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Provincia de Cádiz

El PP busca que el parón del tranvía no afecte a las obras complementarias

  • Cree que el auto judicial no debe repercutir en estas actuaciones previstas en La Isla

El PP quiere que se aclaren dos cuestiones en torno a la incierta situación de las obras del tranvía en La Isla tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ordena su paralización.

Primero, que se explique el alcance de esta nueva resolución judicial, hasta dónde llega la nulidad del proyecto y en qué manera afecta a las obras que están en marcha y a las previsiones y plazos de obra. Y luego, que se explique qué se va a hacer, cuáles son las medidas que tanto la Consejería de Obras Públicas y Transportes como el propio Ayuntamiento de San Fernando van a adoptar para solucionar la precaria situación en la que se encuentra esta actuación estratégica que se lleva a cabo en el término municipal isleño desde hace ya dos años y medio tras el nuevo varapalo judicial.

Por ello, a la comparecencia urgente de la consejera de Obras Públicas que ha solicitado en el Parlamento andaluz, los populares sumaron ayer otra iniciativa: la convocatoria de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento isleño.

El candidato a la Alcaldía y presidente provincial de la formación, José Loaiza, dio a conocer esta iniciativa poco después de que su partido presentara la propuesta en el Registro municipal. "En primer lugar, pretendemos que desde el equipo de gobierno se informe sobre la situación actual en la que queda la obra y sobre las actuaciones que tiene previsto llevar a cabo tanto en el Juzgado como en la Consejería de Obras Públicas", explicó.

Pero el PP, con la convocatoria de este pleno extraordinario, pretende también que, desde el Ayuntamiento, se inste a Obras Públicas a que ejecute las obras complementarias comprometidas con la actuación del tranvía entendiendo que éstas no están directamente perjudicadas por la nulidad del proyecto que contempla la sentencia.

Aunque entre estas obras complementarias se encuentran también el nuevo acceso de Janer a la CA-33 y la construcción de un aparcamiento disuasorio en La Magdalena, Loaiza se refería especialmente a la terminación y urbanización de las calles transversales a Real, muchas de las cuales están en un lamentable estado desde los comienzos mismos de la obra.

"La paralización de las obras del tranvía no puede perjudicar más a esta ciudad y las obras paralelas de las calles perpendiculares se tienen que hacer", dijo el presidente provincial del Partido Popular, que expresó su temor a que la suspensión de los trabajos deje en el aire la adecuación definitiva de todas estas calles del centro de San Fernando. "Vamos a solicitar por ello que se inicien todas las posibilidades de acciones jurídicas para pedir que se levante la suspensión cautelar de las obras del tranvía que sí necesita esta ciudad", insistió. "Entendemos que desde el Juzgado no se pondrá ninguna pega a que estas obras, que son complementarias, se lleven a cabo".

Loaiza, además, aludió a la gran responsabilidad que el PSOE tiene en la difícil situación de las obras del tranvía en La Isla y recordó que la consejera, en una reciente comparecencia parlamentaria solicitada para explicar la sentencia del TSJA, negó rotundamente que la resolución judicial fuera a afectar a la marcha de las obras.

"Está claro que la consejera mentía", dijo. "Ahora tendrá que dar explicaciones y San Fernando no puede sufrir más por la incompetencia, ineficacia y prepotencia de la Consejería y de la consejera de Obras Públicas".

Por otro lado, los comerciantes, hosteleros y propietarios afectados por las expropiaciones de la zona de Montañeses de la Isla continuaban ayer a la espera de un gesto por parte de la Junta de Andalucía. Aguardan las anheladas negociaciones. De no llegar, en las próximas semanas seguirán adelante con la vía judicial e instarán al TSJA a que, efectivamente, ordene la suspensión de las obras en la calle Real. El recurso de reposición interpuesto por Obras Públicas puede quedar resuelto en poco tiempo, según la estimación que realizó el abogado de los afectados, José Antonio Gamero.

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