La Fiscalía de Cádiz pide la inmediata excarcelación de Rafael Ricardi Robles

12 años y ocho meses después de estar encarcelado, más de ocho años después de que un informe del Instituto Nacional de Toxicología excluyera su ADN y más de tres meses después de anunciar en rueda de prensa la Policía Nacional que había habido un error y que era inocente, por fin se ha dado el paso fundamental para que Rafael Ricardi Robles pueda recobrar la libertad al implicarse la Justicia en el asunto.

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía de Cádiz, a cuyo frente está la fiscal jefe Ángeles Ayuso, anunció ayer que ha iniciado los trámites para solicitar la "inmediata" puesta en libertad de Rafael Ricardi, preso desde el año 1995 tras ser condenado por una violación que ahora se sabe ya con todos los parabienes que él no cometió, que fueron otros: precisamente los dos jerezanos a los que la Policía apunta desde principios de abril, Fernando P. y Juan B., ambos con un amplio historial delictivo.

La Fiscalía, que hasta ahora se había mostrado muy remisa y que incluso llegó a tildar de "opinión" la tesis policial, anuncia ahora que hay nuevas pruebas que esta vez sí exculpan por completo al portuense. Al encarcelado al que acaban de trasladar de nuevo a la cárcel de Topas .

Fue el lunes, la misma jornada en la que Ricardi era llevado a la cárcel salmantina, cuando se recibió en Fiscalía un informe del Instituto Nacional de Toxicología (INT) que "descarta la participación de Ricardi en el hecho delictivo por el que fue condenado".

Eran unas nuevas pruebas que requirió el Ministerio Público gaditano de algunas muestras que quedaban guardadas y que fueron descartadas al no poder encontrarse nada con los procedimientos de entonces. Se trata de recortes de ropa de la víctima de los que se ha podido extraer ahora restos biológicos que permiten identificar como autores de la violación a dos hombres, y ninguno de ellos es Ricardi. Sí se ha confirmado que uno es Fernando P., el mismo cuyo ADN sí se ha hallado en las muestras iniciales de la violación, y todo apunta a que el otro es de Juan B. El alto y el bajo, como describían las víctimas a los asaltantes que cometieron al menos diez violaciones (sólo se puso denuncia en nueve) entre 1995 y 2000. No hay que olvidar además que desde abril al bajo como Ricardi, Fernando, por el ADN se le han podido imputar cuatro violaciones, entre ellas, la que pena Ricardi, y al alto, Juan, otra. Parece que hay muestras ya para incriminar a este último en otro caso. Y además, la Fiscalía va a pedir ahora estas nuevas pruebas de muestras desechadas de los restantes casos , para ver si ya por fin se puede esclarecer este escabroso asunto de la oleada de violaciones que arrancó 13 años atrás.

Desde Fiscalía se ha insistido en que hasta que no han llegado estas pruebas, no había nada firme para exculpar a Ricardi porque la víctima lo había identificado (según su abogada, con irregularidades) y porque en las muestras primeras sólo había un ADN,. Pero lo cierto es que la revisión se podía haber hecho antes, en el 2000, cuando se realizó otro examen con nuevas técnicas, concluyendo que no había células de Ricardi y extrayendo un perfil genético de varón que se pudo identificar en ese momento.

En este caso, el organismo que dirige Ayuso se apresura a recalcar que, tras darse traslado de ese informe exculpatorio del 2000 al Ministerio Fiscal y a la defensa de Ricardi, ninguna de las dos partes solicitó nada. Hay que reseñar, sin embargo, que el abogado que defendió de oficio a Ricardi, el letrado Miguel Fernández Melero, dijo a este diario que desconocía ese informe. Además, aclaró que acabó su labor tras defenderlo en el juicio y anunciar el recurso en casación, asumiendo otro letrado la presentación de ese procedimiento ante el Supremo, que lo rechazó. Durante años, nadie se ha encargado de la defensa del portuense, que no ha sido asumida hasta ahora, al salir a la luz pública su caso, por la abogada Antonia Alba, de Derechos Humanos, de forma gratuita. Y esta letrada aseguró a este diario que el encarcelado desconocía por completo dicho informe.

En la documentación del caso, consta un auto en el que se dice que se dé traslado a la defensa de ese informe, fechado en octubre del 2000, pero no parece que haya un acuse de recibo que certifique que se dio ese traslado.

Han pasado ocho años más y Ricardi sigue en la cárcel. Muchos tendrán que dar explicaciones. La abogada del portuense, que se enteró por este diario de la decisión de Fiscalía, ya ha anunciado que seguirá adelante con todas las consecuencias. Pero Ricardi sigue en la cárcel. Ahora, tras la petición desde Cádiz, la Fiscalía General del Estado ha requerido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Salamanca la libertad condicional así como la concesión del tercer grado. En paralelo, se elabora el recurso de revisión ante el Supremo para que anule la sentencia.

La defensa de Ricardi, el pasado mes de junio, notificó a la Audiencia su intención de recurrir al Supremo. Hasta más de dos semanas después, no les han dicho que deben dirigirse directamente al Supremo. Otra dilación más.