ¿Por qué? Porque nos estamos especializando en la prevención. Efectivamente no tenemos funciones completas de inspección y de investigación, en el sentido de que una vez que corroboramos que efectivamente la irregularidad se ha producido nosotros tenemos que elaborar un informe final en virtud del cual ponemos en conocimiento del órgano responsable de la corrección disciplinaria de esa irregularidad para que adopte de manera inminente las medidas oportunas para subsanarla. Y sí tenemos potestad para exigir a ese órgano que nos vaya reportando información trimestral o semestral de cuáles son las medidas que ha adoptado para la corrección de ese problema.

–¿Y cómo se hace la prevención?

–Tiene un elemento necesario que es la pedagogía interna, ir interiozando por parte de los funcionarios públicos y de las autoridades valores que probablemente durante mucho tiempo han estado fuera de la acción administrativa como es el valor de la transparencia. La corrupción siempre tiene un marco en el que se desarrolla que es el de la opacidad. Cuando te inoculan la necesidad de tener que ir dando transparentemente información de todo aquello que una administración pública va haciendo, pues eso va recortando los espacios en los que las corruptelas pueden desarrollarse. Entonces la cultura de la transparencia, del buen gobierno, de la ética pública, todo eso ayuda. ¿Se llega al final? Pues yo creo que si la pedagogía es intensa, al cabo de los años se termina interiorizando ese tipo de comportamientos y se termina desbancando aquellos otros que generaron espacios de impunidad en lo público.

–Ha hablado usted del daño que los casos de corrupción generan en la imagen de las instituciones. En el caso de la Junta de Andalucía, ¿se ha logrado limpiar esa imagen tras el caso de los EREs?

–Afortunadamente esas cosas se superan. Tienen un tiempo que desarrollan sus efectos perjudiciales pero la política tiene de bueno que un cambio de gobierno de alguna manera hace introducir elementos de novedad, se abren las ventanas y se cambia la Administración. Es lo bueno que tiene la democracia, que la gente ve mecánicas de funcionamiento distintas, nuevas caras. La corrupción tiene mucho de cultivo en el marco de instituciones que aparecen durante mucho tiempo con un mismo gobierno. Se crea un calvo de cultivo idóneo y entiendo yo que es porque los controles se desdibujan.

–¿Y la posible tramitación de un indulto a todos los condenados por el caso de los EREs puede afectar a esa imagen?

–Pues yo creo que sí. No me gusta hablar de cosas que ya están juzgadas pero creo que los que somos responsables tenemos cierto deber de hablar de lo que está sucediendo en España. Y a mí me ha sorprendido poderosamente que el Tribunal Constitucional, en el marco de un recurso de amparo, pues admita este tipo de cuestiones, la verdad. Vamos a vivir ahora con la amnistía y los que venimos de la Justicia y que somos jueces y que ahora nos dedicamos a esto pues tenemos que empezar a dar este tipo de informaciones porque esto es una cosa muy grave y al final la idea que se traslada pues es que la ley no es igual para todos. Y es una imagen lamentable, demoledora. Porque al final se traslada que hay determinadas penas que por lo que sea, por una amnistía general, una amnistía particular o un indulto, pues al final no se cumplen y la de otros responsables, sí. La sociedad tiene que evaluar esa realidad, una realidad que es tangible porque es algo que se está produciendo y que se va a producir.

–¿Para usted, que es juez, la amnistía al separatismo catalán que ha negociado el PSOE es constitucional?

–Estoy convencido en conciencia de que no lo es. Eso no estaba en el pensamiento del constituyente, no estaba ahí, no estaba puesta, y las constituciones que la han querido introducir lo han tenido que hacer de manera expresa, porque no deja de ser una excepción al principio general del imperio de la ley, de la división de poderes y de que la ley es igual para todos. Por tanto estoy totalmente convencido en conciencia de que no es constitucional y lo digo como juez, como jurista y como ciudadano.