"Jerez debe 4,1 millones a Las Calandrias y no se le cierra la planta"

Los ayuntamientos de Jerez y El Puerto comenzaron ayer, de manera oficial, la negociación para la revisión de las tarifas por el uso de la planta de tratamiento de residuos urbanos de Las Calandrias. No obstante, a este encuentro no acudieron los representantes del resto de municipios que utilizan las instalaciones situadas en el paraje de la Finca Bolaños ya que, según la concejala de Medio Ambiente del Consistorio portuense, Blanca Merino, no habían sido convocados por el cabildo jerezano, propietario de este enclave. Sí estuvo presente una representación de la UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada por Sufi y Verinsur, que gestionan la planta en régimen de concesión.

La reunión sirvió para constituir la comisión de seguimiento, un órgano que, tal y como establece el convenio que suscribieron Jerez y El Puerto en 2008, debe fijar los precios por el tratamiento de los residuos. Por el momento, no se ha llegado a algún tipo de acuerdo (la empresa concesionaria reclama desde el año pasado un incremento) aunque el Ayuntamiento portuense ha presentado diversas estimaciones sobre los costes del servicio que ahora serán analizados por el resto de partes.

Eso sí, el Gobierno local procederá hoy a dar cumplimiento a una de las exigencias de la UTE de Las Calandrias. Así, hoy se aprobará en la Junta de Gobierno Local el aumento de los precios en función del IPC acumulado durante los últimos tres años. No obstante, el dúo Sufi y Verinsur reclama un incremento mayor para cubrir los gastos generados por una serie de mejoras laborales que se acordaron tiempo atrás con los trabajadores de la planta.

Tras la reunión con el Ayuntamiento de Jerez, el Gobierno local se pronunció sobre las declaraciones realizadas por los responsables de la empresa concesionaria de la planta el pasado miércoles. Sufi y Verinsur aseguraron entonces que se adoptó esta drástica decisión debido a los impagos municipales puesto que el contrato suscrito en 2008 permite adoptar esta medida si el Consistorio adeuda tres facturas seguidas (se presentan cada mes) o seis a lo largo de un año.

En el momento en el que se cerró la planta a los residuos de El Puerto (que provocó que no se pudiera recoger la basura en la ciudad durante una semana ya que no había un espacio para depositarla), el Consistorio debía las mensualidades de mayo, junio y julio. Finalmente, se abonó la de mayo en plena controversia con la concesionaria pero no fue hasta tres días después de producirse el abono cuando se reabrió la planta. Teniendo en cuenta esto último, la edil del Área Económica, Leocadia Benavente, rebatió el argumento dado por la UTE. Así dijo: "De ser así, en el mismo momento en el que el Ayuntamiento abonó la última factura a la UTE se tendrían que haber abierto las puertas de la planta a los camiones de El Puerto". "Si ese fuera realmente el problema para que la UTE cerrara la planta", agregó en un comunicado, "¿por qué no cerraron mucho antes a los camiones de Jerez, cuya empresa de aguas adeuda, según sus propios datos recogidos en el plan de viabilidad del Ayuntamiento de Jerez, 4,1 millones de euros, una cifra sin duda mayor que la que podría adeudar el Ayuntamiento de El Puerto". Por ello, la edil sostuvo que lo que motivó a Sufi y Verinsur a actuar de ese modo fue un intento de presión para que el Consistorio portuense aceptara la propuesta de incremento de tarifas que plantea desde el año pasado.