El año 2014 finalizó en la provincia con un total de 3.547 certificaciones por ejecución hipotecaria iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad, tanto en fincas rústicas como urbanas. Así consta en los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del total de certificaciones hipotecarias (embargos por impago de hipotecas), 2.034 se efectuaron sobre viviendas (un 57%). Otras 1.141 ejecuciones se realizaron sobre otro tipo de fincas urbanas (locales, etc.). Además, la estadística conocida ayer indica que 162 actuaciones de este tipo de hicieron sobre fincas rústicas y otras 210 sobre solares en fincas urbanas.

El dato que se refiere a las viviendas deja a la provincia en el puesto número 15 de toda España. Además, el INE detalló que más de la mitad, concretamente 1.187, se correspondieron con vivienda usada, mientras que 847 eran viviendas usadas. También reflejó el dato conocido ayer que 945 del total de ejecuciones sobre viviendas tenían como titular a una persona física, mientras que el resto, 1.089, eran de una persona jurídica.

Como el INE no ofreció datos provincializados sobre años anteriores, la mejor referencia es el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondiente a este mismo asunto, y que llega hasta el tercer trimestre de 2014.

Así, según esos datos, la provincia de Cádiz tuvo en los nueve primeros meses del pasado año un total de 1.748 ejecuciones hipotecarias, mientras que en el mismo periodo de 2013 (de enero a septiembre), fueron 1.645. Eso supone un aumento del 6,2%.

El informe del CGPJ también incluye datos del siguiente paso, como son los lanzamientos o desahucios. Así, en el mismo periodo analizado (los tres trimestres de cada año), la provincia de Cádiz tuvo el pasado ejercicio un total de 1.551 casos, lo que supone que del total de ejecuciones hipotecarias practicadas, finalmente no hubo desahucio en 197 casos (un 11,2%). Sin embargo, entre enero y septiembre de 2013, se produjeron 1.350 lanzamientos en la provincia, 295 menos de las ejecuciones practicadas (un 28% del total).

Por último, ayer también se conoció otro dato, el de la morosidad en los arrendamientos urbanos, que aumentó un 14,93% en Andalucía a lo largo del año 2014, según el estudio FIM elaborado por Alquiler Seguro. Así, como indicó ese informe, el mayor aumento lo registraron las provincias de Córdoba, con un 21,65%, y Málaga, con un 21,45%. Las provincias andaluzas con un menor incremento de la morosidad fueron Cádiz, con un 6,54, y Granada, con un 8,74 %.

Tomando como referencia las inscripciones que ha tenido el Fichero FIM en este periodo para Andalucía, la comunidad se sitúa tres puntos porcentuales por encima de la media nacional, que registra un incremento del 11,91%.