La alcaldesa de Conil, investigada en la causa abierta por dejación de funciones en el control de casas ilegales

Inmaculada Sánchez, alcaldesa de Conil por Andalucía por Sí, pasa a ser investigada en la causa abierta por la Fiscalía Anticorrupción por dejación de funciones en el control de casas ilegales en el municipio. La regidora andalucista, que gobierna en la localidad junto con el Partido Popular y Siempre Conil, prestará declaración mañana jueves en los juzgados de Chiclana a petición de la fiscal y del juez instructor, quienes, a partir de las pruebas y declaraciones que se han efectuado ya en sede judicial durante el desarrollo de las primeras pesquisas, consideran que la primera edil debe ser investigada para esclarecer la supuesta inacción municipal frente a irregularidades urbanísticas detectadas en el pueblo. Los delitos que podrían imputarse a Inmaculada Sánchez se concretarán en el momento procesal oportuno, según fuentes judiciales consultadas por este periódico.

En este procedimiento también son investigados Sergio Cáceres, actual concejal de Personal del Ayuntamiento de Conil (Siempre Conil) y ex portavoz de la Plataforma de Afectados por Viviendas Irregulares en el Campo (PAVIC) de la localidad jandeña; el ex concejal de Urbanismo Pedro Pérez (PP) -que dimitió el pasado mes de abril- y su predecesora María del Carmen García (Izquierda Unida), así como la asesora jurídica de la Oficina Técnica de Urbanismo del Consistorio. Pedro Pérez y la asesora jurídica ya han declarado ante el juez en fase de instrucción, mientras que Sergio Cáceres y María del Carmen García está previsto que lo hagan este jueves, al igual que la alcaldesa de Conil.

La Fiscalía Anticorrupción formuló el 16 de junio de este año una denuncia a partir de un informe de la Policía Local de Conil, en concreto, de la patrulla de Urbanismo. En dicho escrito los agentes alertaban de la "continua inacción de la corporación local" en relación a la tramitación de los expedientes que ellos abrían durante sus labores de vigilancia como inspectores urbanísticos. El entonces jefe de la Policía Local de Conil, actualmente suspendido en funciones, remitió esa información en mayo de 2024 a la Fiscalía Provincial de Cádiz, que inició las pesquisas pertinentes; unas indagaciones que han acabado en una denuncia en los juzgados.

Del estudio y el análisis de ese extenso informe policial, de la "amplísima" documentación remitida y de las declaraciones practicadas, Anticorrupción apreció "indicios racionales y suficientes de criminalidad" frente a irregularidades urbanísticas en Conil. Así, tal y como recoge la denuncia de la fiscal, durante el periodo de tiempo comprendido entre 2021 y hasta 2024, pese a que por parte de los policías locales que ejercían la labor de inspección urbanística se levantaron las correspondientes actas para denunciar las construcciones y edificaciones no amparadas por licencia y susceptibles de incurrir en infracción urbanística, "no se incoaron, en numerosas ocasiones, los expedientes sancionadores, ni se impusieron multas, ni se impidió la terminación de las obras denunciadas".

La querella de la acusación pública señala también que "en una reunión celebrada con los policías locales encargados de la inspección urbanística, el concejal de Personal Sergio Cáceres y el entonces delegado de Urbanismo, Pedro Pérez, reconocieron que no sólo no estaban enviando a Fiscalía las infracciones cometidas por la ruptura de los precintos, sino que no estaban aplicando sanciones económicas por decisión política". En una reunión posterior con el jefe de la Policía Local, añade, "estos le ordenaron que no diera traslado de las denuncias ni a la Fiscalía ni a la Guardia Civil". Unas afirmaciones éstas que, sin embargo, fueron rechazadas por la asesora jurídica de la Oficina Técnica de Urbanismo de Conil.

El que fue jefe de la Policía de Local, dos agentes de la patrulla de Urbanismo y un oficial que estuvo presente en una de las reuniones celebradas en el Área de Urbanismo de Conil declararán también este jueves como testigos.

Año 2022: 147 expedientes, 1 finalizado

La denuncia formulada por Anticorrupción en los juzgados de Chiclana el pasado mes de junio desglosa por años el resultado de la labor inspectora desarrollada en el municipio jandeño, tal y como se detalla a continuación:

En el año 2022 fueron incoados un total de 147 expedientes, si bien "sólo se finalizó uno", explica el Ministerio Fiscal. "La mayoría estaban pendientes de caducidad para el inicio de un nuevo expediente. Examinados los mismos, nos encontramos que al menos 30 de ellos se referían a actuaciones susceptibles de calificarse como delitos contra ordenación del territorio", expone la denuncia, que añade que “sólo consta un único traslado a la Fiscalía y a instancia de la misma por conocer de los hechos por vías externas al propio Ayuntamiento”.

La fiscal expone también que "en más de 15 expedientes, ante la carencia de un informe jurídico, no puede afirmarse de manera contundente que sean edificaciones en suelo no urbanizable, pero atendiendo a la fotografía y la ubicación, existe una fuerte probabilidad de que así sea", subraya, para luego precisar que en la mayoría de los casos "el expediente incoado era de protección de la legalidad y no sancionador", si bien la ley exige que se tramiten los dos a la vez; no hay disposición legal que determine que sólo terminado el primero proceda el segundo, sino todo lo contrario, en el momento en el que se detecta una posible infracción urbanística o territorial "es preceptiva la incoacción del expediente sancionador", tal y como recoge el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Año 2023: 140 expedientes, ninguno finalizado

En el año 2023, de los 140 expedientes analizados ninguno fue finalizado. "De ellos, al menos 59 contemplaban actuaciones susceptibles de integrar un delito contra la ordenación del territorio". De dichos asuntos, "no se dio traslado ni a la Fiscalía ni a los juzgados de Chiclana, salvo en las ocasiones en las que se reclamó de forma expresa", sostiene Anticorrupción.

Año 2024: 21 expedientes, ninguno finalizado

Durante 2024 el número de expedientes fue sensiblemente inferior al de años anteriores, por cuanto se registraron 21, ninguno finalizado. "De ellos, 10 recogían actuaciones que podrían constituir un delito contra la ordenación del territorio y ninguno ha sido remitido ni a la Fiscalía ni a los juzgados competentes", concluye la acusación pública.

La Fiscalía Anticorrupción considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, una infracción penal que puede consumarse tanto por acción como por omisión. Asimismo, la acusación pública no descarta que pudieran ser indiciariamente constitutivos de un delito de omisión del deber de perseguir delitos.