Jacob Zuma, candidato del CNA para los comicios presidenciales de abril del 2009, ha sido acusado de corrupción, fraude, blanqueo de dinero y chantaje, en relación con unos multimillonarios contratos armamentistas entre Sudáfrica y compañías francesas que consiguieron las adjudicaciones cuando él era vicepresidente del país.

Los abogados de Zuma insisten en que el caso debe ser anulado y alegan la Fiscalía Nacional no informó al político de que había cambiado de idea y pretendía procesarlo, tras haber declarado inicialmente que no pensaba hacerlo, lo que consideran contrario a la Constitución.

En agosto de 2003, mientras se preparaba el juicio por corrupción contra Shabir Shaik, ex asesor financiero de Zuma, el entonces Procurador General, Bulelani Ngcuka, dijo que tenía pruebas de que estaba involucrado, pero que la Fiscalía no lo procesaría pues no tenía posibilidades de ganar el caso.

Shaik fue condenado a quince años de cárcel por fraude y cohecho y durante su juicio se presentaron pruebas de que se beneficiaba de su relación con Zuma para sus negocios privados, mientras que éste obtenía de aquel ingresos adicionales para financiar un tren de vida que su sueldo de funcionario no le permitía.

El escándalo hizo que el presidente sudafricano, Thabo Mbeki, destituyera a Zuma de la Vicepresidencia el 14 de junio de 2005 y, seis días después la Fiscalía Nacional presentó cargos judiciales contra él.

En septiembre de 2006 el tribunal que juzgó a Zuma rechazó los cargos por defectos de forma, aunque dejó abierta la puerta para que fueran formulados de nuevo, lo cual sucedió en diciembre de 2007, después de que éste lograr la Presidencia del CNA, tras una dura campaña contra Mbeki.

El caso se remonta a 1999, cuando, según la Fiscalía, Zuma exigió, con la mediación de Shaik, 4 millones de rands (600.000 dólares de entonces) a la empresa francesa de armas Thales International (antes Thomson).

De ese modo se aseguraba a la compañía gala que no sería investigada por los sobornos que presuntamente había pagado para conseguir contratos armamentistas con el Gobierno sudafricano.

Las dos subsidiarias sudafricanas de Thales International, Thint Holdings (Southern Africa) Pty Ltd y Thint (Pty) Ltd, han sido acusadas conjuntamente con Zuma de chantaje y corrupción y el caso de las dos empresas ha sido pospuesto hasta el 8 de diciembre próximo.

La audiencia para decidir si el proceso de Zuma sigue adelante se reanudará este martes en el tribunal de Pietermaritszburg, capital de la provincia de Kuazulu-Natal, en el este de Sudáfrica, donde miles de personas se manifestan durante toda la jornada en respaldo del presidente del CNA.

El caso es el mayor obstáculo para que Zuma suceda a Mbeki como presidente de Sudáfrica. El líder del CNA rechaza tajantemente los cargos que le hace la Fiscalía, aunque ha indicado también que renunciará a cualquier cargo político o puesto público si es hallado culpable.

Según comentaristas locales, la estrategia de la defensa de Zuma es prolongar el juicio hasta más allá de las elecciones de abril de 2009, con el fin de que pasen las elecciones y haya un nuevo Gobierno, con toda probabilidad encabezado por éste, que eleve al Parlamento una reforma constitucional que conceda inmunidad al jefe del Estado.