–Estamos inmersos en un panorama internacional bastante convulso. Empecemos por el cambio de posicionamiento de España respecto al Sáhara Occidental. ¿A qué responde este giro?

–Pues la verdad es que no se conoce muy bien la motivación de este cambio. Se trata de una de las decisiones estratégicas más importantes adoptadas en la política exterior de la democracia, pero ha sido decidida de forma opaca mediante un acto de Estado no habitual, una carta del presidente español al rey de Marruecos, de la que además nos hemos enterado por la Casa Real marroquí. Todos los datos apuntan a que la importantísima decisión se ha tomado sin consultar a la oposición ni a las instituciones y organismos del Estado. No ha pasado por Cortes y no parece que responda a un plan estratégico diseñado y acordado previamente.

Con el Sáhara tenemos una especial responsabilidad, ya que formal y legalmente somos la potencia administradora del territorio. Salimos en 1976 para evitar una guerra con Marruecos y tener una transición pacífica en nuestro país, pero el precio a pagar fue que dejamos a los entonces compatriotas saharauis a merced de la ocupación militar de Marruecos y Mauritania, sin celebrar el referendo que prometimos, a ellos y Naciones Unidas. Desde entonces hemos mantenido una posición más o menos neutral, de apoyo a la ONU en la búsqueda de un acuerdo entre la República Saharaui y Marruecos. Hasta este cambio radical de marzo en la posición española, contrario al Derecho Internacional, como se ha destacado en el marco de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

El tema es muy relevante porque el cambio de posición de España en favor de Marruecos incumple con el marco jurídico establecido por Naciones Unidas, que reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui con un referendo, y para eso se creó una misión de cascos azules que aún está en el Sáhara. Pero Marruecos incumplió este marco en 2007 al rechazar el referendo acordado y plantear únicamente la integración en el Estado marroquí, lo que ahora España apoya, con una fórmula regional de la que se desconocen los detalles, pero que en cualquier caso será mucho más reducida que el modelo de comunidad autónoma española.

–En diciembre de 2020 se produjo un punto de inflexión, tras reconocer Trump la soberanía de Marruecos sobre el Sahara solo un mes antes de pasar el testigo al demócrata Biden. ¿Qué consecuencias trajo?

–Esa decisión del presidente Trump, a punto de dejar la Casa Blanca, ha disparado los acontecimientos en la zona. Recordemos que fue a cambio de que Marruecos reconociera a Israel, que ahora colabora intensamente con Marruecos. Con este apoyo de Estados Unidos, Marruecos ha exigido a otros Estados que sigan esta senda, provocando una crisis con Alemania y con España, y ambos Estados han venido a apoyar la fórmula de que la integración del Sahara en Marruecos como región es base seria y realista para la resolución del conflicto.

Hay que tener en cuenta que el Sahara es un territorio internacionalizado y que no forma parte de del Reino de Marruecos, como ha afirmado la jurisprudencia europea e internacional reiteradamente. Pero Marruecos sabe que el tiempo corre a su favor, y que, aunque la República Saharaui haya reactivado allí una guerra de bajo perfil, estos apoyos expresos de Estados Unidos, Alemania, el habitual de Francia y ahora España, pueden ser decisivos para hacer olvidar el referendo y la autodeterminación. Y con la integración del Sáhara puede acabar convirtiéndose en una auténtica potencia regional en la zona.

La especial responsabilidad internacional de España y su cambio ahora con el Sáhara significa mucho para Marruecos, ya que puede hacer valer ante Estados europeos, latinoamericanos o africanos, por ejemplo, que la antigua metrópoli apoya que el territorio saharaui se integre en Marruecos bajo su soberanía. Lo extraño es que el Gobierno mantenga que no ha habido ningún cambio en la posición española, cuando absolutamente todos los actores, dentro y fuera de España, lo han percibido como un cambio radical, y también inesperado.

–La ola migratoria de 2021 hacia Ceuta como arma de presión marroquí aún se deja sentir en la ciudad autónoma. ¿Fueron o son los menores desplazados los grandes perjudicados?

–Sí, el eslabón más débil son siempre los menores. En este caso hubo una clara intencionalidad de Marruecos de utilizar a la inmigración, a sus propios nacionales, aproximadamente 10.000 personas, entre ellos 1.500 niños marroquíes, para desequilibrar la situación en Ceuta y agudizar la crisis con España.

Marruecos quería, como luego admitió, presionar a España para que variara su línea de política exterior respecto al Sahara. Se trató de una injerencia y una violación de los Tratados con España. Además Marruecos, con la condena del Parlamento Europeo por esta acción, quedó en una situación internacional muy delicada, especialmente en atención a la utilización de sus menores para migratoriamente presionar al Estado vecino.

Sin embargo, al cabo ha vencido en el pulso diplomático con España, ya que al año siguiente ha dado su apoyo a las pretensiones marroquíes con el Sáhara. En mitad del camino, ha quedado la situación de los menores marroquíes, muchos de los cuales están aún en Ceuta. Y nuestro país no ha procedido en todos los casos conforme a los procedimientos de protección legalmente previstos para cada menor, según ha determinado la justicia.

Esta es la diferencia entre un estado democrático y uno que no lo es, nosotros debemos respetar valores democráticos y principios y formas, interna y externamente, y Marruecos en este caso utilizó a su propia población como arma para conseguir sus intereses.

En la declaración común tras la visita del presidente Sánchez a Rabat el 7 de abril, hubo algunos puntos que España interpreta que son garantía de la integridad de Ceuta y Melilla y de no repetición de nuevas olas migratorias hacia las ciudades autónomas.  Pero me temo que no existen expresamente estos acuerdos formalmente por escrito, se trata de seguridades verbales, de interpretaciones que hace España.

"Parece que en Cádiz, como en Andalucía, vivimos sin hacer valer nuestra posición”

–El conflicto del Sáhara Occidental lleva enquistado más de cuatro décadas. Bajo su punto de vista, ¿cuál es la mejor solución?

–La situación es muy compleja y es un conflicto colonial enquistado en pleno 2022 en la sociedad internacional. No tiene fácil solución, y tanto el Polisario como Marruecos no han llegado a ningún acuerdo en este largo tiempo transcurrido. A mi juicio, por pensar teóricamente en alguna vía, habría que poner sobre la mesa la solución que más incomoda a todos y en la que todos pierden mucho y ganan mucho: la partición de territorio. La creación de un pequeño Estado costero saharaui entre Marruecos y Mauritania creo que podría pacificar la geopolítica en la zona. Pero sólo mencionar esta posibilidad ya es una gran herejía jurídica y política, aunque en mi opinión serviría también a los intereses estratégicos de España.

–El panorama geopolítico es crítico, vivimos un momento de crisis energética en el que Argelia, aliado saharaui, es socio para Europa en el marco de la guerra de Ucrania. ¿Qué perspectivas de futuro se barajan ante tales circunstancias?

–Me temo que la reacción de enfado de Argelia con España es una de las consecuencias no previstas de la decisión española sobre el Sahara. Esto va a tener efectos negativos a corto y medio plazo con España, y eso aunque estamos –desde un punto de vista geográfico y energético– en excelente posición hacia Europa. Pero no podemos ver más allá del muy corto plazo ahora, hay demasiadas variables desconocidas sobre la evolución de la situación, especialmente por el desarrollo y desenlace de la guerra Ucrania, que parece puede durar meses. A esto hay que añadir la rivalidad Marruecos-Argelia y el creciente papel de Rusia en Argelia y de Israel en Marruecos, que añade elementos de complicación geoestratégica en toda esta región del Mediterráneo y Atlántico.

–¿Cómo puede afectar toda esta situación a la provincia de Cádiz en concreto?

–Creo que Andalucía, y especialmente la provincia de Cádiz, tiene un auténtico hecho diferencial en España que nunca se ha hecho valer con los Gobiernos en Madrid: la situación geopolítica de la región en el área del Estrecho, vecina de Portugal y Marruecos, con la reclamación sobre las ciudades e islas de España en la costa africana. Esto tiene consecuencias en materia de pesca, inmigración, límites marítimos, tráfico en el Estrecho... Y también con la situación colonial de Gibraltar y la necesaria cooperación transfronteriza con este territorio bajo jurisdicción británica que, además, tras el Brexit va a cambiar su relación económica, social e institucional con el Campo de Gibraltar, Cádiz y Andalucía.

La provincia de Cádiz está en el centro neurálgico de esa posición geopolítica de Andalucía, decisiva para España y su política y acción exterior. En nuestro territorio tenemos bases militares navales, aéreas y de inteligencia de Estados Unidos y de Reino Unido, con tránsito incluido de submarinos de propulsión nuclear y con misiles nucleares. Cualquier crisis con Gibraltar o con Marruecos, tiene repercusiones económicas y migratorias directas en nuestra provincia. Pero parece que vivimos, tanto en Cádiz como en Andalucía, sin hacer valer nuestra posición y nuestro hecho diferencial internacional.