Mañana arranca el juicio a los 19 acusados por la 'Operación Halcón'

Mañana martes la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Jerez, juzgará el caso de la 'Operación Halcón', el mismo que ha sido entendido como la segunda parte de la 'Operación Karlos' que deparó el encarcelamiento de Carlos Carretero, que fuera jefe de la Policía Local de Ubrique, que se dedicaba a buscar prestaciones de todo tipo a personas que se lo encargaban.

Las palabras facturas serán, a buen seguro, las más pronunciadas durante el proceso que sentará en el banquillo de los acusados a 19 personas. Pese a todo se espera que un buen grupo de los mismos, en torno a la decena, se conformen con las penas que solicite contra ellos el ministerio fiscal siempre y cuando éstas no supongan el ingreso en prisión. Un hecho especialmente destacable es que toda la labor del ministerio público ha sido realizada por el fiscal jefe de Jerez, Francisco García Cantero.

Según la Fiscalía, el acusado Carlos Carretero ideó entre los años 1999 y 2000 la creación de una estructura societaria y testaferros con el objetivo de beneficiarse ilícitamente, aprovechando las dificultades que las empresas de la economía sumergida padecen para vender sus productos, y sobre todo para que aquellas legales que les compraban productos sin poder justificar tales compras ni compensar el IVA, así como aprovechar dichos pagos para reducir indebidamente los pagos del Impuesto de Sociedades.

Para llevar a cabo todo lo ideado, el ministerio fiscal considera que Carretero contó con la colaboración de su pareja de hecho, Elisa Isabel Calvente, que era la encargada de llevar la contabilidad del grupo y la confección de las facturas. Para ello contó con la ayuda de Salvador Macías, hombre de confianza de Carretero, y Mariano García.

Los testaferros eran tanto personas en mala situación económica como familiares y amigos de los principales procesados. Todos ellos eran pagados con "magras remuneraciones", apunta el fiscal, o con pensiones de la Seguridad Social para ellos o familiares.

Cabe destacar que en este caso se da también el caso de 'sociedades pantalla', cuya principal función era dificultar las posibles investigaciones. No en vano, se trataba de sociedades limitadas o comunidades de bienes o empresarios individuales que formalmente aparecían como empresas cumplidoras en sus obligaciones fiscales (dadas de alta y pagadoras religiosamente) que eran poseedoras de locales donde poder desarrollar su actividad mercantil. "No obstante .apunta el fiscal- la actividad de estas empresas sería ficticia en su casi totalidad y su verdadero cometido era vender facturas falsas que reflejasen operaciones comerciales inexistentes". Eran los hombres de confianza de Carretero quienes presuntamente las controlaban.

Finalmente, el entramado culminaba en las empresas finales, con actividad económica real, que mantenían relaciones comerciales con las clandestinas por lo que tenían interés en comprar facturas falsas para dejar de pagar a la Hacienda Pública el IVA y el Impuesto de Sociedades.

"A este último grupo pertenecen numerosas empresas, al principio radicadas en los términos municipales de Ubrique y Jerez, aunque luego se iría ampliando esta ilícita actividad a otros lugares".

Por todo ello, la Fiscalía pide contra Carlos Carretero y su pareja que se les condene por delitos continuados de falsedad en documento mercantil, así como por once delitos contra la Hacienda Pública y asociación ilícita. El resto de acusados también son acusados por idénticos delitos en su mayoría, aunque ninguno alcanza obviamente la suma de once delitos contra la Hacienda Pública.

Todo ello se resume en la solicitud de 36 años de cárcel para a Carretero y su pareja y el pago de una multa de 1,8 millones de euros.

En conjunto el ministerio público pide para los acusados un total de 109 años de prisión y el pago de 6,3 millones de euros en multas. El juicio durará tres semanas.