A primera vista no lo parece, pero Isabel García Manzorro, Charo Carrión Santos, Carmen León Estévez, Anabel Botella Agraso y María del Carmen Fernández Campos componen un riguroso y tenaz comando antidesahucios amablemente temible para las entidades bancarias. Sobre todo para las que sostienen políticas especialmente inflexibles -crueles, a veces -frente a sus deudores hipotecarios social y económicamente más débiles. Estas cinco mujeres son capaces de convencer al director de sucursal más duro de roer, exigirle a la entidad de turno y al Banco de España lo que consideran justo en cada caso, conseguir que se eliminen las abusivas cláusulas suelo, lograr la muchas veces difícil dación en pago, renegociar hipotecas hasta dejarlas reducidas a su mínima expresión e incluso aplazar o suspender los temidos desahucios. Más que salvar casas, salvan hogares.

Los resultados hablan por sí solos: en los últimos tres años han evitado nada menos que 1.253 desalojos en la provincia de Cádiz. Lo han hecho desde la Oficina de prevención, intermediación y protección contra los desahucios acogida al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda -más conocida como Oficina en defensa de la vivienda o antidesahucios-, dependiente de la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, con sedes en la capital gaditana y en el Campo de Gibraltar.

Desde octubre de 2012 las oficinas han atendido 1.973 visitas que han derivado en la apertura de 1.621 expedientes. Algunos usuarios se limitaron a pedir información, pero no cursaron ninguna petición. Del total de familias que acudieron a las oficinas, 109 lo hicieron solicitando medidas de prevención, 1.253 de intermediación y 259, de protección. El servicio de intermediación es, sin duda, el fuerte de los miembros de la oficina. A él recurren familias sobre las que ya pesan deudas con el banco y que se encuentran en franco riesgo de desahucio. De todos estos casos, 508 ya se han resuelto favorablemente y 745 siguen tramitándose con expectativas de buena resolución. 258 se acogieron al programa al comienzo del proceso de desahucio, cuando el lanzamiento del inmueble todavía no es inminente. En ese momento asesoran a los afectados sobre fórmulas como la dación en pago, la posibilidad de solicitar un alquiler social o la reestructuración de la deuda hipotecaria, tanto de las cuotas como del periodo de carencia. También se les asesora sobre la suspensión de lanzamientos y la justicia gratuita. 

Los 250 casos restantes fueron en los que se emplearon más a fondo, regateando directamente con las entidades financieras y con los juzgados. Para conseguirlo se han convertido en expertas en la renegociación de las condiciones de los créditos hipotecarios, de la intermediación para evitar la suspensión del lanzamiento y subasta de los pisos y en defensoras de la dación en pago, con o sin alquiler social como alternativa de realojo.

Sin embargo, las situaciones más difíciles que tuvieron que resolver fueron las de las 250 familias que acudieron a las oficinas demandando protección, con el desahucio ya ordenado o en avanzado estado. Aquí lo urgente es evitar o, en el peor de los casos, aplazar en lo posible su ejecución. Cuando el desalojo ya resulta inminente sólo queda asesorar sobre la inscripción en el registro municipal de demandantes de viviendas y recurrir directamente a los Servicios Sociales del Ayuntamiento que corresponda para encontrar una solución de emergencia.

El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda fue un proyecto de Izquierda Unida impulsado desde el Gobierno andaluz que arrancó en 2012 de manera polémica y bastante tortuosa. No todo el mundo creyó que fuese posible ni una buena idea. "Al principio, la legislación no permitía margen de maniobra, pero aun así se abrió una oficina de asesoramiento y atención donde, al menos, se escuchaba al ciudadano", recuerda Charo Carrión. "Fueron tiempos muy duros en los que nos levantábamos cada día con la noticia de que una señora en Bilbao se había tirado por la ventana o que un señor se había ahorcado en Ganada. Eran situaciones extremas. Con cuatro años de crisis a las espaldas, había gente que lo veía todo tan negro que no encontraba alternativas. Ese mismo año comienzan a ponerse en marcha tímidamente una serie de modificaciones legislativas, que se ampliaron en 2013 y que permitieron prestar mayor ayuda", relata.

Isabel García también hace memoria: "En 2012 ya estaba en vigor el primer Código de Buenas Prácticas frente a los desahucios -al que se acogieron muchas entidades financieras, pero no todas- y en noviembre salió la ley que contemplaba una moratoria de dos años para algunas personas que cumplieran una serie de requisitos -familia monoparental con dos miembros, discapacidad, en desempleo, con problemas de violencia de género- para que no fuesen lanzadas de sus viviendas". Charo matiza: "El problema del código original era que resultaba muy difícil que se cumpliesen todos los requisitos que se exigían. Por ejemplo, se pedía no tener ningún tipo de renta ni avalista o que el avalista no tuviese patrimonio. Había una incongruencia, porque para conseguir la reestructuración de la deuda debías tener ciertos ingresos. De esta manera, siempre teníamos que ir a la dación en pago". Carmen León opina que la gente está más o menos informada de esta última fórmula, pero no de la posibilidad de que "una persona que tenga una prestación por desempleo de 426 euros pueda reestructurar su deuda y, en función de lo que esté pagando de hipoteca, le pueda quedar una cuota mensual entre los 15 euros - que nos ha ocurrido- y los 80".

El perfil medio del usuario -explica Isabel- es el de una persona que compró una vivienda cuando tenía un trabajo y unos medios económicos para hacer frente a ese pago, que pierde el empleo y se encuentra con que solo dispone de la prestación por desempleo o la ayuda familiar. La mayoría son de edad media, de cuarenta o treinta y algo. "Al principio venían muchos trabajadores de la construcción -recuerda Charo-, incluso algunos empresarios del sector que habían tenido un alto nivel de vida y habían empeñado en su negocio su patrimonio personal, incluida su vivienda habitual, que en algunos casos era una mansión. Se han visto al borde del desahucio. Últimamente también hay algunos empresarios en general que han agotado recursos propios y familiares y tienen muchas dificultades para encontrar trabajo entre los 40 y los 50 años".

Todas aseguran tener alguna "espinita clavada en el corazón" por algún asunto sin resolver, pero también muchas satisfacciones por los logros conseguidos. "Es un trabajo muy agradecido; aquí  la gente llega total y absolutamente desorientada, desesperada y asustada y te ve como un salvador; y muchas veces lo somos, porque casi siempre encontramos una solución a ese problema tan grande con el que vienen", cuenta orgullosa Isabel. Las cinco coinciden en que, cuanto antes se acuda a un servicio como éste, mejor. "Esto es como cuando vas al médico: cuanto antes te diagnostiquen y te traten, mejor", comenta Isabel. "Suelen venir cuando ya han agotado la prestación por desempleo, cuando sería mucho más fácil encontrar una solución si no la hubiesen agotado aún",  añade Carmen. 

Charo insiste en que siempre intentan que los usuarios conserven la vivienda y que no se endeuden más, "porque muchas veces los bancos ofrecen otros productos que empeoran la situación, aumentando el endeudamiento". A veces, la única manera de que el afectado se quede como inquilino en su vivienda es mediante un alquiler social, una fórmula que no suele gustar a los bancos. "Procuramos que las personas continúen viviendo en su entorno, en el del colegio de los niños", recalca Charo, quien recuerda que la moratoria de desahucios se ha ampliado hasta mayo de 2017. 

Sin embargo, el problema ya no tiene solución si el banco transmite la titularidad de la vivienda a un fondo-buitre. En esta fase sólo queda recurrir a los Servicios Sociales Municipales y, en menor medida, a los Fondos Sociales  de los bancos. "Alguna vez lo hemos conseguido, pero porque hemos sido muuuuy pesadas", recitan todas. Y es que el trato con los bancos no ha sido nada fácil. "Afortunadamente, eso ha cambiado, ya nos conocen y nos tuteamos", apunta Carmen. "No vamos a citar ninguno, pero hay bancos y sucursales más colaboradores que otros. De hecho, pese a que el Código de Buenas Prácticas es  de voluntaria aceptación, pero de obligado cumplimiento cuando se asume, son pocos los que informan de las posibilidades que ofrece", dice Isabel. "Al final, además de la política de la entidad, todo depende de la persona que esté al frente", concluye.

La Oficina en Defensa de la Vivienda en Cádiz está en el Edificio Junta de Andalucía, en la Plaza Asdrúbal. Se puede pedir cita previa mediante el Teléfono de atención a la ciudadanía 956 00 63 98 o el e-mail endefensadelavivienda.cadiz.cfv@juntadeandalucia.es