Nueva normalidad. El término, que entró en nuestro vocabulario durante la pandemia, podría bien aplicarse a lo que tiene que ver con nuestra relación con el agua: un nuevo escenario que viene marcado, de forma general, por los primeros efectos del cambio climático; de forma específica, por la vuelta de tuerca que ha supuesto el inicio este año del fenómeno de El Niño. Así, el ciclo seco que marca la climatología mundial ha venido a sumarse, a nivel regional, a una tendencia que lleva ya cuatro temporadas de sequía.

2022 fue un año de farolillos rojos: la vendimia se adelantó a fecha histórica; la cosecha de aceituna se desplomó; a finales de verano, se secó Santa Olalla –la laguna más grande Doñana, que en 2023 repitió, marcando un nuevo récord–. Pero el año se cerró con unas lluvias que hicieron que los embalses gaditanos recuperaran más de la mitad de lo perdido, subiendo al 30 por ciento. Justo ahora, doce meses después, los embalses del Sistema Guadalete-Barbate marcan la mitad, un 14,7% de su capacidad según el MITECO (243 hm3).

Aun así, a pesar de las lluvias del inicio del invierno, a finales de abril hablar de agua en el campo gaditano se había convertido en algo de mal gusto: el arroz se dio prácticamente por perdido y el cereal rindió al 50%. De hecho, la situación movió a la Junta de Andalucía a proclamar el tercer decreto de sequía, que incluía medidas como la ejecución de obras hidráulicas de interés, la prórroga de la exención del canon de regulación del uso del agua; diez millones de euros en ayudas para renta y liquidez de los más afectados por la situación y solicitud de la activación del fondo de crisis de la PAC.

Aunque de forma tardía, la región volvió a ver llover a finales de primavera: un agua que salvó al Campo de Gibraltar de las restricciones y a los bosques gaditanos del alto riesgo de incendio.

El problema del agua no sólo se debe a un cambio en el ciclo de sequías, que se están presentando –como auguraban las predicciones sobre el cambio climático– con una mayor frecuencia y una mayor duración, sino a nuestra relación con el suministro. De hecho, aunque la sequía pluviométrica se inició en 2018, el descenso del volumen de precipitación no ha sido excepcional. Este hecho tiene dos líneas fácilmente constatables: llueve de forma más intensa, a modo de tromba –también algo contemplado en las proyecciones, y que tuvo este año un gran ejemplo en la DANA que arrojó 220l/m2 en unas horas en San José del Valle–; y la explotación del campo ha cambiado. Y no lo ha hecho de forma racional. Aunque entre las mejoras que se han producido desde la sequía del 95 está el modo de riego –de superficie a goteo–, el campo andaluz en general ha virado de secano a regadío intensivo. ¿La explicación? El secano ya no rinde, de modo que cultivos característicos de esta modalidad, como el almendro o el olivar, han pasado a producirse en intensivo. Según ASAJA, la agricultura consume el 70% del agua en la provincia; según los ecologistas, en toda Andalucía, llega al 90%.

El pantano de Zahara- El Gastor, de uso agrícola, presenta un histórico 3,5% de agua embalsada.

Una imagen clara del resultado de esta tendencia la presenta el pantano de Zahara-El Gastor: el embalse, de uso agrícola, está actualmente al 3,5% de su capacidad, con sólo 8 hm3 del total de 223 con los que cuenta. De hecho, el alcalde de la localidad, Santiago Galván, ha pedido que se regulen los desembalses que se realizan para regadío. El recurso ha pasado de sacar agua desde mediados de junio hasta finales de septiembre, a hacerlo de marzo a noviembre. Ya puede llover.

Esa es la realidad. Luego está el negacionismo, el relativismo, o como queramos llamarlo. ¿Ejemplo de fantasía frente a materialidad? El megaproyecto urbanístico en el término municipal de Trebujena, que incluía campo de golf y viviendas dependientes de las mismas fuentes que nutren al Parque Natural de Doñana. La iniciativa, que había estado congelada durante años y, de pronto, despertó gracias al visto bueno de la administración autonómica, se paró en seco gracias al informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la negativa del Gobierno central. Aunque, en honor a la verdad, aquí no sólo se manejaban fantasías: la empresa se había comprometido a abonar millones de euros si Trebujena modificaba el PGOU para hacer posible la construcción, de los cuales se ingresaron 1,8 millones.

La macrourbanización a las faldas de Doñana tenía en contra tanto a numerosos colectivos como a la opinión social, cada vez más concienciada (y preocupada) ante una realidad en el filo –este diciembre, precisamente, Doñana salía de la lista verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza por mala gestión–.

El verano se salvó con algunos ayuntamientos costeros restringiendo el uso de las duchas en la playa, pero no se dieron restricciones –excepto, puntualmente, en Puerto Serrano–. Cuando llegó septiembre, según demanda calculada, el Sistema del Guadalete-Barbate, con 269 hm3, sólo tenía agua para siete meses de abastecimiento. Se estima que las necesidades en las zona son de 425 hm3 al año, con la demanda urbana (117,3) y la agraria (287,8) copando la mayor parte del suministro –ahora mismo, la cuenca presenta un total de 243 hm3: la media de los últimos 10 años ha estado en 843–. En la Zona Gaditana de Abastecimiento –que ha terminado incluyendo también a Barbate, Vejer y Tarifa– se necesitan para consumo humano unos 72-74 hm3: unos 20 hectómetros menos de lo que chupaban los núcleos de población en la sequía de los 90, antes de la ampliación del embalse de Guadalcacín.

La primera semana del año hidrológico, en octubre, se cerraba con los embalses del Sistema Guadalete-Barbate al 16,5% de su capacidad, acumulando un total de 399,7 hm3: en la misma fecha de 2022, el total de la reserva era de 437,3 hm3. Así las cosas, las esperanzas estaban puestas, como siempre, en las lluvias de otoño: nuestro ciclo húmedo. La proyección de AEMET para Andalucía registraba más de un 70% de posibilidades de superar la media de temperaturas –lo que ha hecho– y en torno un 50% de hacerlo con la media de precipitaciones: a unos días de terminar el año, la moneda no ha caído de nuestro lado.

Así las cosas, este último trimestre llegaba la declaración de un estado de “alerta y escasez severa” por sequía dentro de la provincia, anunciado desde la Comisión de Gestión de la Sequía del Guadalete-Barbate. El organismo decretaba aumentar la reducción del suministro a un 50% en el regadío y una reducción del 20% en la demanda urbana e industrial: una medida que, en el caso de consumo humano, se ejecuta de forma específica por parte de los ayuntamientos –así, en Cádiz capital, la presión del suministro se ha visto reducida en un 20% y se contempla volver a tirar de los pozos acuíferos existentes en la ciudad–. Dentro del sistema, Tarifa presenta un estado de escasez severa (con lo cual, el consumo ha de reducirse sólo en un 10%), mientras que la Sierra arroja una situación de escasez moderada, sin necesidad de medidas de ahorro de momento.

Por ahora, a finales de noviembre, la provincia señalaba los peores registros de agua embalsada del país, marcando un 14,8% en el Guadalete-Barbate cuando la media nacional se sitúa en un 43,3%. Queda claro, desde luego, que ya no sólo es cuestión de esperar que llueva.