El reloj de arena se paró en las playas españolas el 23 de marzo. Ese día, el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, espetaba, contra todo pronóstico, que el fin de los chiringuitos en la arena estaba cerca. Ni tan cerca. Este mismo año. El fin de los chiringuitos y, de paso, también el de los espetos malagueños, al menos tal y como hoy los concebimos: como un oasis de bebida fresca y pescaíto instalado en la arena. El anuncio pilló literalmente a contrapié a todo el sector, que, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, ultimaba los preparativos para la apertura de los establecimientos y contaba los días para el inicio de la campaña turística.

Aquello que pudo derivar en una masacre, tuvo finalmente víctimas contadas –y algunas colaterales–, pero fue sobre todo un ultimátum en toda regla para que 2010 sea el año del cambio.

La marejada política e institucional desatada por Fragueiro ha desvelado que el sector se encuentra en una situación insostenible desde hace tiempo: vacío administrativo, diferencias normativas entre provincias y, año tras año, incertidumbre y una absoluta falta de garantías de futuro.

En el litoral gaditano hay este año 129 establecimientos playeros: 17 de ellos son fijos y el resto, 112, desmontables sujetos a la temporada de playas. Los primeros operan con una licencia de actividad y aquí reside el primer gran problema actual: el 70% la tiene caducada, algunos incluso desde hace un lustro. La causa de esta desregularización es la oposición de la Dirección General de Costas a renovar los permisos concedidos en las dos últimas décadas al amparo de la Ley de 1988, según explican desde la Asociación Gaditana de Empresarios de Playas (Agepla) que preside Manuel Montalbán y tiene como secretario a Antonio Galván.

Las autorizaciones deberán desbloquearse y tramitarse antes de que se inicie el proceso de transferencia de competencias a la Junta de Andalucía, según acordaron la Administración y los empresarios en la última reunión de junio en la que el sector consiguió una tregua provisional y aseguró, de momento, su supervivencia.

Mientras, los 112 chiringuitos desmontables están supeditados todos los años a la concesión de una autorización administrativa y sólo pueden operar durante la temporada de playas, que normalmente comprende de mayo a mediados de octubre. Están repartidos en 16 localidades y la mayor concentración se da en Chiclana (23), Tarifa (13) y Rota (11). La patronal gaditana lucha también contra esta limitación y demanda que estos espacios temporales puedan ampliar su periodo de apertura en función de la demanda. Esta flexibilización es una importante baza en la batalla contra la estacionalidad, según defienden desde la patronal gaditana, porque –recuerdan– el 90% de los turistas de Andalucía viene a la playa y lo que no puede ocurrir es que se encuentren sin servicio”, argumenta el secretario de Agepla, Antonio Galván.  La Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico en Cádiz considera que, “dada la tipología de las instalaciones” gaditanas, “los criterios de gestión aplicados hasta ahora son adecuados”, pero acepta la “posibilidad” de “ampliar o dar una permanencia anual a ciertas instalaciones” siempre y cuando “se acredite una verdadera gestión turística” en las playas afectadas. Además, insta a los ayuntamientos a que soliciten ellos mismos planes de ocupación “para resolver los posibles problemas jurídicos” que se plantean.

Los negocios existentes antes de 1988 se adaptaron y los nuevos nacieron bajo la nueva normativa, que es la que impera desde entonces: el régimen de funcionamiento es temporal, las dimensiones se limitaron a 150 metros cuadrados de local y 80 de terraza, y la distancia mínima entre establecimientos se fijó en 200 metros.

Sobre el tipo de estructura, materiales o decoración, no hay una directriz expresa, sino que se dejan al arbitrio de cada ayuntamiento. En Cádiz, por ejemplo, sí se ha establecido una estética homogénea de madera y con similar mobiliario, pero no es obligatorio imponer un estilo, lo que genera una loca discontinuidad y hasta una cierta anarquía a lo largo de la costa. Pero, además, si se sale de la provincia y se recorre el litoral español, la variedad es infinita. Hasta donde llegue la imaginación. Sin ir más lejos, en Málaga, los locales fijos pueden construir un sótano para almacén tan grande como la superficie superior (150 m2), una ventaja que demandan los empresarios gaditanos.

Las condiciones administrativas –desde los impuestos hasta las inspecciones– son las mismas que las de un restaurante, incluido el horario (de 11 a 2 horas), pero, adicionalmente, deben abonar cada año un canon municipal cuya cuantía varía, y mucho, en función del ayuntamiento de origen: la media en la provincia ronda los 4.000 ó 5.000 euros, pero hay algunos consistorios, como Vejer, Rota o Tarifa, donde la cuota se dispara y supera los 10.000 euros.

Disparidad administrativa, normativa, fiscal, estilística... El sector denuncia que este cacao genera incertidumbre, frena las inversiones y provoca incluso indefensión. Por eso reclaman la transferencia de las competencias a la Consejería de Turismo, para que ponga orden, clarifique la regulación y permita una ampliación de las licencias a treinta años –los quince actuales más otro quince de prórroga– para que los empresarios puedan emprender reformas y mejoras en sus establecimientos sin miedo a que una pala retroexcavadora los eche abajo como si se tratara de un mero castillo de arena.

La pesadilla se repite todos los años, pero esta vez se ha demostrado que no es onírica, sino real como la vida misma. En Cádiz, la única víctima de la Dirección General de Costas ha sido el Bar Eduardo, en la playa de Las Tres Piedras de Chipiona, pero en otras provincias, como Coruña o Valencia, la limpia ha sido mayor y, sobre todo, más expeditiva. Según el presidente y el secretario de Agepla, la unidad del sector y el apoyo institucional han sido las claves de la salvación tanto en Cádiz como en Andalucía.

Ante este panorama, algunos empresarios gaditanos, como tres de La Cruz del Mar de Chipiona, han tomado la delantera y se han unido para abandonar la playa e instalarse en el frente marino atendiendo a la voluntad de la Dirección de Costas. Quién sabe si serán la primera de una larga lista de retiradas. Algo así como un paso atrás para coger impulso.