La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Apdha, ha presentado este viernes un informe sobre la situación que atraviesan las mujeres presas en los centros penitenciarios de Andalucía y, en concreto, de Cádiz con el objetivo de mostrar la realidad penitenciaria de las mujeres, abordar las causas de unas condiciones de cumplimiento más gravosas para ellas y elaborar propuestas para el reconocimiento de las mujeres en las cárceles. 

Tal y como han detallado María José García Orenes y Marta Horno Hidalgo, del grupo de cárceles de la delegación gaditana de Apdha, solo existen tres módulos específicos de mujeres en toda la provincia de Cádiz, dos en Puerto III, donde hay 114 reclusas y 11 preventivas, y un módulo en Botafuegos, con 69 internas y 13 preventivas.

Desde el colectivo señalan que, "si bien es cierto que tanto para mujeres como para hombres, la cárcel pasa factura, para las presas la factura es doble, por ser internas y por ser mujeres en un sistema penitenciario pensado y diseñado para hombres". 

Para la elaboración del informe, miembros de Apdha han realizado entrevistas a diferentes mujeres presas en Córdoba, Sevilla, Granada y Cádiz. A partir de estas encuestas, han extraído conclusiones y datos que demuestran las carencias que padecen las internas en los complejos carcelarios.

Las mujeres constituyen un 7,5% de la población penitenciaria. Al ser un porcentaje menor, argumenta el colectivo, "el espacio está pensado y diseñado para hombres y esto afecta al modo en que las reclusas cumplen sus penas". 

Apdha apunta que solo existen cuatro prisiones de mujeres de manera que, en la mayoría de los casos, lo que hay son centros mixtos que cuentan con uno o dos módulos femeninos. "Esto provoca que las presas tengan peor acceso a los espacios y a los recursos y que no sean clasificadas como el resto de reclusos porque prima su condición de mujer frente a otros criterios como el perfil delictivo, el estado de salud mental, la situación procesal o las exigencias del tratamiento".

La entidad señala igualmente que las mujeres cumplen condena más lejos de su lugar de origen, lo que hace más difícil mantener la vinculación familiar y empeora, a su vez, las posibilidades de cumplimiento de condena en régimen de semilibertad. 

Asimismo, Apdha denuncia que cada vez hay menos unidades de madres, departamentos en los que se permite a las presas convivir con sus hijos menores de tres años. "Así, si se lleva a cabo el cierre de Alcalá de Guadaira, se dejaría sin unidades de madres a toda Andalucía, lo que obligaría a las reclusas a elegir entre dejar a su criatura con un familiar o irse a cumplir condena a una provincia que disponga de estas unidades". 

A partir de las entrevistas realizadas, Apdha ha constatado que la mayoría de las mujeres que entran en prisión han vivido contextos de precariedad laboral, económica, bajo nivel de estudios y, en muchas ocasiones, contextos de violencia física o sexual. 

Según datos estadísticos, el 88% de las mujeres encarceladas han sufrido previamente algún tipo de violencia y un porcentaje muy elevado tiene problemas relacionados con la salud mental, "problemas que no son abordados de manera integral por la Administración Penitenciaria, si no que se recurre a psicofármacos como única solución", afirman desde la entidad humanitaria.

"No existe una política penitenciaria que ponga en el centro las necesidades específicas de las mujeres", asegura Apdha. "En muchas ocasiones, las ofertas formativas y laborales reproducen roles de género que dificultan y reducen las oportunidades de reinserción laboral en el exterior".

Los delitos más frecuentes cometidos por mujeres son contra el patrimonio (40%) y contra la salud pública (32%). "Es decir, el 72% de los delitos por los que cumplen condena las reclusas están destinados a conseguir dinero, ya que muchas veces son ellas las que sostienen a la familia. No son autoras de delitos que causen alarma social", asevera Apdha.

Por último, el colectivo ha elaborado una serie de propuestas que consideran "imprescindibles" para el reconocimiento de los derechos de las mujeres privadas de libertad. Son las siguientes: igual dotación de recursos para presos y presas; separación en módulos conforme a los criterios de clasificación previstos en la ley; fomento de medidas alternativas de cumplimiento frente al ingreso en la cárcel; impulso de terceros grados para mujeres con hijos menores a su cargo; talleres y programas de tratamiento que respondan a las necesidades específicas de las mujeres; ofertas formativas y laborales que no refuercen los roles de género; atención adecuada a la salud mental, reduciendo la sobremedicación psiquiátrica y favoreciendo tratamientos terapéuticos adecuados; y una asistencia sanitaria respetuosa con la intimidad y la dignidad de la mujer.