Provincia de Cádiz

El alcalde de Chipiona se va para no derribar 30 viviendas ilegales

  • El popular Antonio Peña ha explicado que está en "un callejón sin salida" puesto que moralmente no ve justo tener que demoler estas viviendas, cuando a su lado hay "20 o 30 viviendas" igualmente irregulares que no han sido denunciadas

El hasta ahora alcalde de Chipiona, el popular Antonio Peña ha dimitido del cargo porque "moralmente" no le parece "justo" tener que cumplir una orden judicial que le obliga a ejecutar la demolición de unas viviendas ilegales de la localidad. 

En una rueda de prensa, Antonio Peña, alcalde de Chipiona desde 2011, ha explicado que está en "un callejón sin salida" puesto que moralmente no ve justo tener que demoler estas viviendas, cuando a su lado hay "20 o 30 viviendas" igualmente irregulares y en el resto del pueblo muchas más, que no tienen orden de demolición porque no han sido denunciadas. 

El popular tampoco asume "tener que enfrentarme a la justicia" ya que si no hace cumplir la orden de demolición podría ser acusado de delitos como desacato. 

"Desgraciadamente lo justo no siempre es legal", ha sentenciado el popular en su comparecencia ante la prensa tras señalar que él, médico de profesión, quiso ser alcalde "para hacer justicia". 

Antonio Peña ha explicado que "por lógica" presenta su dimisión para dejar paso a otra persona que pueda encontrar una solución a este problema que él se encontró cuando llegó a la alcaldía. 

Peña ha explicado que en estos cinco años ha intentado sin éxito solucionar el problema de las viviendas que tenían pendiente una orden de demolición, porque consideraba que era "totalmente injusto" que éstas las tuvieran y otras, muchas de las cuales son segundas residencia y tienen incluso piscina, no. 

El hasta ahora alcalde ha explicado que todas las gestiones que han hecho para evitar estos derribos ha caído "en saco roto" y seguirían cayendo puesto que, según ha explicado, en el caso de que estas viviendas se legalizasen seguiría pesando sobre ellas la orden judicial de demolición. 

"Moralmente es difícil acostarse sabiendo que encima hay que pasar la factura de la demolición" a las personas responsables de esas viviendas, ha subrayado tras contar que, por ejemplo, algunas de ellas es habitada por "okupas" o son una casa de madera de sesenta metros cuadrados ubicadas en zonas que no están especialmente protegidas ni asentadas en zonas inundables. 

"Tuvieron la mala suerte de que fueron denunciadas en su día", ha relatado el alcalde que ha señalado que se va del cargo "triste"

En su decisión también ha pesado la "inseguridad jurídica tremenda" que siente, posiblemente por otros casos de alcaldes que cumplen condenas de cárcel. 

Y ha señalado que en su decisión nada tiene que ver la sentencia que espera por el "caso Uniformes". 

En este caso, Antonio Peña es una de las personas, junto a los excalcaldes de Rota Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos) y Eva Corrales (PP), que aguarda la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz por el denominado "caso uniformes". 

Este caso, juzgado el pasado mes de mayo, el fiscal pidió nueve años de inhabilitación para Peña, que era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rota cuando el municipio compró de forma supuestamente irregular entre el 2003 y el 2010 vestimentas municipales o mobiliario valoradas en 780.000 euros a empresas vinculadas con el que fuera alcalde de la localidad, y después teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez. 

El popular pidió hace unos días su reincorporación a su puesto de médico en el Servicio Andaluz de Salud con jornada completa, que hasta ahora desempeñaba de manera parcial, ya que compaginaba su labor política con su profesión. 

En la rueda de prensa Antonio Peña ha explicado que ha puesto a disposición del PP su acta de concejal porque cree que es lo "moralmente" correcto. 

Es una decisión que le ha costado tomar esta decisión porque le hubiera gustado haber completado sus ocho años como alcalde pero "las circunstancias" le han obligado a dar este paso. 

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