Cuando Dolores Meléndez dio a luz hace ahora dos años y ocho meses en el Centro Médico de la Longuera (Chiclana), no imaginó a lo que se tendría que enfrentar a partir de ese momento. Lo que en la mayoría de las familias supone un motivo de alegría, en el seno de esta familia chiclanera significó una carrera de fondo en la que tendrían que correr con abogados, el propio hospital y el problema de su hijo. Y es que hasta que el pequeño Adrián no alcanzó los ocho meses, no se percataron de que sufría una patología: enanismo.

Ahora, Dolores y su marido, David Medina, se encuentran sumidos en una guerra para exigir a la Longuera las explicaciones pertinentes, ya que el Centro (adscrito al Hospital Universitario de Puerto Real), según denuncian, se niega a remitirles las ecografías realizadas, en concreto la tercera, en la que ya se podría haber diagnosticado el problema.

Hay que tener en cuenta que hasta la semana 22 de gestación, la madre puede acogerse al aborto legal. Máxime si existe una patología previa, como en este caso, consistente en un crecimiento intraútero retardado, que precisaba la realización de dos pruebas antes de las 22 semanas citadas.

El Defensor del Paciente denuncia las alegaciones del Centro, para no facilitar las pruebas requeridas. En un escrito remitido a la pareja, la responsable de La Longuera les comunica que no existe constancia alguna de la existencia de imágenes ecográficas, "que por otro lado no es obligatoria su entrega a la paciente, ni constancia en la historia clínica si no hay patología que lo justifique (...)". Asimismo, en el escrito aseguran que no tienen la obligatoriedad de proporcionar a la paciente dicha información.

Esta afirmación se contradice con la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, cuyo artículo 18 recoge textualmente que (el paciente) "tiene derecho de acceso a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuren en ella".

Tras recibir la negativa, el matrimonio vuelve de nuevo al punto de salida. Mientras esperan una solución (que tramitan a través del abogado adscrito a los servicios jurídicos del Defensor del Paciente en Cádiz, José Luis Ortiz Miranda), no dejan de luchar por el bienestar de su hijo, que asiste con regularidad al logopeda o al centro de Afanas de la localidad.

Aseguran que si bien no presenta problema psicológico alguno y responde con normalidad a los estímulos, su capacidad motriz se ve mermada y no puede "gatear como cualquier otro niño de su edad".

Dolores y David afirman que en estos momentos el apoyo familiar es fundamental, tanto en el plano afectivo como en el económico, para poder hacer frente a los gastos que se les están presentando, que no son pocos, mientras la suerte se vuelve de su lado, si no para poder curar a su hijo, sí para lograr justicia.