En el curso de las actuaciones inspectoras provocadas por la detección de incipientes parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable en el ámbito de El Palmar en el verano de 2019, se acordó por el secretario general de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana de la Junta el inicio de diversos procedimientos de protección de la legalidad urbanística. Esos procedimientos incluían órdenes de suspensión de las obras y cese de usos para evitar la consolidación de lo construido.

En las sucesivas visitas de inspección, se constató que esas órdenes habían sido sistemáticamente incumplidas y que en la práctica totalidad de las parcelas se estaban acelerando las obras, por lo que resultó imprescindible la ejecución de las medidas cautelares descritas: el precinto de las más de 60 edificaciones con citación de sus propietarios en el acto y con la asistencia de la Guardia Civil, la Policía Autonómica y el servicio de Endesa, que procedió de manera simultánea al corte de los suministros ilegales.

Este mes de septiembre se han comenzado a notificar las resoluciones de los procedimientos que ordenan demoler las edificaciones ilegales y zonas comunes ejecutadas en la parcelas. Estas resoluciones obligan asimismo a la reagrupación, por lo que, al declarar la Junta las actuaciones constitutivas de parcelación urbanística, ofrecen al particular la posibilidad de reclamar al parcelador por ser los contratos nulos del pleno derecho.

Dado que las infracciones urbanísticas en El Palmar tienen su origen en las ventas de porciones de terreno de una misma parcela a diferentes propietarios con absoluto desprecio a las más elementales normas, no solo urbanísticas sino de seguridad y salubridad, la Secretaría General ha tramitado ya los correspondientes expedientes sancionadores contra los parceladores que se han lucrado de estas ventas.

La cuantía inicial de la multas propuestas a todos los que se están beneficiando de las ventas ilegales rozan en su conjunto los dos millones de euros. No obstante todo lo anterior, y habida cuenta del incremento en la demanda de residencias en suelo no urbanizable, con motivo en la crisis sanitaria, se han girado nuevas visitas a El Palmar que evidencian una nueva reactivación de las infracciones, por lo que la Junta de Andalucía está iniciando una segunda remesa de procedimientos en orden a paralizar las obras nuevas que se están ejecutando al margen de la legalidad.