Pascual Valiente | Decano del Colegio de Abogados de Cádiz “Habilitar agosto es una medida demagógica que no resuelve el atasco de los juzgados”

  • Los letrados responden al ministro de Justicia: "La medida se adoptó con el rechazo generalizado y expreso de la Abogacía"

Pascual Valiente, decano del Colegio de Abogados de Cádiz. Pascual Valiente, decano del Colegio de Abogados de Cádiz.

Pascual Valiente, decano del Colegio de Abogados de Cádiz. / Jesús Marín

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Cádiz, en sesión extraordinaria y urgente celebrada este jueves, ha rechazado por unanimidad de sus miembros las declaraciones efectuadas por el ministro de Justicia en este medio, en las que manifiesta que la habilitación procesal del mes de agosto fue una medida adoptada por unanimidad. "Muy al contrario, dicha medida contó con el rechazo generalizado y expreso de la Abogacía y, específicamente, del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y de la institución colegial gaditana".

La postura del Colegio de Abogados de Cádiz, presidido por su decano Pascual Valiente, respecto a la habilitación procesal de agosto es clara y contundente: “Supone una gravísima afrenta para el ejercicio del derecho de defensa, en claro perjuicio de los abogados, que son sus valedores, los que defienden  los intereses de los ciudadanos ante los tribunales de Justicia”. Para Valiente, “se trata de una medida política, demagógica, de cara a la galería, que no resuelve un ápice el atasco histórico de nuestros juzgados, por lo que desde la institución colegial gaditana trasladamos nuestro enorme malestar por el hecho de que los abogados no hayamos podido descansar durante este mes, tradicionalmente inhábil, a diferencia del derecho que legítimamente van a conservar los funcionarios, jueces y fiscales para tomar su mes de vacaciones”.

Habilitar tres semanas de agosto fue una propuesta rechazada desde el principio por el Colegio de Abogados de Cádiz y por toda la Abogacía en general, si bien, asegura el decano de los letrados gaditanos, resultó “impuesta sin negociación” desde el Ministerio de Justicia, que no atendió las peticiones formuladas insistentemente desde los órganos representantes de la abogacía para su derogación.

Para paliar sus efectos, el Consejo General del Poder Judicial  (CGPJ) recomendó a magistrados y tribunales que las actuaciones judiciales durante el mes de agosto se limitasen a los asuntos estrictamente urgente. “Sin embargo, desde el pasado día 11 se están produciendo numerosísimas notificaciones por los diferentes órganos judiciales de la provincia a procuradores y abogados en toda clase de asuntos, sin razón de urgencia alguna, lo que no solo está impidiendo el legítimo derecho al descanso de los profesionales, sino que está dificultando enormemente su actuación, porque de todos son conocidos los problemas que este mes de agosto presenta para cualquier gestión, dado que los juzgados y la Administración se encuentran prácticamente cerrados y los clientes, además, están de vacaciones”, expone Pascual Valiente.

Abogados y procuradores sufren “una desconsideración intolerable”

Según el decano, “no tiene ningún sentido que la actividad judicial esté casi paralizada, que los juzgados estén cerrados, vacíos, sin atender al público ni a profesionales, con numerosos jueces, Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y fiscales de vacaciones (o en vistas de tomarlas en los próximos días), y, por el contrario, se les notifiquen resoluciones judiciales diariamente a los abogados y procuradores, negándoles la posibilidad de descansar en el mes de agosto”.

Con esta medida “no se avanza absolutamente nada”, sentencia Valiente, que argumenta que los asuntos que se están notificando ahora se van a quedar parados hasta que finalicen las vacaciones de funcionarios, jueces, letrados y fiscales, es decir, “son resoluciones que podrían notificarse perfectamente a partir del día 1 de septiembre, sin perjudicar en modo alguno la efectividad de la Justicia y el derecho a la conciliación de los abogados, que durante todo este duro periodo de pandemia han estado desde el primer minuto a disposición de la ciudadanía las 24 horas del día”.

Desde el Colegio de Abogados de Cádiz consideran que habilitar 16 días de agosto es “una desconsideración intolerable hacia la figura de los abogados y procuradores, primero realizada por el Ministerio de Justicia, después por los grupos políticos parlamentarios que permitieron su aprobación y, finalmente, por los propios juzgados y tribunales, que están celebrando actos judiciales y notificando resoluciones durante este mes de manera claramente innecesaria, en perjuicio de los profesionales del Derecho”.

El colegio gaditano quiere denunciar también que actualmente existe en tramitación en las Cortes Generales un Proyecto de Ley con el que se pretendía dejar sin efecto la habilitación de este mes de agosto, sin embargo, no ha podido aprobarse a tiempo precisamente por encontrarse en periodo vacacional el Senado, lo que constituye una auténtica incongruencia.

Asimismo, la institución colegial gaditana rechaza el Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, actualmente en tramitación en el Senado. Este proyecto, aseguran los abogados, establece en su artículo 18 importantísimas limitaciones para el desempeño del derecho de defensa por los abogados al establecer la atención a los profesionales por sistemas no presenciales, exigiendo incluso cita previa para acudir a la sede judicial, lo que resulta incompatible con la perentoriedad de los plazos que deben cumplimentar los abogados, en lugar de implantar efectivamente el expediente judicial digital.

"Esta Junta de Gobierno considera esta propuesta legislativa una intromisión ilegítima que perjudica directamente el desempeño de la actuación profesional de los abogados, cuya presencia ante los tribunales  así como su acceso a las sedes y expedientes judiciales no puede limitarse de ninguna manera".

De igual modo, el Colegio de Abogados de Cádiz se muestra contrario a la posible generalización de la celebración telemática de juicios. A su entender, las vistas orales deben desarrollarse presencialmente ante el juez en sede judicial, con la intervención de los ciudadanos asistidos de sus abogados; eso sí, con la adopción de todas las medidas higiénico sanitarias precisas.

La Junta de Gobierno del ICA de Cádiz quiere denunciar que con las medidas adoptadas y las que están en tramitación se está atentando gravemente al ejercicio del derecho de defensa, afectando negativamente el papel del abogado, "lo que desde este colegio no se va consentir, por lo que en los próximos días se determinarán las posibles medidas a adoptar".

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