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Justicia en Cádiz

Abogados y procuradores, condenados en agosto

  • Profesionales del Derecho critican la habilitación procesal de las tres últimas semanas de este mes, una medida que “no está sirviendo para nada” y que, sin embargo, “nos priva de nuestras vacaciones”

Una sala de vistas de la Audiencia de Cádiz con mamparas de protección.

Una sala de vistas de la Audiencia de Cádiz con mamparas de protección. / Jesús Marín

Ya lo advirtieron el pasado mes de abril y nadie les escuchó. Avisaron que habilitar judicialmente tres semanas de agosto no iba a servir para desatascar una administración que, ya antes de que estallase la crisis del coronavirus, arrastraba importantes retrasos. Anunciaron que los principales  perjudicados por la adopción de esta medida iban a ser ellos. Y así ha sido. Abogados y procuradores gaditanos muestran su profundo malestar por la situación que están viviendo días estos agosto en los que se les están notificando numerosos asuntos que deben contestar en unos plazos determinados mientras que jueces, funcionarios y Letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios) disfrutan –como, por otra parte, debe ser– de sus vacaciones.

Intentar destaponar una maquinaria judicial pesada, lenta y sobrecargada sin apenas celebrar juicios y sin que se dicten sentencias, solo notificando casos a los profesionales del Derecho, deja a abogados, procuradores y graduados sociales en una tesitura complicada y solitaria en la que difícilmente pueden desempeñar su trabajo, además de no poder contar con días de descanso.

Las quejas de estos operadores jurídicos se han visto avivadas por las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a este periódico. El responsable de la cartera de Justicia dijo que la decisión de habilitar los días comprendidos entre el 11 y el 31 de agosto fue  adoptada “por unanimidad”. Pascual Valiente, decano del Colegio de Abogados de Cádiz, no tardó en replicarle y le respondió que fue una propuesta “impuesta sin negociación” a la que la Abogacía se opuso desde el minuto uno.

En la entrevista concedida a este medio, el ministro también habló de una “pequeña perturbación” para referirse a las consecuencias de habilitar procesalmente agosto. No lo entienden así los abogados consultados.

Esther Coto, letrada gaditana, explica que “la excusa” que se dio en su día para justificar esta “solución mágica” no fue otra que  intentar paliar los efectos negativos del parón casi absoluto que sufrió la actividad judicial durante los tres meses del estado de alarma. “Salvo para cuestiones excepcionales y limitadísimas, la labor de uno de los tres poderes del Estado se quedó prácticamente a cero”, critica la abogada, que argumenta que “es imposible solucionar en veinte días (quince si se restan los sábados, los domingos y los festivos de agosto) el plúmbeo atraso de este servicio público que todos creíamos esencial hasta que durante la pandemia nos dimos cuenta de que era más importante que funcionasen las peluquerías que los juzgados”, comenta con sorna.

Coto, como tantos otros abogados, explica que los únicos que van a pagar “los platos ratos de esta ocurrencia” en el organigrama de la administración de Justicia son los abogados y los procuradores. “Esta medida no va a servir para nada, solo para aparentar que se hace algo, cuando lo que habría que impulsar son decisiones realmente eficientes que agilicen y modernicen la denostada institución de la Justicia”.

José Blas Fernández, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, sostiene la misma postura que sus compañeros abogados. “Estamos todos indignados. Esto es una falta de respeto a los operadores jurídicos tremenda. Nos están notificando numerosos asuntos y los tenemos que contestar en unos plazos determinados a través de Lexnet, un sistema informático que está continuamente bloqueado y ralentiza nuestra labor”.

José Blas apunta que las fechas son sus “principales enemigas”. “Los operadores jurídicos sí tenemos que ajustarnos a unos plazos procesales, sin embargo, los jueces, no; ellos no tienen límites de tiempo para dictar sentencias”.

La habilitación de agosto, insiste Blas Fernández, no soluciona el atasco de la Justicia. “Otra cosa sería que estuviésemos todos, repito, todos, en el tajo. Lo que no se puede permitir es que nos estén notificando casos y, por contra, no se estén celebrando juicios. Me consta que en la jurisdicción social no hay una sola vista señalada en toda Andalucía. Y materia para celebrar, hay, y bastante”, señala el presidente de los graduados sociales de Cádiz, que añade: “O hay vacaciones para todos o no hay vacaciones para nadie”.

José Blas Fernández ya ha anunciado que solicitará una reunión urgente a la comisión de seguimiento creada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a raíz de la crisis sanitaria del Covid-19 para abordar esta problemática.

Joaquín Olmedo, otro abogado de Cádiz, vaticina igualmente  que la habilitación procesal de agosto no desatascará el embudo de los juzgados. “La solución pasa por invertir en medios”. Como los otros entrevistados, Olmedo lamenta que los letrados hayan perdido sus vacaciones. “No hemos tenido descanso. Los pequeños despachos, sobre todo, somos los que más hemos resentido esta medida. Nos han fastidiado pero bien”.

“No me asusta trabajar en agosto, ya lo he hecho otros años, me asusta la terrible desorganización que estamos viviendo. Por un lado, nos piden que no presentamos demandas en agosto pero, por otro, nos notifican casos. Además, es imposible preguntar por un expediente en los juzgados, a los que nos dejan acceder a duras penas tras numerosas pegas y trabas. Y si acudes a los enlaces de atención que ofrece el portal Adriano, nadie te contesta. Todo un despropósito”, enumera Olmedo.

La letrada Esther Coto considera “irrisorio” que se quieran regatear veinte días de vacaciones a los abogados, “cuando en la provincia de Cádiz, por ejemplo, los procedimientos duran una eternidad, sobre todo en localidades como Barbate, Sanlúcar, Chiclana o San Fernando, poblaciones con retrasos endémicos donde no es raro que un asunto civil tarde más de tres años en resolverse y uno penal se lleve incluso lustros hasta la celebración del juicio. Hay juzgados de lo penal que tienen juicios programados para 2022 y juzgados contenciosos o sociales que aburren al litigante”.

Coto recuerda que la polémica medida de habilitar agosto se ha adoptado al mismo tiempo que el Ministerio de Justicia ha decidido modificar el artículo 324 de la LECrim, el que establecía plazos máximos para la instrucción de las causas penales. “Ahora las causas volverán a ser como antes y podrán tardar todos los años que se quiera –o que se deba– en enjuiciarlas. Ciertamente el artículo generaba problemas y exigía una reforma, pero ¿es coherente esta medida con la anterior?, ¿es coherente quitarles las vacaciones a los letrados con la excusa de que todo va muy lento, para, acto seguido, dejar sin efecto el límite de tardanza de la instrucción?”, se pregunta.

Para esta abogada, “de nuevo  se ha roto la cadena por el eslabón más débil, los abogados, que con la anuencia del Consejo General de la Abogacía, que no ha hecho nada por evitarlo en su habitual pleitesía a lo que decida el que manda, nos ha puesto a nosotros, los letrados, como cabeza de turco”, remata.

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