La Junta inicia el proceso de expropiación de dos viviendas en la provincia

La Consejería de Fomento y Vivienda inició ayer el procedimiento de expropiación temporal del uso de dos viviendas situadas en las localidades gaditanas de Sanlúcar y El Puerto en aplicación de la Ley 4/2013 de Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz el pasado 25 de septiembre.

Así lo recoge el anuncio publicado ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) por el que se somete a información pública el expediente "con carácter previo a la declaración de interés social de la cobertura de necesidad de vivienda y de la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios" conforme a dicha ley.

En ambos casos los afectados iniciaron los expedientes con la entrada en vigor del decreto-ley sobre la función social de la vivienda y quedaron en suspenso al admitir a trámite el Tribunal Constitucional el recurso presentado por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio.

En concreto, la de El Puerto se trata de una vivienda ubicada en el número 3 de la calle Costa de la Luz, con una superficie construida de 86 metros cuadrados, que había sido embargada por Unicaja. En el caso de Sanlúcar, la vivienda se localiza en el número 1 de la avenida San Francisco, con una superficie construida de 150 metros cuadrados, también embargada por Unicaja. Ambas viviendas estaban en procedimientos de ejecución hipotecaria instados por dicha entidad.

El delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Cádiz, Manuel Cárdenas, ha detallado que en sendos procesos los afectados son dos parejas en paro con dos hijos menores de edad a su cargo, respectivamente. Los miembros de la familia de Sanlúcar están en paro y sin cobrar ningún tipo de subsidio. Los de El Puerto reciben la ayuda de 426 euros mensuales.

A partir de ahora se abre un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la última publicación que se efectúe en BOJA y en diarios de mayor circulación, al objeto de que los titulares y demás interesados "puedan presentar las correspondientes reclamaciones y sugerencias".

El siguiente paso de este expediente (una vez completada la tramitación y estudiadas las alegaciones) será ir a Consejo de Gobierno. La culminación del expediente asegura a los ocupantes un techo bajo el que vivir en alquiler social durante tres años en los que las familias pagarán el 25% de sus ingresos familiares y nunca más de 130 euros al mes.

Con estas dos viviendas en la provincia de Cádiz son ya una docena las sometidas a este proceso en toda Andalucía desde la aprobación de la ley junto a otras tres en la provincia de Málaga, en la capital, Torremolinos y Vélez-Málaga; tres más en la provincia de Almería, en Roquetas de Mar y Balerma; otras dos en la provincia de Granada, en Motril y Húetor Vega; una en la provincia de Sevilla en San Juan de Aznalfarache; y una en Huelva capital.

De otro lado, según datos facilitados por la Consejería de Fomento y Vivienda, en Andalucía se ha culminado una expropiación temporal del uso de vivienda en Huelva capital y hay otras 24 expropiaciones temporales publicadas en BOJA, nueve de ellas en Málaga; cuatro en Granada; cuatro en Sevilla; tres en Cádiz (estas dos más una vivienda en San Roque) tres en Almería; y una en Huelva.