Asistencia letrada a extranjeros 600 euros por llegar a España en una ‘toy', 6.000 por hacerlo en narcolancha

  • El II Congreso de la Abogacía gaditana aborda, entre otros asuntos, la asistencia letrada a extranjeros

María José Martínez Bustamente (izquierda), asesora de Acnur, y María José Martínez Lopera, jefa de la Brigada de Extranjería en Algeciras. María José Martínez Bustamente (izquierda), asesora de Acnur, y María José Martínez Lopera, jefa de la Brigada de Extranjería en Algeciras.

María José Martínez Bustamente (izquierda), asesora de Acnur, y María José Martínez Lopera, jefa de la Brigada de Extranjería en Algeciras. / Lourdes de Vicente

La llegada masiva de personas a las costas gaditanas de manera irregular y su derecho a recibir una asistencia legal adecuada fue uno de los asuntos que se abordó ayer en el II Congreso de la Abogacía gaditana, un evento organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz en el Palacio de Congresos de la capital gaditana.

Bajo el título de Asistencia Letrada a Extranjeros. Entradas colectivas, se celebró una mesa redonda a cargo de María José Martínez Lopera, jefa de la Brigada de Extranjería de Algeciras, y María José Martínez Bustamante, asesora de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en el Campo de Gibraltar.

Martínez Lopera explicó que el Estrecho de Gibraltar es un “punto caliente” a nivel mundial en cuanto a actividades delictivas, fundamentalmente, tráfico de droga y también de personas. La jefa de la Brigada de Extranjería señaló que las mismas organizaciones que controlan las salidas de sustancias estupefacientes son las que acaparan también el “lucrativo negocio” del transporte ilegal de personas. “600 euros cuesta una plaza para llegar a España en una barca tipo ‘toy’, de las que se adquieren en cualquier supermercado, y 6.000 euros es el precio que se paga por hacerlo en una narcolancha”, precisó.

Asimismo, María José Martínez Lopera subrayó que, al igual que está ocurriendo con los desembarcos de los alijos de droga, los inmigrantes están tratando de alcanzar costas alejadas del Campo de Gibraltar. Las embarcaciones, dijo, están arribando ahora a Chiclana, Conil o Barbate, por cuanto sus ocupantes entienden que el salto a Europa es más fácil desde estos lugares.

La responsable de Extranjería indicó que actualmente existen dos herramientas que permiten ofrecer un mejor tratamiento y asistencia a las personas que acceden a territorio español de manera irregular. Una es el Centro de Atención Temprana a Extranjeros (CATE) de San Roque, con capacidad para 600 personas. La puesta en marcha de este CATE hace menos de un año –entró en funcionamiento en agosto de 2018– fue clave para evitar el hacinamiento de los inmigrantes en los polideportivos que tuvieron que habilitar muchos Ayuntamientos de la costa gaditana después de la llegada masiva de pateras el pasado verano.

El segundo instrumento que contribuye a una correcta recepción de inmigrantes es el protocolo de coordinación suscrito entre Policía Nacional, Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Cruz Roja, un operativo conjunto integrado por distintas fases y que se activa desde el mismo momento en el que se tiene constancia de que hay una patera en el mar y que finaliza con el procedimiento de identificación y de devolución al país de origen en el caso de que sea posible.

Sobre el proceso de identificación, la jefa de la Brigada de Extranjería manifestó que este procedimiento adquiere aún más importancia si cabe cuando se trata de menores que llegan solos a España, un fenómeno al alza en los últimos tiempos. No hay problemas, señaló, cuando son menores de entre 12 y 16 años, pues pasan al Servicio de Protección de la Junta de Andalucía. El asunto se complica cuando llegan chicos de entre 17 y 21 años. En este punto, explicó, hay que estudiar la idoneidad de practicarles pruebas osométricas invasivas –por cuanto el menor es radiado– y que no siempre ofrecen resultados concluyentes.

Martínez Lopera habló de la presencia de los denominados ‘niños anclas’, bebés de muy corta edad, lactantes incluso, que suben a las pateras acompañados, la mayoría de las veces, de sus madres. No obstante, en ocasiones es necesario realizar pruebas genéticas para determinar si efectivamente lo son.

De otra parte, María José Martínez Bustamante, miembro de ACNUR, abordó en su ponencia las obligaciones de protección internacional que debe asumir nuestro país con determinados perfiles de personas que vienen a España por diversos motivos: huyendo de los conflictos de su país de origen, por violencia ligada a la discriminación (matrimonios forzosos, violencia machista...) o por cuestiones políticas, entre otras razones. Bustamante trató también el acceso a la información por parte de estas personas para acogerse al procedimiento de asilo.

El II Congreso de la Abogacía gaditana continuará hoy con más conferencias. Los falsos autónomos y la Justicia y los medios de comunicación serán algunos de los temas a debatir.

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