El PP exige la implicación de Aguayo en la crisis del Bajo Guadalquivir

El Partido Popular (PP) de Cádiz, a través de su portavoz provincial, Ana Mestre, exigió ayer la implicación de la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, en el proceso de disolución de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Este organismo que está actualmente en vía de extinción arrastra una deuda que el PP calcula cercana a los 60 millones de euros y que deberá ser asumida por sus 11 ayuntamientos socios, entre los que hay cuatro de la provincia de Cádiz, en concreto, Sanlúcar, Rota, Chipiona y Trebujena.

De momento, la Seguridad Social ha empezado ya a endosar a estas corporaciones locales su cuota correspondiente a la deuda global del ente mancomunado, que asciende a ocho millones de euros. Se ha desvelado ya, por ejemplo, que, para saldar esta trampa, el Ayuntamiento de Sanlúcar deberá abonar unos dos millones, Chipiona tiene que pagar 1,2 millones y Rota tiene que asumir un desembolso cifrado en 800.000 euros por unos débitos que en ningún caso son propios.

En rueda de prensa acompañada por los alcaldes respectivos de Rota y Chipiona, Eva Corrales y Antonio Peña, y por el portavoz del PP en el Ayuntamiento sanluqueño, Juan José Marmolejo, Ana Mestre hizo hincapié en que a esta situación se ha llegado "por la desastrosa gestión del PSOE durante sus 26 años de gobierno en esta Mancomunidad".

La portavoz provincial del PP consideró imprescindible que la consejera de Hacienda se reúna a la mayor brevedad posible con los alcaldes de los 11 municipios afectados (cuatro de Cádiz y siete de la provincia de Sevilla) con objeto de plantear soluciones a una situación inesperada que amenaza con arruinar a estas corporaciones locales.

Mestre recordó que, al abordar la posible disolución de esta Mancomunidad -un proceso abierto el pasado junio-, el PP se opuso a liquidar este organismo sin que previamente se realizara una fiscalización de las cuentas que ayudara a conocer la realidad económica del ente y a depurar responsabilidades con posterioridad. Aquella petición, sin embargo, fue rechazada con los votos del PSOE, que ha mantenido la presidencia de esta Mancomunidad desde su creación hace ya más de un cuarto de siglo. No obstante, Mestre mostraba ayer su perplejidad por el hecho de que la comisión liquidadora haya planteado ahora la intervención de la Cámara de Cuentas, una decisión asumida por la presidenta actual y alcaldesa de Lebrija, la socialista María José Fernández, que asumió este cargo a mediados de año "sólo para llevar a cabo la liquidación de la Mancomunidad" y en medio de "una disputa interna en las filas del PSOE porque nadie quería el cargo".

Desde las filas del PP se llama la atención sobre la situación "caótica" en la que está ahora esta Mancomunidad "por la gestión desastrosa del PSOE al frente de la misma". Así, y aparte de las deudas con varios organismos, se hace hincapié en el despido de 49 trabajadores fijos y 400 temporales y en la situación de abandono de la sede, materiales y maquinaria de la Mancomunidad "sin ningún tipo de vigilancia, lo que está motivando saqueos constantes", dijo.

Por todo ello, la portavoz provincial del PP exigió ayer la intervención no sólo de la Junta, a través de su consejera de Hacienda, sino también de la secretaria general del PSOE de Cádiz y alcaldesa de Sanlúcar, Irene García, a la que demanda "que se plante ante sus compañeros para buscar una solución, pues su actitud hasta la fecha ha sido cómplice de la nefasta gestión que repercute de forma directa en los sanluqueños".