Anticorrupción denuncia al edil de Personal y a dos ex concejales de Urbanismo de Conil por no actuar ante casas ilegales

La Fiscalía Anticorrupción ha formulado una denuncia contra el actual concejal de Personal del Ayuntamiento de Conil Sergio Cáceres (Siempre Conil), el ex concejal de Urbanismo Pedro Pérez (PP) -que dimitió el pasado mes de abril- y su predecesora María del Carmen García (Izquierda Unida), así como contra la asesora jurídica de la Oficina Técnica de Urbanismo del Consistorio, al apreciar "indicios racionales y suficientes de criminalidad" frente irregularidades urbanísticas detectadas en el municipio. Tal y como recoge la denuncia presentada por la Fiscalía ante los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Chiclana, entre los años 2021 y 2024, al menos, "no se incoaron en el término municipal de Conil, en numerosas ocasiones, los expedientes sancionadores, ni se impusieron sanciones económicas, ni se impidió la terminación de las obras denunciadas" por parte de la Policía Local.

La Fiscalía Anticorrupción considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, una infracción penal que puede consumarse tanto por acción como por omisión. Asimismo, la acusación pública no descarta que pudieran ser indiciariamente constitutivos de un delito de omisión del deber de perseguir delitos.

Esta causa nace a partir de un informe que dos policías locales de la patrulla de Urbanismo de Conil presentan al que entonces era su superior, el jefe de la Policía Local de Conil José Manuel Vallejo, antiguo sargento de la Guardia Civil. En dicho escrito los agentes alertaban de la "continua inacción de la corporación local" en relación a la tramitación de los expedientes que ellos abrían durante sus labores de vigilancia como inspectores urbanísticos. El jefe de la Policía Local de Conil, actualmente cesado, remitió esa información en mayo de 2024 a la Fiscalía Provincial de Cádiz, que inició las pesquisas oportunas; unas indagaciones que han acabado en una denuncia en los juzgados.

Del estudio y el análisis de un extenso informe policial, de la "amplísima" documentación remitida y de las declaraciones practicadas por la Policía, resultarían "indiciariamente" los siguientes hechos que recoge Anticorrupción en un decreto de conclusión con interposición de denuncia fechado el 16 de junio de 2025.

Detalla así que, al menos, durante el periodo de tiempo comprendido entre 2021 y hasta 2024, en el término municipal de Conil, pese a que por parte de los policías locales que ejercían la labor de inspección urbanística se levantaron las correspondientes actas para denunciar las construcciones y edificaciones no amparadas por licencia y susceptibles de incurrir en infracción urbanística, "no se incoaron, en numerosas ocasiones, los expedientes sancionadores, ni se impusieron sanciones económicas, ni se impidió la terminación de las obras denunciadas".

Año 2022: 147 expedientes, 1 finalizado

En concreto, en el año 2022 fueron incoados un total de 147 expedientes, si bien "sólo se finalizó uno de ellos". "La mayor parte de los restantes estaban pendientes de caducidad para el inicio de un nuevo expediente. Examinados los mismos, nos encontramos que al menos 30 de ellos se referían a actuaciones susceptibles de calificarse como delitos contra ordenación del territorio", expone la denuncia, que añade que “sólo consta un único traslado a la Fiscalía y a instancia de la misma por conocer de los hechos por vías externas al propio Ayuntamiento”.

La fiscal expone también que "en más de 15 expedientes, ante la carencia de un informe jurídico que determine la clasificación del suelo, no puede afirmarse de manera contundente que se tratasen de edificaciones en suelo no urbanizable, pero, atendiendo a la fotografía y ubicación, existe una fuerte probabilidad de que así sea", subraya, para luego precisar que en la mayoría de los casos "el expediente incoado era de protección de la legalidad y no sancionador", si bien la regulación exige que se tramiten los dos a la vez; no hay disposición legal que determine que sólo terminado el primero proceda el segundo, sino todo lo contrario, en el momento en el que se detecta una posible infracción urbanística o territorial "es preceptiva la incoacción del expediente sancionador", tal y como recoge el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Año 2023: 140 expedientes, ninguno finalizado

En el año 2023, de los 140 expedientes examinados ninguno fue finalizado, precisa la denuncia. "De ellos, al menos 59 contemplaban actuaciones susceptibles de integrar un delito contra la ordenación del territorio". De dichos expedientes, "no se dio traslado ni a la Fiscalía ni a los juzgados de Chiclana, salvo en las ocasiones en las que se reclamó de forma expresa". El decreto de la Fiscalía Anticorrupción advierte que "la declaración de caducidad está pendiente en la mayoría de los expedientes, no habiéndose incoado, como regla general, sanción respecto a tales actuaciones".

Año 2024: 21 expedientes, ninguno finalizado

Durante 2024 el número de expedientes fue sensiblemente inferior al de años anteriores, por cuanto se registraron 21, ninguno finalizado. "De ellos, 10 recogían actuaciones que podrían constituir un delito contra la ordenación del territorio y ninguno ha sido remitido ni a la Fiscalía ni a los juzgados competentes".

Por último, la denuncia de la acusación pública señala que "en una reunión celebrada con los policías locales encargados de la inspección urbanística, el concejal de Personal Sergio Cáceres y el entonces delegado de Urbanismo Pedro Pérez, reconocieron que no sólo no estaban enviado a Fiscalía las infracciones cometidas por la ruptura de los precintos, sino que no estaban aplicando sanciones económicas por decisión política". En una reunión posterior con el entonces jefe de la Policía Local, "estos le ordenaron que no diera traslado de las denuncias ni a la Fiscalía ni a la Guardia Civil". Unas afirmaciones éstas que, sin embargo, fueron refutadas por la asesora jurídica de la Oficina Técnica de Urbanismo de Conil.

A partir de todo lo expuesto, Anticorrupción ve "ya desde el momento inicial" de la investigación penal "indicios racionales y suficientes de criminalidad" para denunciar a Sergio Cáceres, actual concejal de Personal del Ayuntamiento de Conil y ex portavoz de la Plataforma de Afectados por Viviendas Irregulares en el Campo (PAVIC) de Conil. También formula querella contra María del Carmen García, edil de Urbanismo en la localidad entre 2019 y 2023, contra Pedro Rodríguez, concejal del mismo ramo a partir de 2023, y contra la asesora jurídica de Urbanismo. La fiscal no descarta actuar ante otras autoridades y funcionarios públicos del Ayuntamiento de Conil "que resulten responsables" según avance el procedimiento judicial.

Policía Local

Tras las últimas elecciones municipales, celebradas en mayo de 2023, Izquierda Unida perdió la Alcaldía en Conil después de 28 años de gobierno. El Consistorio cambió de color político con Inmaculada Sánchez, de Andalucía por Sí, como alcaldesa, un cargo al que accedió gracias al acuerdo alcanzado entre andalucistas, Partido Popular y Siempre Conil. Ese tripartito dejó sin el bastón de mando a IU, a pesar de haber sido el partido más votado en los comicios locales.

En junio de 2024, el que era jefe de la Policía Local de Conil, el ya mencionado José Manuel Vallejo, fue cesado. La entonces concejala de Seguridad Ciudadana y Policía Local, Antonia Alba (destituida por la alcaldesa en enero de este año), dijo a este medio que el cese vino motivado por "falta de confianza". Vallejo fue sustituido por Francisco Luis González, o Paco Matos, como lo llaman coloquialmente en el pueblo, una persona que ya estuvo al frente de la jefatura policial de Conil tiempo atrás. Mientras ostentaba el cargo, utilizó una furgoneta robada que se encontraba en el depósito municipal y le dio un uso personal durante un año, de noviembre de 2006 a noviembre de 2007. Por ello fue condenado el 20 de septiembre de 2016 por la Audiencia Provincial Cádiz como responsable de un delito de hurto de uso de vehículo al pago de una multa de 1.500 euros. González Fernández recurrió el fallo ante el Tribunal Supremo, órgano que declaró el 22 de junio de 2017 que no había lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y lo condenó al pago de las costas procesales ocasionadas.