Más allá del amplio rechazo político que suscitó el cierre del Centro de Técnicas Industriales (CTI) de San Fernando, considerado durante años como un auténtico referente en la formación de profesionales vinculados a los sectores industrial, naval y aeronáutico, la rocambolesca historia que acompaña su liquidación ha derivado en un tenso enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento isleño, que ha terminado por emprender acciones legales para impugnar el proceso.

El Gobierno municipal de San Fernando, en manos del PP, persigue por la vía legal la nulidad del procedimiento por el que la Administración andaluza, en el pasado mes de abril, se desvinculó del consorcio que dirigía estas instalaciones dejando inevitablemente en manos del Consistorio -el otro miembro del órgano gestor- todo el peso de la liquidación del centro de formación.

La Consejería de Educación, recuerdan desde el Ayuntamiento, se separó del consorcio del CTI en una reunión de la junta rectora en la que no estaba presente ningún representante municipal. Previamente, se había solicitado desde La Isla un aplazamiento de la sesión que fue ignorado. Tampoco se incluyó en el orden del día la petición del Consistorio para formalizar su separación de esta entidad jurídica del mismo modo que pensaba hacerlo la Junta de Andalucía. Desde el Gobierno local, previamente, se había solicitado sin éxito alguno la realización de una auditoría externa que avalara el proceso de disolución del consorcio. Como miembro del órgano gestor, desde el Ayuntamiento también se habían requerido las cuentas actualizadas del CTI antes de abordar su liquidación. Se quería saber con exactitud a cuánto ascendía la deuda del centro de formación antes de echar definitivamente el cierre. No se recibió ninguna información.

"Todo lo relacionado con la disolución del consorcio del CTI me huele mal", llegó a reconocer el propio alcalde y presidente de la Diputación Provincial, José Loaiza, en el transcurso de una rueda de prensa en la que aludió a las irregularidades del proceso y tildó de "incomprensible" que desde la Junta de Andalucía no se facilitara la documentación exigida para abordar con garantías el proceso.

El portavoz municipal del PP y delegado de Presidencia, Daniel Nieto, llegó también a referirse a lo acontecido como la "espantá" de la Junta de Andalucía al insistir en estas mismas sospechas.

Al Ayuntamiento, reconoció el regidor, están llegando todas las facturas del CTI al quedarse como único miembro del consorcio. El Consistorio está entre la espada y la pared y se niega a hacer frente a estas cantidades. Por otro lado, en los informes elaborados por los servicios jurídicos municipales se asegura que el alcalde carece de competencias para afrontar por sí solo la disolución del consorcio del CTI, además de la anomalía jurídica que supone la existencia de un consorcio con un solo miembro que por otro lado se señala. Para San Fernando, la única salida que le ha quedado es abordar la nulidad del proceso por la vía legal sobre la base de las irregularidades detectadas.

Mientras el recurso prospera, al Ayuntamiento de San Fernando van llegando facturas y requerimientos relativos a la liquidación del CTI. Uno de los más comprometedores que ha recibido trascendió en el pasado mes de junio, cuando se conoció que la Dirección Especial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social había solicitado al Ayuntamiento como único miembro del consorcio que aportara toda la documentación relativa al alquiler de las instalaciones del CTI -en la calle Chapistas del polígono industrial de Fadricas- para la realización de cursos de formación dirigidos a los ex trabajadores de Delphi. El Ayuntamiento asegura que ni tiene documentación ni sabe a qué cursos se refiere la investigación emprendida por Trabajo. El PP, esta semana, ha insistido en denunciar las irregularidades del CTI.