El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, en el que se incluye la institución colegial gaditana presidida por José Blas Fernández, propone la apertura real de las oficinas del SEPE y de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) así como la reincorporación física de los funcionarios para poder desempeñar sus funciones de una forma más efectiva en estos momentos en los que se están tramitando numerosos asuntos de índole laboral a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus.

Desde el pasado 14 de marzo, día en el que se decretó el estado de alarma como consecuencia de la situación generada por el Covid-19, el colectivo de graduados sociales "está trabajando intensamente en la tramitación de un gran número de ERTEs, así como en la prestación por cese de actividad de varios autónomos", detalla el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España en un reciente comunicado. 

Estos profesionales, explica la nota, desempeñan sus tareas "de forma continuada y sin descanso, con interminables y agotadoras jornadas que están afectando a derechos fundamentales como son el derecho a la salud y a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal".

Asimismo, los graduados sociales señalan que desde que estallase la crisis sanitaria por el Covid-19, se han publicado numerosos Reales Decretos-leyes, cuya entrada en vigor, en la mayoría de los casos, se ha producido el mismo día de su publicación. "Esto nos ha obligado a su inmediata lectura para analizar su contenido, interpretarlo y asimilarlo y así poder informar a nuestros clientes". El colectivo critica que la puesta en práctica de estos decretos no ha sido suficientemente clara, "lo que nos ha hecho soportar una inseguridad jurídica que nos dificultaba la toma de decisiones para nuestras empresas y trabajadores".

Según afirman estos profesionales, "la situación de desconcierto e inseguridad se está consolidando en el tiempo, haciéndose insostenible para nuestros despachos". Por ello, han remitido numerosos escritos a los organismos y ministerios implicados, los últimos en este mismo mes de agosto, para mostrar su contrariedad y preocupación y proponer, al mismo tiempo, una batería de propuestas para mejorar el contexto actual. Algunas de las medidas que plantean son: 

• Desarrollar una comisión técnica Covid-19 integrada por el SEPE, la TGSS, Inspección y el Consejo General.

• La apertura real de oficinas y la incorporación física de los funcionarios para atender a los ciudadanos y a los profesionales.

• Implantar la figura del 'colaborador profesional' con el SEPE y la TGSS. Los graduados plantean retomar la “administración concertada” como “habilitados”, ya que "si hay más trabajo, debe haber alguna contraprestación", argumentan. Con una formación previa, los graduados piden ser tramitadores concertados con el fin de aligerar el trabajo de la administración y dar respuestas a la incertidumbre actual.

• Gestión directa en la prestación de desempleo. La reciente crisis sanitaria ha dejado al descubierto la fragilidad del sistema de gestión masiva de prestaciones de desempleo, provocando incidencias cuyo alcance está muy alejado de los estándares de calidad exigibles a la Administración Pública, señalan los graduados sociales, que consideran que la extensa red de despachos profesionales de los graduados sociales colegiados en España está dotada de los medios técnicos, tecnológicos y humanos necesarios para absorber esta labor.

• Proponer a los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social la habilitación de un punto único desde donde tramitar todas las gestiones laborales de empresas y trabajadores de una manera mucho más simple y sencilla.

• Establecer un convenio de colaboración con la TGSS, el INSS y el SEPE para la formación a los graduados sociales de manera previa a la publicación de la norma, guía o criterio que se pretenda poner en marcha. 

• Crear comisiones de trabajo periódicas con el SEPE, la TGSS y el INSS para informar de las novedades y tratar incidencias y consultas que se produzcan.