"Aun cuando los datos siguen siendo de una correcta gestión, sin embargo hay intereses particulares, ajenos a los de la Comunidad, que nos ven como un baluarte que les impide alcanzar sus objetivos y han actuado para intentar nuestro derribo. Aquí seguimos, defendiendo lo que es de todos".

José Marina finalizaba el año pasado con un cordial saludo la carta a los propietarios que incluye ese párrafo. Marina es el presidente de la comunidad de propietarios de Roche Residencial, una urbanización ubicada en Conil. Intereses particulares, un baluarte que los frena. Basta releer la misiva para vislumbrar el conflicto vecinal que la urbanización acoge desde hace unos pocos años y que se ventila ahora en los tribunales. No es una disputa cualquiera. El pasado agosto, la Guardia Civil acudió a Roche para intervenir en la junta de propietarios. Fue el penúltimo capítulo de una riña con tres contendientes, dos asociaciones de vecinos y el Ayuntamiento de Conil, que al menos coinciden en algo: los tres niegan tajantemente que detrás de sus decisiones se esconda un objetivo no confesable.

Roche Residencial, construida en los años 60 y 70 en 200 hectáreas de monte público cedido por el municipio, prevé ingresar este año 1.409.523 euros procedentes de las cuotas de sus 1.500 propietarios. Los gastos de personal ascienden a 512.466 euros; los de seguridad y vigilancia, a 427.130. La urbanización aporta a Conil aproximadamente un millón y medio de euros por el IBI. Pero Roche se ocupa de sus propios servicios básicos, como el de recogida de basura. Los paga de su bolsillo.

José Marina llegó a la presidencia de la comunidad de propietarios hace cuatro años. Su proyecto estrella es recuperar para los propietarios los elementos comunes de la urbanización. Marina y su equipo sostienen que esas zonas pertenecen a los propietarios, que las pagaron al adquirir sus parcelas. Frente a ellos, con la reclamación ya en los tribunales, tienen a la constructora de la urbanización. Y también, pese a que la iniciativa fue respaldada por una mayoría absoluta, a un grupo de propietarios. La oposición.

Marina afirma que todos los problemas que han venido a crispar el ambiente en Roche tienen su origen en esa demanda de las zonas comunes. Las sanciones por el mal funcionamiento de la depuradora y por los vertidos, la orden de cierre del club social y las multas, las protestas contra las normas para delegar el voto en la junta de propietarios y contra las normas para asistir a esa asamblea... Todo remite a esa reivindicación de las zonas comunes, dice el presidente de la comunidad: "Todo empezó cuando dijimos: los elementos comunes son nuestros".

Tiene muy claro Marina que tienen razón, que esas zonas les pertenecen. Pero la primera sentencia sobre ese asunto ha sido desfavorable para la comunidad, que no se ha rendido: ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Cádiz. El pasado mayo hubo una vista y desde entonces esperan la nueva sentencia.

El grupo opositor a Marina sostiene que la junta de propietarios no aprobó la presentación del recurso. Que recurrir la primera sentencia ha supuesto rebasar con creces la partida del presupuesto aprobada para ese pleito.

Esta y otras críticas y movimientos de ese grupo son interpretados por José Marina, su equipo y quienes lo apoyan como un intento de derribo. Como un plan destinado a beneficiar una operación urbanística futura en las zonas comunes de Roche o en terrenos de las tres inconclusas fases de la urbanización.

"Es la pamplina más grande que he escuchado en mi vida", responde José Manuel Moreno del Cuvillo, portavoz, junto con Ignacio Moreno, de los opositores a Marina. Ambos pertenecen a la asociación Vecinos y Propietarios de Roche, en la que 150 personas pagan la cuota y que fue creada este año. Marina y su equipo tienen el apoyo de otra asociación, Defensa de Roche.

"No tenemos nada que ver con la construcción. Y no somos tan estúpidos como para no saber que cualquier proyecto tiene que contar con el Ayuntamiento de Conil y con la Junta de Andalucía, que habría que modificar el PGOU. ¿Qué capacidad tiene Roche para influir en eso? Es una auténtica calumnia decir que detrás de nosotros hay una operación urbanística. Lo único que queremos es defender a Roche de otra manera", explican Moreno del Cuvillo e Ignacio Moreno.

En realidad, añaden, el único plan para una operación urbanística en Roche, "y eso sí que está documentado", es el que menciona el programa de la candidatura de José Marina de 2012. Se refieren a una propuesta para dedicar zonas comunes al servicio de la comunidad en la que se apuntan opciones: colegio, centro de estudios, fundación, centro de investigación... Esto es, ubicar en Roche un centro educativo privado ligado a una organización religiosa, interpretan los opositores a Marina. Especulación en respuesta a otra especulación.

Marina considera que el grupo opositor lanza "mensajes escandalosos" porque no soporta que la comunidad, con la comprensión de la mayoría de los propietarios, se haya "fortalecido" gracias a su gestión. "Necesitan crear el horror para luego acusarnos a nosotros del horror que ellos mismos provocan", escribió en su carta de este año en la convocatoria de la junta de propietarios. "Su actitud es nociva", añadía, "porque han frenado la negociación del convenio con el Ayuntamiento de Conil, han impedido el normal funcionamiento de nuestro chiringuito (el centro lúdico gastronómico), han retrasado la modernización del alumbrado público, han instigado para que se nos impongan multas".

El convenio con el Ayuntamiento de Conil que pretende firmar la comunidad de Roche es la propuesta de Marina para racionalizar los servicios básicos en la urbanización. Ahora los pagan los propietarios. Pagan la recogida de basura y el alumbrado público. Y la idea es que el Ayuntamiento aporte una subvención. El alcalde de Conil, Juan Bermúdez, dice que es partidario de firmar un convenio, como en Fuente del Gallo, otra urbanización. Pero el asunto está estancado porque una propietaria del grupo opositor ha reclamado al Ayuntamiento que preste los servicios municipales en Roche y ha acudido a los tribunales, al Contencioso-Administrativo. "Ahora tenemos que esperar a ver qué dice la Justicia", explica el alcalde.

Con el Ayuntamiento tiene la urbanización otro contencioso a cuenta del chiringuito que la comunidad ha levantado en una de las zonas comunes de la urbanización, junto a las pistas deportivas. Se trataba de tener un bar abierto todo el año en el que poder tomarse un café o comer algo. El establecimiento fue planteado como un club social y obtuvo licencia municipal de construcción. Pero el Ayuntamiento negó luego el permiso de apertura al advertir que allí iban a servir comidas y que se encontraba en un terreno que no admitía ese negocio. La comunidad estimó solucionado el problema al plantear que el chiringuito era un club gastronómico. Y lo abrió. Antes adjudicó la gestión en un proceso que el grupo opositor cuestiona y que Marina defiende como realizado con total transparencia y legalidad.

"Abrimos el chiringuito porque no había nada irregular que lo impidiese", explica Marina, que interpreta como una persecución que el Ayuntamiento comenzase a ordenar el cierre del establecimiento e incluso a sancionar con 20.000 euros a la familia que lo regenta. El asunto ha llegado incluso a la Fiscalía, con una denuncia de esa familia, que se ve acosada por el Ayuntamiento de Conil y tratada injustamente, con un rigor que contrasta con la permisividad hacia otros establecimientos. Otros locales que carecen de licencia de apertura pero que no eran molestados ni multados ni recibían orden de cerrar.

El fiscal acaba de comunicar, el pasado septiembre, que no observa indicio de delito alguno en la actitud del Ayuntamiento, que archiva las diligencias. Pero Marina y su equipo llaman la atención sobre algo que anota el fiscal en su decreto. El fiscal argumenta que no hay trato discriminatorio, que sobre los establecimientos a los que aluden como ejemplo los denunciantes pesan expedientes de protección de legalidad urbanística. Pero dice más: afirma que esos expedientes "en su práctica totalidad se han incoado en los meses de abril y mayo de este año 2013". Es decir, que el Ayuntamiento actuó contra esos establecimientos después de haber sido presentada la denuncia en la Fiscalía, no antes. Y siguen abiertos, señala Marina.

Que el año pasado el Ayuntamiento ordenase reiteradamente el cierre del chiringuito de Roche y no el de otros establecimientos que también carecían de licencia de apertura, argumenta el equipo de Marina, muestra bien, en contra de lo que afirma el fiscal, que sí existen indicios de discriminación.

El alcalde de Conil lo rechaza tajante. "No nos dedicamos a perseguir a nadie. El Ayuntamiento actúa contra una actividad ilegal, y más cuando hay una denuncia de propietarios de la urbanización", explica Juan Bermúdez.

La comunidad ha presentado un recurso contra la orden de cierre del chiringuito, así que un juez se pronunciará también sobre ese conflicto que se suma a la lista de problemas. En ella hay otro sobre el que sobrevuelan sanciones. Es el creado por la estropeada depuradora de la urbanización y los vertidos al mar.

Marina admite que la depuradora no funciona correctamente pero asegura que el impacto contaminante de los vertidos en el mar es mínimo, incluso inexistente, ya que no proceden de una zona industrial, sino de una urbanización. También reclama que se ocupe de este asunto la Administración, porque es su competencia. El alcalde de Conil dice que anda detrás de una solución definitiva, y no sólo para Roche: la construcción de una nueva depuradora.