Los obispos aplauden la regularización de migrantes y piden cauces "adecuados y suficientes" para llevarla a cabo

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha pedido a las administraciones públicas que "habiliten los cauces adecuados y suficientes" para que la regularización extraordinaria de migrantes, aprobada este martes en el Consejo de Ministros, "pueda vehicularse de la mejor manera posible y siempre al servicio de las personas migrantes".

"Desde el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española nos parece una muy buena noticia el inicio de un proceso para la regularización extraordinaria de personas migrantes", ha celebrado el obispo de Mondoñedo-Ferrol, monseñor García Cariñanos, en referencia a la medida aprobada por el Gobierno después de que el PSOE alcanzara un acuerdo con Podemos.

El responsable del Departamento de Migraciones de la CEE cree que "han sido muchas las conversaciones, los diálogos, los encuentros con los diversos actores políticos para llegar hasta aquí": "Nos llena de esperanza esta decisión".

"Por encima de intereses políticos, considero que sirve para poner luz y esperanza a la situación de muchas personas migrantes que se situaban en tantas ocasiones en la vulnerabilidad y al borde de la exclusión social", ha subrayado.

La Conferencia Episcopal Española considera que la regularización extraordinaria de migrantes "es un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de España aún a costa de mantenerles en situación irregular".

"Con esta medida pues van a poder tener cauces para una mayor integración en nuestra sociedad, que es el objetivo final de esta medida, y así podrán contribuir con todas sus fuerzas con todo su ser al bien de esta sociedad de acogida", ha aplaudido García Cariñanos.

"Un acto de justicia social"

En la misma línea, entidades de la Iglesia, como Cáritas, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (Redes) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer), han considerado que es "un acto de justicia social" la regularización extraordinaria.

Consideran esta medida como un acto de justicia social y reconocimiento a las personas migrantes "que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país aun a costa de mantenerles en situación irregular", explican en un comunicado conjunto.

Las entidades eclesiales destacan que la medida ha sido demandada por amplios sectores de la sociedad y que en un proceso participativo llegó a concitar a más de 900 organizaciones de toda índole y recabó más de 600.000 firmas para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Consideran que la regularización extraordinaria es un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería, al ofrecer respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias.

Explican que el reglamento deja fuera a numerosos colectivos vulnerables que acompañan cotidianamente, como las personas sin posibilidad de acreditar los dos años de permanencia exigidos, a menudo por pérdida de documentos en situaciones de precariedad o emergencia.

También, a los migrantes sin documentación, que no pueden acceder a la cédula de inscripción debido a trámites excesivamente rígidos, los que tienen difícil empleabilidad por edad, discapacidad, sinhogarismo o enfermedad crónica; o los trabajadores que no logran presentar un contrato formal previo debido a la lentitud de la administración.

Las entidades de la Iglesia alertan de que afecta además a las familias con niños en situación irregular que, aun cumpliendo requisitos, no podrán ser regularizadas, y a los solicitantes de protección internacional denegada, que quedan atrapados en largos periodos de irregularidad.

Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, casi nueve millones de personas migrantes viven en nuestro país. La situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social.

Los últimos datos publicados por Cáritas muestran que el 47 % de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas. Una cifra que no para de crecer desde 2019, alerta la entidad.