Probablemente, muchos ciudadanos no sepan qué es o, mejor, qué fue el CTI. Ubicado en el polígono industrial de Fadricas, en San Fernando, este complejo de naves industriales fue utilizado por la Junta de Andalucía para crear el Centro de Formación de Técnicas Industriales. Para ponerlo en marcha se creó un consorcio en el que participaban dos administraciones: la autonómica y la local, el Ayuntamiento de San Fernando.

Desde 2011, este centro formativo recibió elogios de todas las partes, por cuanto por él pasaron innumerables jóvenes de toda la provincia para desarrollar cursos que los encaminaban a una profesión relacionada con el sector industrial, naval o aeronáutico. Era, como lo denomina el responsable de la empresa propietaria de las instalaciones, una "universidad industrial, algo que nunca se ha hecho más en la provincia".

Hasta que la Junta anunció su disolución (más allá de sospechas judiciales de que su cierre pueda obedecer a intereses más oscuros), todo había funcionado más o menos bien. Pero lo que no se conocía era que las instalaciones donde se ubicaba el CTI tenían un dueño: una empresa familiar propietaria de estas naves, y que era este negocio el que tenía alquiladas dichas naves primero a la Faffe desde 1997 y luego al Consorcio del CTI desde 2011.

Este periódico ha contactado con representantes de esta empresa, que han puesto de manifiesto dos hechos de gravedad que quieren denunciar: por un lado, el impago por parte de la Junta de Andalucía de casi dos años de alquiler y otros pagos asimilados, hasta sumar 422.000 euros; y, en segundo lugar, el estado de abandono que sufren las instalaciones y todo el material que se ha usado en los cursos que aún permanece en su interior. En una primera estimación, los responsables de las naves del CTI calculan que ese material puede tener un valor que ronde los dos millones de euros y, además, siguen en perfecto estado, abandonados y sin que, al parecer, haya intención alguna por parte de la Junta de volver a utilizarlos.

Ambas cuestiones tienen aún más complejidades. Como relató a este periódico la familia responsable de la empresa que alquilaba las naves, la relación con la Junta data del año 1997, cuando se firmó el primitivo contrato de alquiler, y todo había funcionado bien. Hasta el punto de que, incluso, tras el alquiler de una primera nave, la Administración solicitó a esta empresa la posibilidad de comprar nuevos módulos. Así lo hicieron, adquiriendo una nave contigua, uniendo ambas y llegando a tener en total unos 4.400 metros cuadrados.

Pero llegó el verano de 2012. En ese momento comienzan a comprobar que la situación de impagos por parte de la Administración autonómica se vuelve acuciante para sus intereses, siendo cada vez más continuos los retrasos en el pago. Ante sus requerimientos, la respuesta de la Junta fue que se iban a producir cambios y que ya no formaría parte del consorcio la Consejería de Empleo, sino la de Educación, y que los retrasos se debían al cambio de delegado y otros trámites burocráticos o políticos. Intentaron entonces un acercamiento con Educación pero, afirman, solo recibieron excusas "para seguir sin cumplir con los pagos".

Recuerdan que la Administración, en ocasiones, abonaba dos o tres meses juntos, hasta que cortaron todos los pagos. La última vez que la empresa propietaria ha recibido un pago de la Junta fue en marzo de este año y se corresponde, según ellos, con diciembre de 2012. Afirman que se les adeuda, en concepto de alquiler, todo 2013 y lo que va de 2014. Es así porque, como explican, el centro cerró en mayo, pero la Junta sigue teniendo las instalaciones ocupadas, consideran que el contrato está en vigor porque nadie ha pedido la resolución del mismo, que vencía el 31 de julio. Pero para darlo por extinguido, debía ser denunciado por las partes, algo que no ha ocurrido y, así, entienden que quedó, como en años anteriores, automáticamente prorrogado.

Llegados a este punto, la familia propietaria de las naves interpuso una demanda contra la Junta en abril de este año, en un Juzgado de San Fernando, pero ni tan siquiera han recibido aún comunicación de que haya sido admitida a trámite. En total, por conceptos de alquiler y de comunidad, la familia reclama más de 422.000 euros por las rentas solicitadas hasta la interposición de la demanda y otros conceptos, y por las que han ido venciendo hasta ahora.

Fue solo varios días antes de presentar esta demanda cuando llegó hasta la empresa una carta de la Consejería de Educación en la que se dice lo siguiente: "Mediante el presente escrito se le comunica que con fecha 1 de abril de 2014, la Junta de Andalucía se ha desvinculado del Consorcio del CTI de San Fernando, y en consecuencia ya no forma parte del mismo. Por tanto, teniendo en cuenta el contrato de alquiler suscrito entre el Consorcio y la sociedad, se le informa que cualquier deuda que genere el citado Consorcio a partir del 1 de abril de 2014 en concepto de alquiler de las naves ya no está respaldada por la Administración autonómica". Firma la delegada territorial de Educación, Cristina Saucedo.

No es la última carta que recibe esta familia de la Junta. Semanas después, los propietarios de las naves del CTI son alertados de desperfectos ocasionados por un temporal de fuerte viento. No tienen las llaves del edificio pero ya no queda nadie de la Junta ni del Consorcio en su interior. Tienen que avisar a los bomberos. Al comunicar este extremo vía correo electrónico, la respuesta que recibe la empresa es una nueva carta de Educación que llega a través de un mensajero, junto con las llaves del centro de formación. En esa misiva, la Junta reitera que está desvinculada de dicho Consorcio desde el 2 de abril, "y quedando el mismo en exclusiva responsabilidad del Ayuntamiento de San Fernando. Esta Administración tiene a su disposición en las dependencias de esta Delegación Territorial el juego completo de llaves de la sede del CTI que el Ayuntamiento se negó a recepcionar el 11 de abril de 2014. Asimismo, aprovechamos la ocasión para proceder a la devolución del juego completo de llaves de las instalaciones de su propiedad en las que se ubica el CTI, todo ello sin perjuicio de que antes de hacer uso de las mismas lo ponga en conocimiento de la Administración responsable del citado Consorcio, que en la actualidad es el Ayuntamiento de San Fernando". En este caso, firma la jefa de servicio de Formación para el Empleo de la Junta.

A raíz de esto, la incredulidad de la familia es absoluta. Se preguntan cómo puede la Junta decir que abandona el Consorcio unilateralmente, cuando además, según explican, en el Ayuntamiento de San Fernando tampoco se hacen responsables del problema porque, según el escrito que también les remitió a comienzos de mayo, "el Ayuntamiento se ha desvinculado del Consorcio CTI, tal como ha hecho la Junta". Insisten en que no se ha producido la liquidación de dicho Consorcio, que sigue siendo un organismo con personalidad jurídica. Por ello, desde su empresa siguen mandando todos los meses un burofax a Junta y Ayuntamiento con copias de las facturas de alquiler que van venciendo.

Además, la familia propietaria teme que su denuncia no llegue a ningún lado, toda vez que el Consistorio isleño anunció que interponía otra demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Cádiz contra la Junta por hacer responsable de este asunto al Ayuntamiento isleño.

Así las cosas, la familia propietaria se encuentra sin los pagos reclamados, con un proceso judicial con dos vías y ambas sin iniciar y, aún peor, con las llaves de un edificio repleto de maquinaria que se compró con dinero público para distintos cursos formativos impartidos por la Junta. Es más, han tenido que contratar seguridad privada para que no sufran desperfectos y asegurar las instalaciones y todo lo que allí ha quedado.

Entre ese material, como ha expuesto la empresa, hay cabinas de soldadura, mesas de oxicorte, zona de trabajo de tuberías y de armadores-montadores de grada, mesas de trabajo de la sección aeronáutica, zona para cursos de aluminio. Y algo que consideran aún peor: carpetas y carpetas de documentación, incluidos datos personales, de las actividades realizadas allí en los últimos años. El interior ha quedado como si, de pronto, todos hubieran tenido que salir huyendo, a la fuga, y nadie quiere hacerse responsable.