Un total de 403 empresas de la provincia de Cádiz quebraron a lo largo del pasado año 2009 sin tener tan siquiera la oportunidad de declararse en concurso de acreedores. Así se desprende del último informe publicado por Detectys, corporación europea en investigación para la recuperación de créditos, formada por más de 200 detectives de toda España.

Dichos datos reflejan que la provincia de Cádiz, sibien no fue la que obtuvo peores resultados globales en quiebra de empresas durante 2009 (la superan Granada, Málaga y Sevilla), sí fue, con diferencia, la que mayor aumento experimentó sobre el año 2008. De esta forma, en ese ejercicio quebraron en la provincia, según Detectys, 119 negocios, con lo que la diferencia porcentual con 2009 fue del 238%. La provincia andaluza que más se acerca a Cádiz, en este sentido, es Jaén, con un aumento del 102% en 2009 sobre 2008. Sin embargo, en la provincia jiennense cerraron el pasado ejercicio 95 negocios. El informe de Detectys también refleja los datos de 2007. Ese año, en la provincia de Cádiz quebraron 107 empresas, con lo en 2008 se experimentó una subida del 11,2%.

Este dato dista mucho de las cifras oficiales publicadas el pasado febrero por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los procedimientos concursales declarados por las empresas gaditanas. Según esos datos, a lo largo de 2009 se declararon en quiebra en los juzgados gaditanos 87 negocios. Casi cinco veces menos. La proporción se mantiene al comparar los datos nacionales. En toda España, según Detectys, las empresas en quiebra fueron 25.273, cuando las cifras del INE hablan de 5.922 negocios declarados en concurso en 2009.

En un comunicado, esta empresa precisó que en estos datos quedan recogidas aquellas empresas que han quebrado sin declararse en concurso de acreedores, "en la mayoría de los casos por no tener la liquidez suficiente para afrontar los gastos que supone hacerlo, esto es, servicios jurídicos y remanente para pagos a los administradores judiciales". En la actualidad, añadió Detectys, el 43% de los morosos son autónomos y empresarios, otro 41% son personas en paro o sin actividad laboral, mientras que el 16% restante son trabajadores por cuenta ajena o funcionarios.