El ministro gaditano de Justicia, Juan Carlos Campo, repasa los temas más candentes de actualidad desde su retiro en la costa gaditana. A raíz de las críticas contra la Casa Real de sus propios socios de gobierno, defiende a capa y espada la monarquía parlamentaria y también el sistema autonómico “con todas sus tensiones”. A la vez está orgulloso de la modernización de la Justicia durante la pandemia, un hito que califica de “histórico”. Por último defiende que se haya aprovechado para tratar de agilizar procesos:“Los ciudadanos no n os perdonarían más retrasos tras tres meses de vacío”.

–El Rey emérito ha confirmado su paradero, después de dos semanas. Hay quienes entienden que éste no era el destino más acertado para alejar la polémica. ¿Qué opina usted?

–Lo verdaderamente interesante y lo que nos debe dar tranquilidad es el esfuerzo permanente que está haciendo la Corona por dar transparencia e información sobre lo que ocurre en la Casa Real. Es una institución que tenemos que fortalecer porque es nuestro modelo constitucional, la monarquía parlamentaria, con independencia de la actitud y conducta puntual de las personas que la encarnan. Que hayamos conocido el destino nos parece que es bueno en la medida que el conocimiento nos puede llevar a una cierta tranquilidad, pero no podemos sustraernos a una realidad y es que es una persona sobre la que no hay procedimiento penal alguno, que no hay medidas sugeridas por nadie y, por lo tanto, es un ciudadano libre que puede moverse en sus vacaciones, en su régimen ordinario, sin tener que dar demasiadas cuentas. Para aquellos más puntillosos, se ha comunicado que en el minuto 1 que se pudiera producir una hipotética llamada de la justicia, tardaría un segundo en estar a disposición.

–En una democracia constitucional, ¿el Gobierno no tendría que ejercer un mayor control sobre las instituciones, en este caso sobre la Casa Real?

–Yo creo que las relaciones entre la Corona y los poderes del Estado están muy bien establecidas en la Constitución y que la verdadera fortaleza de las instituciones es que cumplan aquellos cometidos para los que son creadas. En este sentido, debemos sentirnos muy orgullosos del papel de la Corona desde la Constitución del 78, no sólo por el impulso que se dio para el régimen democrático, sino también por la adopción de una monarquía parlamentaria.

El verdadero fortalecimiento de las instituciones es lo que estamos viendo ahora: la Casa Real está dando pasos en temas como asignación de cantidades, de transparencia, de clarificar las actuaciones, de una agenda participativa. En ese sentido, tenemos una monarquía que se está adecuando al siglo XXI.

"El Rey emérito es un ciudadano libre que puede moverse sin tener que dar demasiadas cuentas”

–¿Qué opina de las acusaciones vertidas por el vicepresidente Iglesias? ¿Le preocupa que sus socios traten de aprovechar este momento para cuestionar toda la arquitectura del régimen del 78 y plantear el debate sobre la monarquía o la república?

–Su posición de partido ha sido tradicional en esta línea y en sus manifestaciones de libertad de expresión y como líder de un partido puede considerar lo que quiera. Evidentemente la posición del Gobierno la ha expresado el presidente y ahí es donde debemos estar. Tenemos el compromiso de defender la monarquía parlamentaria porque es el modelo constitucional que nos hemos dado y cuya Constitución hemos jurado o prometido defender y creo que no hay que lanzar dudas.

–Como ministro de Justicia ha defendido la libertad de expresión, ¿pero es aceptable que se cuestione la parcialidad de los jueces desde el propio Ejecutivo tras la investigación que pesa en contra de Unidas Podemos, sus socios de gobierno, por presuntos delitos de malversación y administración desleal?

–Como ministro de Justicia lo que tengo que hacer es establecer todos los elementos necesarios para que la Justicia sea efectiva y se pueda desarrollar en los términos constitucionales. La libertad de expresión es un derecho fundamental y también la tiene el líder de Unidas Podemos y hoy vicepresidente primero del Gobierno, Pablo Iglesias. Por lo tanto, yo no tengo que enjuiciar lo que él dice. Lo que tengo muy claro es que tengo un respeto absoluto, y sería absurdo no tenerlo siendo juez desde hace 33 años, y la mejor consideración hacia el poder judicial y de que su actuación es independiente y está sometida al imperio de la ley.

"No debo enjuiciar lo que dice Iglesias pero la actuación de los jueces es independiente y sometida a la ley”

–Los nuevos contagios crecen al igual que la confusión en estos momentos, con cada comunidad afrontando los rebrotes según su criterio. Los tribunales superiores de Cataluña y País Vasco han tumbado las restricciones al ocio, en cambio en Asturias y Galicia las han apoyado. ¿Le parece propio de un país serio?

–Sí. No hay nada por lo que nos tengamos que rasgar las vestiduras. Cuando hay restricciones de derechos fundamentales, la petición que tiene que hacerse es cumpliendo unos requisitos. No es que haya una cuestión desigual de que en un sitio sí y en otro no: lo que establecen esas resoluciones es que hay que ajustarlo para que eso se produzca en los juzgados. Esto se ha hecho y se ha corregido. No creo que eso sea un problema de la actuación, es fruto de que esto es una situación en la que intervienen los distintos poderes, no solo los ejecutivos sino también el poder judicial.

–¿Se equivocan los que acusan al Gobierno de irse de vacaciones a la espera de que las autonomías le pidan que recupere el mando único?

–Yo no soy quién para decir si se equivocan o no. Lo que sí creo es en la libertad de expresión y en la libertad de crítica, pero nadie con sentido de justicia puede decir que este gobierno ha hecho dejación de sus funciones. Otra cosa es que hayamos hecho unos pequeños turnos para tener unos días de vacaciones porque creo que son también necesarios. Son pocos y no ha habido ni un sólo día que no haya un ministro o ministra en actuación, en medios y, sobre todo, preocupados de todas las realidades. De hecho, en todos los ministerios hay actuaciones diarias.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

–La pandemia nos ha atacado con un Ministerio de Sanidad vacío de competencias y sin recursos. Respetando la singularidad de cada territorio y al espíritu de la España autonómica, ¿no cree que habría que repensar el modelo de Estado con un debate sereno por si el Gobierno tuviera que recuperar algunas competencias al menos en parte? Por ejemplo, la vuelta al ‘cole’ está siendo un desafío en cada comunidad, cada una con sus recetas.

–En cuanto a la idea del estado autonómico, vuelvo a decir lo mismo que con la Corona: creo que el Estado autonómico nos ha permitido los mayores años de desarrollo como sociedad en el Estado español. Creo en el modelo autonómico que prevé la Constitución del 78 con todas sus tensiones y matizaciones del Tribunal Constitucional. No hay ningún problema en eso.Tenemos un ámbito de reparto competencial sumamente interesante. Todo se puede revisar pero está funcionando muy bien. La dinámica es que si algo hemos visto en esta pandemia es que las comunidades autonómicas y el Gobierno central tienen que hacer una apuesta clara por una sanidad pública. Ese es el verdadero debate en el que nos tenemos que mover como sociedad.

"Creo en el modelo autonómico que prevé la Constitución del 78 con todas sus tensiones y matizaciones”

–Ahora mismo, el tema más candente en su ministerio es la habilitación de 20 días en agosto para los plazos procesales. Fue una medida adoptada por el Gobierno ‘unilateralmente’. Los abogados están que trinan y denuncian que se han quedado sin vacaciones, mientras que los jueces y muchos funcionarios sí lo están.

–Es una decisión adoptada por todos por unanimidad. Entendimos que era bueno establecer menos días y éramos conscientes de que parcialmente íbamos a generar una pequeña perturbación. Estamos hablando que se declaran como días hábiles del 11 al 31 de agosto y se excluyen sábados, domingos y festivos. Hay unos días que en principio podría haber juicios o actuaciones procesales.

¿Qué es lo que se pretende con la medida? Mirar al ciudadano, por el que ha visto sus causas paradas totalmente durante toda la pandemia en una justicia que de por sí va siempre atrasada. El esquema se vio con el Consejo General de Poder Judicial, con Fiscalía y participaron toda la Abogacía, toda la Procura y los Graduados sociales, que fueron conocedores de que teníamos que hacer algo para restringir algo que era habitual y es que durante los meses de julio, agosto y septiembre, por los juegos optativos cada uno de sus vacaciones, pudiera verse también diluida o amortiguada la actuación de la Justicia. No podíamos salir de una pandemia en el que se habían cerrado el 95% de los servicios de justicia y tener otros tres meses de vacío. La ciudadanía no nos lo iba a perdonar.

–¿El objetivo era desatascar entonces?

–Claro. Y precisamente porque sólo ocurría unos días, se dijo que íbamos a tratar de molestar lo mínimo a esos profesionales que tienen su derecho a vacaciones. Por eso se coordinó con el Consejo que no se produjeran juicios durante el mes de agosto, y si los había, se les tenía que comunicar antes de del 15 de junio. Además, como la gente se tiene que tomar vacaciones, las notificaciones para los trámites procesales son mínimas. De hecho, en unos días tendremos el quantum de lo que se ha hecho pero la ciudadanía nos reclamaba eso porque quiere que sus papeles se muevan.

"No podíamos salir de tres meses de pandemia con el 95% de los juzgados cerrados y tener otros tres de vacío”

–El colapso de la Justicia viene de muy atrás, ¿no se podría haber aprovechado el confinamiento para agilizar procesos o al menos para implantar la digitalización como usted mismo defiende?

–Claro que se ha aprovechado y creo que el impulso modernizador que ha tenido la Justicia en la pandemia me atrevería a decir que es histórico y tiene tres patas. En primer lugar, la declaración de servicios mínimos que determinó que pudiéramos establecer un real decreto ley donde para el tiempo de pandemia y los tres meses siguientes, proyectamos una modernización que los ciudadanos han podido ver en los medios. Juicios enteros telemáticos y la validez de todas la pruebas videomáticas, por ejemplo. La prioridad era salvaguardar la salud y por eso hemos puesto distanciamiento, citas previas y que no se utilizaran togas porque van pasando de unos a otros

Después hubo dos patas más. En un decreto de economía absolutamente nuevo en el mundo de la Justicia, se introduce la disposición adicional 19 para que una vez que transcurriera y se levantara el estado de alarma, el Consejo de Ministros aprobara planes de reflotamiento o de actualización o de choque para los ámbitos más sensibles de la Justicia como son el Social, el Contecioso-administrativo y el Mercantil. Se aprobó, tiene 50 millones de euros y empieza el 1 de septiembre en el Laboral y el Mercantil mientras que en el Contencioso empezará más adelante.

Todavía hay una tercera pieza que es una ley que estamos trabajando enormemente en conjuntocon las comunidades autónomas, con el Consejo, con las Fiscalía y con todos los operadores jurídicos, que llevaré a Consejo de Ministros posiblemente en las primeras semanas de octubre.

Esas tres piezas son el mayor elemento dinamizador que ha conocido la Justicia en los últimos 40 años. ¿Fruto de la pandemia? Bueno, algo bueno habrá tenido una comunión de esfuerzo en pro de un objetivo común.

–A corto plazo, se espera una sobrecarga tremenda en jurisdicciones como la Social y la Mercantil por temas de despidos, Ertes, etc... ¿El sistema está preparado para absorber la que se viene encima?

–No lo estaban y por eso he hablado de estos planes de choque que son un reforzamiento de los juzgados de lo Social. Ahí están los juzgados Covid, que ya se están creando, que permiten atender a estas situaciones. Hemos metido un elemento que para mí era vital, que es entender que la Justicia es un elemento dinamizador de la economía y, por lo tanto es necesario articular una justicia más ágil para que el dinero se mueva. Tenemos 5.000 millones de dinero bloqueado en las cuentas de depósito y consignaciones, es decir, dinero en litigio. Si resolvemos pronto los litigios, ese dinero circulará y el capital circulante es un motor de la economía.