El chipionero Antonio Porta obtiene la libertad provisional

El chipionero Antonio Porta, recluido en el penal hondureño de Támara desde el pasado 22 de septiembre por un presunto delito de sedición y daños agravantes contra el gobierno de facto de Roberto Micheletti, ya está en la calle. La juez que instruye su caso le concedió ayer la libertad con medidas sustitutivas que pidieron sus abogados. Eso supone que se le mantienen los cargos que se le imputan pero que ya no tendrá que dormir en prisión. A partir de ahora continuará el proceso judicial en libertad restringida.

De esta manera, y según las medidas aprobadas ayer por la Justicia hondureña, Antonio Porta no podrá salir del país, ni participar en actos políticos, y cada lunes tendrá que presentarse en Comisaría. Además queda a cargo de otra persona que debe custodiarle, para lo cuál se ofreció un empresario andaluz que radica en Tegucigalpa. El abogado de Porta, Marco Tulio Amaya, asegura que acudieron a este empresario después de pedírselo a la cónsul de España en Honduras y que ésta se negase. "Hay que ver qué poca implicación. En una situación como ésta debería ser el Gobierno del acusado quien se hiciese responsable", asevera Amaya.

Pero a Porta ahora eso no le importa. Él está radiante. "Ya se terminó, ahora ya puedo estar con mi novia", exclamó ayer al salir de la sala. A la hora de cerrar esta edición Porta regresaba a la cárcel pero para las 8 de la mañana de hoy martes (hora española) estaba previsto que ya pudiera estar con su amada.

Mientras tanto el proceso judicial sigue adelante contra Porta, pero ahora que está libre, su abogado va a pedir una reconstrucción de los hechos que se le imputan para desvirtuar la declaración de los policías que, aseguran estos letrados, se contradicen en el acta sobre los hechos que provocaron su detención.

Después Porta se enfrentará a una audiencia preliminar donde la fiscalía podría pedir el sobreseimiento del caso. Y paralelamente se está tramitando un recurso de apelación porque no se consideran pruebas suficientes para dictar auto de prisión, ya que los únicos fundamentos para la acusación es la palabra de la Policía.