La diputada provincial de Igualdad, Carmen Collado, ha celebrado una reunión telemática con la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent, Rocío Benítez García, y se ha comprometido a evaluar mecanismos para ampliar la colaboración de la Diputación con esta asociación y dar respuesta a las necesidades agravadas durante la pandemia, cuando se ha detectado un aumento de las necesidades de las víctimas de violencia de género y otros colectivos en riesgo de exclusión. 

El encuentro se ha llevado a cabo para hacer seguimiento del convenio que Diputación mantiene con esta entidad, a través del proyecto 'Gabinete de atención integral para víctimas de violencia de género u otras personas en grave situación de exclusión social' y conocer qué incidencia ha tenido la crisis sanitaria mundial en su funcionamiento, según ha detallado la Diputación en una nota. 

En este sentido, la asociación ha detectado cómo se ha producido durante la pandemia un importante aumento de las necesidades de las personas a las que atiende, que incluye a víctimas de violencia de género y otros colectivos en riesgo de exclusión, como mujeres extranjeras con pocos recursos, a quienes se atiende con la intervención de mediadoras interculturales desde una perspectiva interdisciplinar. 

Así, la presidenta de la Asociación, Rocío Benítez, ha sugerido la necesidad de aumentar el grado de especialización del personal a la hora del diseño personalizado de las intervenciones, debido a la gran variedad de casos que se han ido generando. 

Son especialmente sensibles los de personas en situación de estancia irregular en nuestro país o con tarjeta de residencia obtenida por reagrupación familiar, que son reticentes a acudir a las autoridades por temor a romper el vínculo con la persona de la que entienden depende su estancia; o las víctimas de tráfico y trata de personas, que no siempre disponen de los recursos para afrontar el proceso de denuncia. 

La Asociación de Mujeres Progresistas 'Victoria Kent' inició su trabajo de acción social en 1991. Desde entonces, la entidad ha dirigido su intervención hacia la defensa de los colectivos más afectados por la exclusión social. 

Entre ellos, se encuentran las víctimas de violencia de género, mujeres en situación de vulnerabilidad social, población inmigrante, población reclusa, menores, personas afectadas por el VIH/Sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Su área preferente de atención se sitúa en el Campo de Gibraltar, aunque cubre también toda la provincia de Cádiz.